del Poder Ejecutivo de excluir el caso del amparo de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado". El pedido fue sustanciado por la fiscal Mirtha Guianze, como forma de adentrarse en la investigación sobre el crimen del maestro.
La decisión del Poder Ejecutivo, con la firma del presidente de la República, José Mujica, de excluir el caso del amparo de la Ley de Caducidad implicó el inicio de la instrucción presumarial, la recopilación de prueba documental y la citación de testigos.
En este sentido, el magistrado dispuso la citación de Juan Raúl Ferreira y otro testigo, quien narró las torturas efectuadas en la Casona de Punta Carretas durante los años de la dictadura, como forma de impulsar la indagatoria con "testimonios claves" sobre el caso, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
Ferreira compareció durante una hora y media, y aportó diversos documentos vinculados con el seguimiento de los organismos internacionales sobre el "caso Julio Castro", material de prensa y las anotaciones de una agenda de su propiedad, donde registraba fecha y contenido de todas las reuniones sobre temas de derechos humanos, en tiempos de dictadura, según explicó el propio ex diplomático a LA REPUBLICA.
Ferreira y el director general de la WOLA, Joe Eldridge (hoy día es el capellán de American University), fueron los denunciantes por la desaparición de Julio Castro ante la Organización de Estado Americanos (OEA), hecho por el cual el Estado uruguayo fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"La CIDH pidió explicaciones al gobierno uruguayo y este contestó que Castro había viajado hacia Buenos Aires en un vuelo de Pluna. Entonces, le pedimos al presidente (de la CIDH), Andrés Aguilar, conseguir por expediente aparte la lista de migraciones con los uruguayos ingresados por Aeroparque y Julio Castro no figuraba".
"Después, cuando se pidió la misma lista en el expediente de Julio Castro, si aparecía". "Esto demuestra la coordinación de ambos países y constituye una mentira formal a la OEA, de la cual los dos Estados son miembros y se presume buena fe. Pero la OEA ya tenía la información", contó Ferreira. Asimismo, el ex diplomático presentó la sentencia de condena contra el Estado uruguayo emitida por la CIDH el 1º de julio de 1978, el informe verbal de Aguilar sobre el caso de Julio Castro, y un recorte de prensa del diario "El País" con declaraciones del ex canciller Alejandro Rovira, entre otros.
La amplia documentación aportada por Ferreira fue ingresada al expediente judicial por el juez Fernández Lecchini. La causa penal proseguirá cuando se reanude la actividad judicial, al fin de la Feria Judicial Mayor. La Sede no fijó aún fechas de audiencia.
El maestro Julio Castro fue detenido el 1º de agosto de 1977 por efectivos del SID, siendo trasladado a un centro clandestino de detención que funcionaba en la Avenida Millán 4269 esquina Loreto Gomensoro. Allí fue sometido a torturas, falleciendo el 3 de agosto de 1977. Según el informe realizado años atrás por la Comisión Para la Paz, el maestro y militante social murió sin recibir atención médica.
Fuente: La República