fue humillado y maltratado de nuevo dentro del sistema de la denominada "pedagogía negra", aquella forma de educar que se aplicó en los orfanatos alemanes de la posguerra. Hoy, Miesem sufre ataques de pánico. "En mi caso es difícil establecer cuál es la causa", dice con una lacónica sonrisa. "Sé, sin embargo, que no puedo trabajar más con mis problemas, necesito que se me reconozcan los años de trabajos en el orfanato para poderme jubilar. Todavía hoy tengo pánico a la cercanía de la gente y los espacios cerrados. Los resultados son ridículos comparados al mal padecido"
Se trata de una de las víctimas que desde toda Alemania occidental -existe una comisión separada para la ex República Democrática Alemana- acudieron ayer a Berlín con ocasión de la presentación del informe final elaborado por una comisión sobre los abusos cometidos en orfanatos . Los trabajos fueron coordinados por la ex presidenta del Parlamento Antje Vollmer, y en ellos participaron representantes de la iglesias católica y evangélica, del Estado federal y de los länder, además de representantes de los afectados.
En el informe, que consta de 40 páginas, se detallan las prácticas violentas llevadas a cabo en estas instituciones entre los años cincuenta y los sesenta: palizas, humillaciones, prácticas sádicas, aislamiento, trabajos forzosos, censura de las cartas, prohibición de contactos con los familiares, abusos sexuales. No se especifica, sin embargo, un número de víctimas: los medios las cifran entre 30.000 y 50.000.
"Fui separado de mi familia a los 10 años. Nunca más vi a mi madre, que aún estaba viva. Tardé 40 años en encontrar a mis hermanos, fue gracias a Internet", relata Miesem, que tiene 59 años y que se reunió, en el lugar donde se difundieron las conclusiones, con otras víctimas para manifestar su descontento con el informe final. "Creemos que los resultados alcanzados son ridículos comparados al mal padecido".
La mesa redonda que ha analizado los hechos aprobó in extremis, un día antes del cierre de sus trabajos, la creación de un fondo de 120 millones de euros destinado a las indemnizaciones, al que contribuirán a partes iguales la Iglesia, el Estado federal y los länder. Del total, 20 millones de euros serán para las pensiones de quienes, como Miesem, trabajaron de niños como carpinteros, tejedores, mecánicos, etcétera.
Las víctimas reclamaban un fondo de 450 millones, pero, ante el riesgo de que no se aprobara ninguna suma de dinero, aceptaron un compromiso que ahora tachan de "farsa". Asimismo, lamentan que no pudieron consultar con sus abogados mientras participaban en los trabajos y que el informe no cuenta toda la verdad.
"Es un escándalo", repite Friedhelm Münter, 58 años, un señor robusto de barba blanca, mientras cuelga una pancarta con su historia y distribuye informaciones sobre su caso. Su tragedia empezó cuando tenía tres meses y entró por primera vez en el orfanato de Münster. Desde ahí pasó por varias instituciones más y padeció todo tipo de violencia.
Desde la "hermana Ilse", quien lo obligaba a enseñar frente a todos los compañeros que se había orinado encima, hasta un educador del orfanato de Werl, en el norte, que abusó sexualmente de él. Sufrió además la prohibición de ver a su madre, quien había sido declarada incapaz de mantener un hijo parido fuera del matrimonio, y la traumática separación de su hermana, que estaba en el mismo internado, a la edad de cinco años. "A pesar de que se me podría haber devuelto a mi madre, esto no ocurrió", explica. "Me echaron fuera del orfanato, a la sociedad, como una persona traumatizada. Soy víctima de la destrucción institucional de mi infancia y de la violación sistemática de mis derechos humanos".
Según otra decisión polémica de la comisión, cada víctima tendrá que solicitar por separado una indemnización, que dependerá de los abusos sufridos. No habrá por tanto una suma igual para todos, como pedían los afectados. Se calcula que cada una recibirá entre 3.000 y 4.000 euros.
Demasiado poco para quienes, como Hannelore Abraham, de 65 años, padecen todavía graves consecuencias. "No puedo viajar en autobús o tranvía, me molestan los espacios cerrados y la cercanía de la gente, me da pánico estar en habitaciones con las ventanas cerradas..." Abraham, una señora de ojos azules claros que usa bastón, enumera sus miedos fruto de los castigos padecidos en el orfanato durante su niñez. "Los repetidos castigos en aislamiento, en cuartos pequeños, oscuros y sin ventanas me traumatizaron", explica. A pesar de todo, ofrece asistencia a las otras víctimas como asesora de la Asociación de Antiguos Internos.
La Iglesia y los Estados piden disculpas
"Parte del trabajo de nuestra comisión es la de pedir perdón a los afectados por lo ocurrido", dijo ayer Georg Gorissen, representante de los Estados federados en la comisión que ha elaborado el estudio de los abusos en los orfanatos alemanes de la posguerra, durante la conferencia de prensa en la que se presentó el informe final. "Asumimos la responsabilidad a través de nuestra participación en las indemnizaciones", añadió el representante de la Iglesia católica, Johannes Stücker-Brüning.
Los miembros de la comisión, con excepción de las víctimas, manifestaron su satisfacción con el resultado logrado. La ex presidenta del Parlamento alemán Antje Vollmer, que ha encabezado esta comisión, destacó "la toma de responsabilidad colectiva", expresada en el informe mediante la participación del Estado federal, los länder y las Iglesias católica y evangélica en el fondo de 120 millones para las indemnizaciones. "Un Estado de Derecho deficiente e inmaduro", según Vollmer, no habría sido capaz en la posguerra de establecer responsabilidades claras para las injusticias. Añadió que la comisión trabajó con dificultad debido al tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos.
Algunas cuestiones quedan sin embargo abiertas: cada Estado federado, como el Estado federal, deberá aprobar oficialmente la financiación de las indemnizaciones. Asimismo hace falta que el Gobierno federal dé más financiación a la comisión para que se organicen los entes regionales que recopilen y aprueben las peticiones.
Otra comisión paralela, creada este año, y en la que participan las actuales ministras de Familia, Educación y Justicias, está elaborando un informe de los casos de abusos sexuales en instituciones educativas católicas y laicas en tiempos más recientes.
Fuente: El País de Madrid