El fiscal pidió que en total sean indagadas 30 personas, acusadas de cometer los delitos de fraude al Estado y lavado de dinero, y en algunos casos también de asociación ilícita, por desviar 8,9 millones de euros que los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández habían abonado a la fundación para la construcción de viviendas sociales. Ese dinero se terminó usando para que Sergio Schocklender se comprara mansiones, yates y coches de lujo, según la investigación judicial. A su vez, el exapoderado de la entidad acusó a Alejandra Bonafini de haber adquirido con parte de esos fondos una casa, un piso y una furgoneta.

Di Lello lleva medio año investigando la corrupción en Madres de Plaza de Mayo, una causa que conmocionó a Argentina, porque hasta ahora esta organización estaba identificada con la lucha para que se hiciera justicia con sus hijos desaparecidos en la última dictadura (1976-1983). De por sí, las Madres de Plaza de Mayo están divididas desde hace décadas entre la Línea Fundadora y la asociación que dirige Hebe de Bonafini, mientras Abuelas de Plaza de Mayo constituye otra agrupación que busca recuperar la identidad de sus nietos robados por el régimen. A su vez, a partir de la asociación de Bonafini se creó la fundación desde la que se construyeron viviendas sociales y supuestamente se defraudó al Estado.

El fiscal considera que la fundación recibía recursos del erario público y después los enviaba a Meldorek, una empresa constructora relacionada con Sergio Schocklender y con el contable Alejandro Gotkin, sobre quien también recayó la petición de indagatoria. También se presume que fondos de Madres de Mayo han ido a parar a Antártica, otra compañía ligada al exapoderado de la fundación.

Los hermanos Schoklender fueron condenados cuando eran jóvenes por el asesinato de sus padres y estuvieron presos entre 1981 y 1995. Sergio conoció a Hebe de Bonafini en la prisión y llegaron a estrechar tanto su relación que ella lo consideraba como un hijo. Ahora, tras conocerse el escándalo de corrupción que se había montado en la fundación, la líder de las Madres lo ha calificado de “traidor”.

Entre las personas que también deberían ser indagadas figuran la exesposa de Sergio Schocklender, Viviana Sala, el piloto de avión del exapoderado, Gustavo Serventich, y algunos financieros como Daniel Laurenti, Fernando Caparrós Gómez y Ricardo de Falco, que presuntamente lo ayudaron a blanquear el dinero conseguido de forma ilícita.

“Se ha logrado comprobar también que los imputados formaban una organización numerosa y compleja, destinada a cometer delitos”, aseguró el fiscal en su dictamen. Por ejemplo, la fundación compró en octubre de 2010 dos propiedades en la provincia norteña de Chaco, pero al mes siguiente Pablo Schocklender, en nombre de la entidad, las transfirió a Meldorek, la empresa de su hermano.
En el caso de Alejandra Bonafini, el fiscal recibió del Banco Central, que dirige la kirchnerista Mercedes Marcó del Pont, un informe sobre operaciones sospechosas por 56.000 euros para la adquisición de propiedades.

Di Lelló excluyó de la petición de indagatoria a Hebe de Bonafini, aunque le reprochó en su dictamen la responsabilidad política por el escándalo, según fuentes judiciales. El juez Oyarbide deberá decidir si indaga o no a los 30 acusados una vez que finalicen en febrero las vacaciones judiciales del verano austral.

Fuente:Alejando Rebossio/El Pais de Madrid