La Consulta (Corte Constitucional Italiana) había aceptado la solicitud del Quirinal* después del conflicto de atribuciones planteado el verano pasado por el jefe del Estado contra la Fiscalía de Palermo. Lo que ha ocurrido hoy es un hecho sin precedentes que ha tenido lugar basándose en un acto inconstitucional e ilegal, aplicado por la Corte Constitucional que ha decidido utilizar el art 271 del c.c.p, a pesar de que no haya ninguna referencia a las conversaciones de un Jefe del Estado con un ciudadano investigado, interceptadas casualmente por la línea telefónica. La Corte, con su acción, y el juez Ricciardi, que ha aceptado la interpretación de la Corte Constitucional, de hecho han decidido que las cintas puedan ser destruidas sin pasar primero por la audiencia de la cámara prevista por la ley. De esta manera se ha violado un derecho de los abogados de los doce acusados en el proceso sobre la negociación Estado-mafia, que habrían podido hallar elementos válidos para su defensa en dichas llamadas telefónicas (la Fiscalía ya había establecido que se trataba de coloquios penalmente irrelevantes ndr). Según lo indicado en el decreto del juez, “al resultado de la escucha de las cuatro conversaciones se ha evidenciado la ausencia en su contenido de cualquier referencia a intereses relativos a principios constitucionales supremos (tutela de la vida y la libertad personal salvaguardia de la integridad constitucional de las instituciones de la República) que de alguna manera puedan ser perjudicados irremediablemente por la destrucción de las grabaciones”. Por lo tanto “es necesario proceder a la destrucción de las grabaciones de las llamadas telefónicas, de las cuales está prohibido cualquier utilización con fines probatorios, según el principio dictado por el art. 271, 3/o incisos, del código del procedimiento penal según el procedimiento dictado por la Corte Constitucional”.
La destrucción de los archivos originales que contienen las conversaciones “serán eliminados definitivamente a través del auxilio de un perito informático”, mientras la de las copias alegadas por la Fiscalía en la instancia de destrucción “será efectuada en la secretaría del juez a través de la rotura de todo CD de audio que las contiene”. De esta forma el juez Ricciardi en lugar de plantear la ‘excepción de constitucionalidad’ para salvaguardar el derecho a la defensa de otros acusados prefirió sepultar definitivamente cualquier tipo de duda, destruyendo las escuchas. Un grave acto contra la ley misma, la cual tendría que haber sido aplicada basándose no en la solicitud de la Consulta sino sencillamente en el código de procedimiento penal. En los últimos días los abogados de Massimo Cancimino - imputado por la “negociación” – solicitaron la posibilidad de oír la escuchas telefónicas, ya que consideraban que podría haber elementos útiles para su defendido. Pero como el juez de investigaciones preliminares no dio lugar a dicha solicitud se presentará un recurso en Casación. Un recurso legítimo pero que corre el riesgo de ser inútil ya que, aunque fuera aceptado por la Suprema Corte, las escuchas ya habrán sido eliminadas definitivamente a causa de aquella que representa otra lápida puesta sobre el sarcófago de la verdad.

* Quirinal: Residencia del Presidente de la República italiana

http://www.antimafiaduemila.com/2013020841119/giorgio-bongiovanni/trattativa-il-gip-distrugge-le-intercettazioni-violentata-la-legge.html