Las fiestas que el premier organizaba en sus residencias y que al principio sólo habían sido material para el periodismo de escándalo y sustento de la demanda de divorcio de su mujer, Verónica Lario, están ahora en la mira de la Justicia por la posible comisión de diferentes delitos.

Los fiscales acusan a Berlusconi, por ejemplo, de haber abusado de su calidad de primer ministro cuando llamó a funcionarios de la Policía de Milán en la noche del 27 al 28 de mayo de 2010 para inducirlos a confiar la tutela de la joven Ruby, todavía menor de edad, a la consejera regional de su partido, Pueblo de la Libertad. Detrás de esta intervención estaba también, según la fiscalía, la intención de ocultar las relaciones mantenidas con una prostituta menor de edad en su villa de Arcore y obstaculizar las investigaciones sobre las fiestas en su residencia.

El código penal italiano define el delito de "concusión" -al que castiga con 4 a 12 años de reclusión- como el del funcionario que, abusando de su calidad y de sus poderes, constriña o induzca a alguien a dar o prometer indebidamente, a sí mismo o a un tercero, dinero o favores. Para Berlusconi, está el agravante del delito de "prostitución de menores" -6 meses a tres años de prisión- único caso en el cual la justicia de ese país castiga al cliente que paga por sexo.

Karima Ruby ha negado hasta ahora haber tenido relaciones con el Premier, por lo que se presume que existen declaraciones de terceros al respecto. Para la fiscalía, los encuentros entre el jefe del Partido de la Libertad y la joven marroquí habrían tenido lugar entre febrero y mayo del año pasado. Poco después, Ruby fue detenida por la policía y en ese momento se produjo la intervención de Berlusconi para que fuese liberada.

El Premier había logrado congelar por un año los procesos penales en su contra pero el 13 de enero pasado el Tribunal Constitucional italiano declaró parcialmente inconstitucional la "ley del legítimo impedimento", en la cual se escudaba el jefe de gobierno para no presentarse en los juicios.

La norma establecía que un funcionario podría alegar una agenda cargada para no concurrir a las citaciones y ello bastaba para posponer los procesos. A partir del nuevo fallo, será función de los jueces evaluar si existe o no ese "legítimo impedimento" relacionado con los deberes de funcionario para justificar la ausencia de los imputados en las audiencias de los juicios.

Los otros dos procesos de que es objeto el premier son los casos Mediaset -fraude fiscal- y Mills -corrupción en actos judiciales.Para los abogados del jefe del gobierno italiano, el caso Ruby es "una gravísima intromisión en la vida privada del presidente del Consejo que no tiene precedentes en al historia judicial del país y que demuestra la insostenible situación de las relaciones con cierta parte de la magistratura".Berlusconi, por su parte, insistió en denunciar una "persecución política por parte de los magistrados de izquierda" en su contra.

Fuente:america inforbae.coom/notas