El pequeño Ezequiel proveniente de la provincia de Misiones fue traído junto a su familia a fines del 2007, por unos reclutadores que cobraban 2.500 pesos por cada familia que lograban convencer. Dejar la pobreza de Misiones con un trabajo estable y una casa segura, donde los niños podrían crecer en el campo y junto a la naturaleza, era la promesa que les habían hecho. Entre la pobreza extrema y una vida próspera no había mucho para pensar.

Al llegar a la granja “La Fernández”, la situación era muy distinta de lo prometido. Al padre lo pusieron a cargo de uno de los galpones, donde debía juntar miles de huevos por día, remover guano, juntar la sangre, las gallinas muertas, y distribuir el veneno para las moscas. El tope de producción que le imponía la empresa era imposible de cumplir sin involucrar al resto del grupo familiar, lo cual era estimulado por los capataces de la empresa. Y si ese tope no se cumplía, se corría el riesgo de quedar sin trabajo y en la calle, esta vez a miles de kilómetros del lugar de origen y los conocidos. Además, la familia debía pagar la «deuda» que habían contraído por el traslado a Buenos Aires. Fue así que primero la esposa y luego los niños comenzaron a involucrarse en esas jornadas infernales de producción en el galpón. Se trabajaba 16 horas por día de lunes a lunes, y para soportar tan extenuante labor se les daba al grupo familiar una bolsita con anfetaminas que fueron una de la pruebas acreditadas por Gendarmería Nacional, los trabajadores ignoraban completamente que se trataba de esta droga. Lo mismo pasaba en los galpones vecinos, donde ya estaba naturalizado que todos los grupos familiares trabajen a destajo, pero sólo para conformar el salario del padre, un salario más bajo que el de un peón rural.

Anteriormente, en marzo de 2008, el Juzgado Penal de Campana, ante la denuncia de uno de los trabajadores que logró huir del lugar, hizo el allanamiento y encontró en una de las granjas a los trabajadores y niños esclavizados, en viviendas precarias, entre el veneno, la sangre y el guano y rodeados de un alambrado electrificado para que no se escapen del lugar. En Agosto de 2008, las imágenes de los niños trabajando en varias de esas granjas, recorrieron el mundo. Un mes después, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, multó a la empresa en un millón de pesos por detectarle trabajo infantil en 30 granjas.
La evidencia recogida en el 2008 más una investigación propia realizada por la fiscalía antitrata nacional UFASE derivó en una denuncia contra la empresa por trata de personas ante el Juzgado Federal de Charvay, en Campana.

Al poco tiempo, el niño Ezequiel Ferreyra enferma gravemente por la utilización de agrotó   xicos. Sin embargo la empresa prohíbe terminantemente a los padres del nene hablar del tema con sus compañeros de trabajo, convenciéndolos de que si algo le pasaba a Ezequiel ellos serían penalmente responsables e incluso les quitarían la tenencia de sus otros hijos y les ofrecía a cambio de su silencio, la atención médica del niño y eventualmente una suma de dinero en caso que hubiera un desenlace fatal. Paralizados por el miedo y la desesperación, los padres aceptaron el chantaje y se llamaron a silencio.

Tiempo después, otra investigación de octubre de 2010 del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos) que fue remitida al Juzgado de Charvay, también acreditó la trata de personas en la empresa.Un mes después, en noviembre de 2010, Ezequiel muere, como consecuencia de un cáncer cerebral. La noticia se hizo eco en todos los noticieros nacionales, y las movilizaciones populares exigiendo justicia no tardaron en aparecer.

La muerte de Ezequiel se suma a los más de cuarenta testimonios de víctimas de la empresa en los que atestiguan entre otras cosas, las situaciones denigrantes y humillantes por las que debieron pasar y todavía pasan: una de las trabajadoras tiene a su pequeño hijo con arsénico en la sangre internado en el hospital Garrahan, otro de los trabajadores se suicidó (con uno de los venenos utilizados para matar a las moscas) por los constantes y enfermizos acosos además de las amenazas de la patronal, se han registrado nacimientos con gravísimas deformaciones y mutaciones, abortos inducidos, producidos además por los venenos que suelen manipularse.

Todas estas contundentes pruebas sumadas a las filmaciones de las persecuciones y los intentos de soborno a los denunciantes, los datos precisos de los reclutadores, no fueron suficientes para que la Jueza Graciela Cione (Garantías en lo Penal de Campana) y Adrián Charbay (Federal II de Zárate y Campana) se dispusieran a impartir un mínimo de justicia en las causas que tramitan por reducción a la servidumbre y trabajo infantil y trata laboral y tráfico de personas respectivamente. Cabe destacar la estrecha vinculación entre los directivos de la empresa y el poder político local, tal vez uno de los más importantes de la provincia de Bs As:La presidenta de la empresa, Alejandra López Camelo es la prima del actual Intendente de Pilar, Humberto Zuccaro; Su cuñado, es el titular de UATRE local (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), Jorge Herrera;El ex intendente de Pilar, Sergio Bivort, patrocinó durante años a los directivos de la firma.

INTERVIENE LA ONU.   El 24 de mayo del 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en Ginebra el informe de la relatora especial sobre trata de personas, Joy Ngozi Ezeilo, acerca de la Argentina en la que se destacan en varios párrafos la escandalosa impunidad de los directivos de Nuestra Huella ante el cúmulo de pruebas reunidas en su contra. El Juez Federal de Zarate-Campana, Adrián González Charvay , el pasado 12 de octubre, resolvió sobreseer a las dueñas de la empresa avícola Nuestra Huella S.A. (Leticia Luace, Alejandra López Camelo y Lucia Peressa) por los delitos de trata de personas y contaminación del suelo de un modo peligroso para la salud.

También, días antes, el mismo juez, rechazó la causa 2199/08 que le remitiera el Juzgado de Garantías en lo Penal de Campana en la que se acreditaba luego de tres años de investigación: la reducción a la servidumbre, el trabajo infantil y la trata de personas con fines de explotación laboral en Nuestra Huella. El Juzgado provincial penal se declara incompetente una vez que prueba la trata y remite las actuaciones como corresponde al Juzgado Federal que ya entendía en otra causa sobre trata de personas en la misma empresa. Sin embargo, el magistrado González Charvay rechaza el expediente, desestimando lo que otros jueces ya habían juzgado.

La Alameda como querellante de las victimas apela el sobreseimiento y también apela el rechazo del juez federal a la causa que le envía el Juzgado penal de Campana.Pero el juez Charvay rechaza la segunda apelación y la Alameda vuelve a presentar un recurso de queja ante la Cámara Federal de San Martín que ahora concentra en sus manos la resolución de las dos causas que investigan a la empresa.El pasado 16 de noviembre al cumplirse un año de la muerte de Ezequiel, se realizó una movilización ante la Cámara Federal de San Martín para pedir la revocatoria a los sobreseimientos dispuestos por el Juez Federal y las garantías de que se investigará con imparcialidad y habrá juicio y castigo a los culpables.

Fuente: Paola Becco - Nicolás Ferreres (Fund. “La Alameda”) - Mesa Antitrata Zárate-Campana.