


SON 16 LAS DEMANDAS DE LA CONFEDERACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA EN DEFENSA DE SUS TERRITORIOS; PIDEN REUNIÓN CON EVO MORALES QUIEN ABRIRÁ INVESTIGACIÓN POR BRUTAL REPRESIÓN POLICIAL
Una vez que lleguen a la ciudad de La Paz, los indígenas anunciaron que no retornarán a sus lugares de origen hasta que consigan una reunión con el presidente Evo Morales en la que se les entregue una ley corta garantizando que no se construirá una carretera que pase por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) informó que la meta principal es hablar con Morales y sus ministros para que atiendan las 16 demandas de su pliego.
“Vamos a exigir un trabajo con cada uno de los ministerios y con el Presidente. Son 16 puntos que deben ser resueltos, porque son responsabilidades compartidas, y queremos viabilizar lo más antes posible y plantearlo al Legislativo”, sostuvo.
Gualberto Baraona, dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), aseguró que, una vez que lleguen a La Paz, no dejarán la ciudad hasta que se apruebe una ley en la que el Gobierno asuma el compromiso de no construir la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a través del TIPNIS“Todo ello debe firmar (Morales) delante de nosotros para que tengamos las garantías correspondientes”, afirmó el dirigente. Chávez explicó que aún no saben cuándo llegarán a la ciudad sede de gobierno, porque todo dependerá de las condiciones climatológicas y de las dificultades que afronten.
Entre los 16 puntos de la plataforma de lucha están temas como la paralización de actividades hidrocarburíferas en la zona de Aguaragûe, principal fuente de ingresos económicos del Estado, y de obras camineras en distintas regiones, entre ellas el norte de La Paz. La marcha partió con el único punto de rechazo a la carretera por el TIPNIS, pero en el curso de la marcha amplió sus demandas.
El presidente Evo Morales en una entrevista en la red televisiva ATB informó que está dispuesto a dialogar con los dirigentes indígenas una vez que arriben a La Paz, pero sin que ello represente poner en riesgo los ingresos y el desarrollo del país.
“Por la zona del Aguaragüe pasa el 90 por ciento del gas que va a al exterior, por lo que Bolivia genera recursos económicos que son entregados a las gobernaciones, alcaldías, universidades y otros sectores para encarar programas de desarrollo”, indicó
La Policía intervino el campamento indígena en Yucumo (Beni) el domingo 25, posteriormente se reorganizaron y reagruparon en Quiquibey, frontera entre La Paz y Beni, desde donde retomaron su medida de presión. Ya están en suelo paceño.
Un grupo acampó el domingo en Marimonos y otro en Palos Blancos, a más de 250 kilómetros de la sede de gobierno.
Los de Marimonos fueron trasladados en vehículos hasta Palos Blancos, donde participaron de un improvisado festejo por los 29 años de la fundación del CIDOB. Tras el acto conmemorativo, fueron acogidos en una hacienda en el barrio San Antonio de la comunidad. Retomarán hoy la caminata a las 7.00.
Cerca al mediodía, representantes de las juntas vecinales de la comunidad, el Concejo Municipal, el párroco Luis Díaz y representantes del pueblo afroboliviano los recibieron. Todos destacaron la movilización y expresaron apoyo a la medida.
Una banda del colegio amenizó la estadía con ritmos de taquirari. Los lugareños entregaron una vaca, que luego fue faenada. También dieron a los marchistas, entre ellos mujeres y niños, frutas y botellas de agua.
En el acto de bienvenida no se presentó el alcalde del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Palos Blanco, Nazario Escobar. El concejal Eugenio Janco, evitó comentar el hecho.
DETENER A CUARENTA DIRIGENTES. La intervención de la marcha indígena, además de dispersar la protesta, tenía la orden expresa de detener a 40 dirigentes y trasladarlos hasta La Paz, refiere un informe preliminar de la investigación realizada por la Defensoría del Pueblo, informó el representante regional en Santa, Cruz Hernán Cabrera. Debían ser llevados a Rurrenabaque y desde ahí, en un avión Hércules, a La Paz.
BRASIL ESPERA DIALOGO EN EL CONFLICTO POR LA CARRETERA.Brasil espera que el Gobierno boliviano y los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) establezcan el diálogo para solucionar el problema generado por la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, informó el encargado de Negocios de la embajada brasileña en Bolivia, Eduardo Paes.
