"Entre las importantes responsabilidades del obispo diocesano con el fin de asegurar el bien común de los fieles, y especialmente la protección de los niños y jóvenes -dice la Carta- está el deber de dar una respuesta adecuada a los eventuales casos de abuso sexual infantil cometidos por clérigos en su diócesis".
"Tal respuesta implica la institución de procedimientos tendientes a asistir a las víctimas de tales abusos, así como la formación de la comunidad eclesial en vista de la protección de los niños. Dicha respuesta deberá proveer a la aplicación del derecho canónico en la materia, y al mismo tiempo tener en cuenta las disposiciones de las leyes civiles", subraya la carta firmada por el cardenal estadounidense William Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
La Iglesia Católica tiene el "deber de dar una respuesta adecuada" a los casos de abuso sexual contra niños y adolescentes cometidos por sacerdotes, pidió la circular, que invita a las conferencias episcopales de todo el mundo a desarrollar "programas de prevención" y a estar dispuesta "a escuchar a las víctimas y familiares" y a "esforzarse en asistirles espiritual y psicológicamente".
El texto destaca que la Iglesia deberá hacer que se aplique "el derecho canónico sobre el tema y, al mismo tiempo, tener en cuenta las disposiciones de las leyes civiles".
Las Conferencias episcopales de todo el mundo tendrán que elaborar "hasta fines del mes de mayo de 2012" las líneas guía de "procedimientos claros y coordinados" para tratar los casos de abusos sexuales contra menores de edad por parte de sacerdotes y presentarlas a la Congregación de la Doctrina de la Fe.
El abuso sexual a menores es un "delito canónico" y también un "crimen perseguido por las autoridades civiles" y en situaciones diferentes según el país. "Siempre es importante cooperar", recuerda el texto, que sigue las líneas del "motu proprio" que Benedicto XVI promulgó en mayo de 2010, donde se aclararon las penas y se aumentó el plazo de prescripción de los delitos de 10 a 20 años.
En la carta el cardenal Levada recuerda que a un sacerdote acusado de abuso sexual se le puede "restringir el ejercicio público del ministerio de modo completo o al menos excluirle el contacto con menores" o aplicarle "una pena eclesiástica, siendo la más grave la dimisión del estado clerical".
Para el vocero vaticano, el sacerdote Federico Lombardi, "la indicación de una fecha precisa y de un plazo relativamente breve para elaborar las Líneas guía de parte de las Conferencias Episcopales es evidentemente una indicación muy fuerte y elocuente".
"Si hay leyes, estas deben ser aplicadas"
Al presentar el documento, el portavoz vaticano, el padre Federico Lombardi, precisó que "es necesario colaborar según la situación existente. Si hay leyes, deben ser aplicadas; si no hay, hay que tener en cuenta que nosotros no las promulgamos. En ese caso, es necesario colaborar lo mejor posible para que se garantice la protección de las víctimas, y se asegure justicia".
Lombardi explicó que el texto destaca la "responsabilidad" de los obispos o superiores religiosos y la necesidad de denunciar ante la ley civil, sin que esto suponga "abdicar a la responsabilidad específica que tiene el superior". ANSA
¿Cómo se debe proceder?
Cuando un sacerdote es acusado de abuso sexual a un menor, su obispo o el superior de su congregación religiosa debe escuchar la denuncia y evaluar si es verosímil. Si esto es así, inicia una investigación.
Luego se envía el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe, del Vaticano, que desde 2003 y por pedido del Papa Juan Pablo II se encarga de este tipo de asuntos, que antes se analizaban en cada diócesis. Antes de informar a Roma se recomienda hablar con el involucrado para que dé su versión de los hechos.
La Congregación para la Doctrina de la Fe comienza un proceso judicial. También debe comenzar uno civil.
Luego de analizado el caso, la Congregación para la Doctrina de la Fe "indicará al obispo o al superior mayor los ulteriores pasos a cumplir. Mientras tanto, la Congregación ayudará a que sean tomadas las medidas apropiadas" para garantizar los procedimientos justos y tutelar el bien de la Iglesia y de las víctimas.
En el caso de que el sacerdote sea declarado culpable, es sujeto de dos tipos de penas. Una es la imposición de la restricción al ejercicio público del ministerio o la exclusión del contacto con menores. También se lo puede cesar del estado clerical.
Fuente: El País/AFP/ANSA