Vestido con toga negra y puños de encaje blanco sobre un traje gris, el juez Garzón, de 56 años, compareció con semblante serio ante el Tribunal Supremo de Madrid para el primero de una serie de juicios que amenazan con poner fin a su carrera.
En este caso, se le acusa de vulnerar el derecho fundamental a la defensa por haber ordenado la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes, presuntos cabecillas de una red de corrupción, conocida como "trama Gürtel", que en 2009 implicó a altos cargos del Partido Popular, que ahora gobierna.
De ser declarado culpable, el juez, mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres y suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, podría ser condenado a un máximo de 17 años de inhabilitación profesional.
Pero sobre todo, en un caso mucho más esperado, a partir del 24 de enero Garzón será juzgado por su intento de investigar sobre los más de 100.000 desaparecidos de la Guerra Civil española (1936-39) y de la dictadura franquista (1939-75), pese a la existencia de una ley de amnistía de 1977.
Garzón, que tuvo que despojarse de su hábito de juez para sentarse en el banquillo del acusado, justificó las escuchas a la "trama Gürtel" por sospechar que algunos de los abogados participaban en las actividades delictivas de sus clientes.
"Las comunicaciones se intervinieron a los internos (...) para constatar y evitar la continuación de la acción delictiva relacionada con el blanqueo de capitales", aseguró. "Es evidente que la interpretación que yo adopto es que se pueden autorizar las intervenciones con autoridad judicial y no sólo en casos de terrorismo", dijo.
Nunca antes un juez español había sido juzgado por ordenar la intervención de conversaciones, práctica para la que las prisiones están equipadas.
Además las escuchas solicitadas por Garzón fueron confirmadas posteriormente por otro juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que se hizo cargo del caso más tarde.
Lo insólito de este caso, y la existencia de otras dos causas contra el juez, ha llevado a sus partidarios a denunciar una maniobra política.
"Estamos ante un hecho que avergüenza a la democracia española, a la justicia y al propio Tribunal Supremo que es juzgar a un inocente, por haber querido juzgar al franquismo y también por haber querido luchar contra la corrupción", consideró el diputado ecolocomunista Gaspar Llamazares.
Casi un centenar de personas se manifestaron allí para expresar su apoyo a Garzón, al que recibieron con aplausos. La plataforma "Solidarios con Garzón", en la que participan artistas como el cineasta Pedro Almodóvar, el poeta Marcos Ana y la actriz Pilar Bardem -madre del actor Javier Bardem- prometió manifestar todos los días mientras duren los procesos.
Fuente:El Pais digital/AP/AFP
En este caso, se le acusa de vulnerar el derecho fundamental a la defensa por haber ordenado la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes, presuntos cabecillas de una red de corrupción, conocida como "trama Gürtel", que en 2009 implicó a altos cargos del Partido Popular, que ahora gobierna. De ser declarado culpable, el juez, mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres y suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, podría ser condenado a un máximo de 17 años de inhabilitación profesional.
Pero sobre todo, en un caso mucho más esperado, a partir del 24 de enero Garzón será juzgado por su intento de investigar sobre los más de 100.000 desaparecidos de la Guerra Civil española (1936-39) y de la dictadura franquista (1939-75), pese a la existencia de una ley de amnistía de 1977.
Garzón, que tuvo que despojarse de su hábito de juez para sentarse en el banquillo del acusado, justificó las escuchas a la "trama Gürtel" por sospechar que algunos de los abogados participaban en las actividades delictivas de sus clientes. "Las comunicaciones se intervinieron a los internos (...) para constatar y evitar la continuación de la acción delictiva relacionada con el blanqueo de capitales", aseguró. "Es evidente que la interpretación que yo adopto es que se pueden autorizar las intervenciones con autoridad judicial y no sólo en casos de terrorismo", dijo.
Nunca antes un juez español había sido juzgado por ordenar la intervención de conversaciones, práctica para la que las prisiones están equipadas.
Además las escuchas solicitadas por Garzón fueron confirmadas posteriormente por otro juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que se hizo cargo del caso más tarde. Lo insólito de este caso, y la existencia de otras dos causas contra el juez, ha llevado a sus partidarios a denunciar una maniobra política.
"Estamos ante un hecho que avergüenza a la democracia española, a la justicia y al propio Tribunal Supremo que es juzgar a un inocente, por haber querido juzgar al franquismo y también por haber querido luchar contra la corrupción", consideró el diputado ecolocomunista Gaspar Llamazares.
Casi un centenar de personas se manifestaron allí para expresar su apoyo a Garzón, al que recibieron con aplausos. La plataforma "Solidarios con Garzón", en la que participan artistas como el cineasta Pedro Almodóvar, el poeta Marcos Ana y la actriz Pilar Bardem -madre del actor Javier Bardem- prometió manifestar todos los días mientras duren los procesos.
Fuente:El Pais digital/AP/AFP