"Ese es un tema de los bolivianos. Tienen sus órganos que tratan los contratos, licitaciones, por lo que Brasil no tiene que interferir en eso. Queremos que las partes se entiendan, que haya diálogo", declaró Paes.
El diplomático aseguró que desconoce si el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil suspendió el financiamiento para la carretera que unirá a Cochabamba y Beni, como lo informó un diario de Brasil.
Participó ayer de una reunión entre asambleístas bolivianos y sus similares de Brasil en la Asamblea Legislativa para emprender acciones en el marco de la lucha conjunta contra el narcotráfico. La marcha indígena, tras un violento operativo policial del domingo 25, se rearticuló en Quiquibey, frontera entre Beni y La Paz, y reanudó la caminata en defensa del parque TIPNIS.
TRES CASOS ABIERTOS POR LA INTERVENCION. Tras la intervención policial a la marcha indígena el 25 de septiembre cerca de Yucumo, están en curso tres procesos judiciales, uno en Sucre y dos en la ciudad de La Paz.
El fiscal general Mario Uribe informó que aceptó la proposición acusatoria en contra del presidente Evo Morales por este caso. Con los antecedentes que acumularía en 30 días, debe formular el requerimiento acusatorio o rechazarlo, según la Ley 004, de Juzgamiento a Altas Autoridades.
Otra investigación que se realiza está en manos de la fiscal Patricia Santos, quien sigue el caso abierto de oficio por el fiscal Edwin Sarmiento, el 24 de septiembre, y a la que se suman las denuncias contra la ministra de Justicia Nilda Copa, el viceministro Nelson Cox y funcionarios del Ministerio de Gobierno.
A denuncia del Movimiento Sin Miedo, el fiscal Marco Vargas dijo que investiga al exministro Sacha Llorenti, exfuncionarios y jefes policiales por el delito de genocidio. Agregó que hay otro proceso abierto, esta vez por el delito de contratos lesivos al Estado por la vía por el TIPNIS.(Fuente: La Razón de Bolivia/Micaela Villa/Palos Blancos)
Morales ve responsabilidad en policías por violenta intervención.. El presidente Evo Morales denunció el lunes que hay una mano negra por detrás del problema del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para desprestigiarlo y al Gobierno.
En una entrevista en la Red ATB, el Jefe de Estado subrayó que todo lleva a pensar que “Hay una mano negra para hacer quedar mal al Presidente y al Gobierno”, al referirse a lo sucedido el domingo 25 en las proximidades de Yucumo con la intervención policial a la marcha de indígenas del Oriente.Agregó “Es muy raro lo que pasó. Siento que hay algunos policías que no quieren al Gobierno y se aprovechan de este tipo de situaciones para desacreditarlo”.
El Ejecutivo dispuso los pasados meses que los servicios de identificación y de otorgación de licencias de conducir pasen bajo administración civil, después de que siempre estuvieron a cargo de la Policía que recaudaba dineros por ese trabajo.
Morales afirmó que ha ordenado una investigación profunda de los hechos sucedidos en la marcha indígena del oriente para esclarecer las causas y la forma violenta con la que actuó la Policía al trasladar a los marchistas desde las proximidades de Yucumo hasta San Borja y después a Rurrenabaque.
El Mandatario ordenó la conformación de una Comisión Investigadora de Alto Nivel con la presencia de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), de la Defensoría del Pueblo y de representaciones nacionales.
Confirmó que el martes se realizará una reunión con representantes de la ONU y de la OEA con ese fin porque “El objetivo es investigar con profundidad este asunto para sancionar a los responsables”.Subrayó que esa comisión debe convocar a todas las personas que hayan tenido algo que ver con la orden de activar a la Policía y los que ordenaron esa violenta acción.
Reiteró que como Presidente no ha ordenado esas acciones. “¿Cómo puedo ordenar que agredan a los marchistas, si yo cuando fui dirigente sindical he sufrido esas agresiones y torturas?”, cuestionó.
Señaló que cuando era dirigente sindical y las marchas eran reprimidas por la Policía “No buscábamos a Derechos Humanos, ni a la Iglesia, sino a los camarógrafos y fotógrafos de prensa porque cuando los veían los uniformados se cuidaban para no agredir”.Agregó que la investigación debe ser “imparcial y objetiva”
Fuente: Bolivia.Com