La presentación de un recibo de pago al sicariato, sería prueba irrefutable de que hubo una transacción

Por Emilia Cardoso-15 de abril de 2021

El crimen de Berta Cáceres aún sigue impune. El juicio contra Roberto David Castillo, acusado de ser co-autor intelectual del asesinato de la ambientalista hondureña y feminista Berta Cáceres, fue suspendido hasta nuevo aviso. La defensa del empresario, presidente de la empresa constructora DESA al momento del asesinato de Cáceres, y exmilitar de inteligencia de Honduras, presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de Honduras, que no dio lugar a la recusación, pero que hizo ganar tiempo al comienzo del proceso en su contra.

El pasado 6 de abril comenzaba el juicio en contra de Castillo, pero fue suspendido al día siguiente tras la recusación que presentó su defensa. En palabras de Víctor Fernández, el apoderado legal del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH) y la familia de Berta, “esta acción de la defensa de Castillo pretende por cuarta ocasión emplazar al Tribunal para dilatar el proceso”.

En diálogo con UNE TV, Fernández mencionó que las pruebas contra el acusado son contundentes y que respetar el debido proceso de la otra parte es necesario para que luego no haya impedimentos alegando un indebido proceso. En el mismo programa televisivo Berta Zúñiga (Bertita), hija de Berta Cáceres, renovó su petición de “enjuiciar a quienes tomaron la decisión, pagaron y ordenaron el crimen que es lo que sigue ausente, durante todos estos procesos”

Por otra parte, el COPINH se ha ocupado, como siempre hace, de informar prácticamente el minuto a minuto de todo aquello que aconteció alrededor del juicio que la tiene a “Bertita” como testigo.

Fue el COPINH quien publicó en sus redes, las pruebas presentadas al tribunal que demostrarían “el vínculo comercial y sicarial entre Castillo y la familia Atala”.

Particularmente se presentó el pago de Daniel Atala –gerente financiero de la empresa DESA- a David Castillo que coincide con conversaciones donde se habló de promover la logística a la estructura sicarial dos días antes del asesinato, es decir, presentaron el documento de la transacción.

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La empresa constructora DESA comenzó sus trabajos del proyecto hidroeléctrico Aguas Zarca mediante una concesión ilegal del Río Gualcarque afectando a las familias del pueblo Lenca. Esto denunció Cáceres hasta el día de su muerte, y su familia asegura que fue lo que le costó la vida. 

Un juicio accidentado por donde quiera que se lo mire y largamente esperado por los familiares, amigos y amigas de Berta, como así también por las distintas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos que a nivel internacional siguen el caso. 

Repasemos los hechos denunciados por el COPINH. Según un comunicado difundido por la organización, el sábado 3 de abril “miembros de la Policía Nacional de Honduras detuvieron arbitrariamente en Santa Rosa de Copan, a Bertha y Laura Zúniga, hijas de Berta Cáceres, y a Camilo Bermúdez, esto se da a tres días antes de iniciar el juicio contra de David Castillo”. El comunicado concluía: “Nuestrxs compañerxs han sido liberados, sin embargo, denunciamos la negligencia del Estado, que, en lugar de ofrecer mecanismos de protección, con estas acciones, ponen sus vidas en estado de riesgo y vulnerabilidad”.

El martes 6 de abril otro comunicado del COPINH informó que el tribunal le negó el ingreso a Laura Zúñiga, otra de las hijas de Berta Cáceres, en la audiencia contra Castillo. Laura respondió con una petición de respeto y garantía a sus derechos como víctima, en la que reclamó: “Entendemos que estamos frente a una pandemia que ha creado limitaciones objetivas para el desarrollo seguro de audiencias, pero esta situación no puede servir para profundizar el sufrimiento de las víctimas y negarnos el lugar que nos corresponde en este proceso que debe ser reparador de la pérdida que nos ha significado este vil crimen. Por lo que nos dirigimos hacia usted, este honorable Tribunal, para insistirle sobre la necesidad de la presencia de, al menos, una víctima de manera física, por supuesto cumpliendo con todas las medidas de bio seguridad“.

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También supimos por este medio que el mismo tribunal no permitió la presencia física de observadores internacionales y de DDHH en la sala. Sobre este impedimento “Bertita” recordó que el juicio es público y que la veeduría es importante como garantía del debido proceso.

Hubo un gran malestar porque la Corte no tenía la cámara y el equipo de audio correspondiente para poder transmitir, por lo que la baja calidad de la transmisión dificultó el trabajo de estos organismos, los cuales recordaron que es un deber que una institución de semejante envergadura provea este servicio ya declarado por Naciones Unidas durante el 2020 como un derecho.

Aún queda mucho por recorrer. Desde aquella desgraciada madrugada del 3 de marzo de 2016 en donde Berta dio su último respiro, tanto el COPINH y su familia no han frenado un segundo en la búsqueda de justicia de su “mami”, como cariñosamente la nombran sus hijas en cada ocasión en que se las entrevista por Berta. Como hemos comprobado, los “palos en la rueda” siempre están y vienen por parte de quienes se supone deberían evitarlo.

 

Reanudar el juicio es urgente, como reza el comunicado emitido por el COPINH: “El juicio contra David Castillo debe ser tan solo el inicio del proceso de juzgamiento de las personas involucradas en el crimen, que debe proseguir, para quienes son sus jefes, los señores Daniel Atala Midence, Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala”.

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*Foto de portada: Copinh

*Foto 2: Documento que probaría la transacción sicarial

*Foto 3: Copinh / Berta Cáceres

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