En ese marco, la Ley de Protección al Consumidor y Reforma Dodd-Frank, se espera regule las responsabilidades de las empresas norteamericanas en su relacionamiento fuera del país, cuando compran minerales de zonas en conflicto.
Los negociantes en tungsteno, estaño, oro, tantalio, minerales claves para la tecnología moderna, estarán obligados a declarar si compran los minerales en zonas o a grupos, vinculados a violaciones de derechos humanos. La normativa obliga a las compañías a activar la “debida diligencia para una cadena de suministro” que brinde información sobre los productos utilizados y sus orígenes.
Sin embargo, por razones cuando menos oscuras, la ley demora en reglamentarse y la comisión encargada de activarla reconoció tener ocho meses de atraso. 
La organización humanitaria Global Witness, recordó a los legisladores que “lo que está en juego son vidas humanas. Miles de vidas humanas”. Añade la entidad que la demora “permite 
ganar tiempo a las organizaciones armadas responsables de horrendos ataques contra civiles en el Congo y que obtengan mayores beneficios del comercio de minerales”.
La organización calificó de “catastróficas” las consecuencias de la lucha por la posesión de las áreas explotables, como en Kivu norte, donde 300 civiles incluídos niños fueron ejecutados como represalia por haber trabajado como mano de obra semiesclava para el enemigo.
Fuente: La Republica digital
