Este es uno de los elementos que llevó a que, tanto la magistrada del caso, Mariana Mota, como la fiscal Ana María Tellechea, comenzaran a dialogar sobre el archivo de la causa. El impedimento que tiene hoy la Justicia es que no se puede determinar quién estaba al mando del centro clandestino “Casona” ubicado en Punta Gorda. La investigación está trancada porque gran parte de los testigos fallecieron y no encuentran pruebas materiales que permitan acercarse al encargado de La Casona, aportaron las fuentes

De todos modos, la fiscal continúa el estudio del expediente para determinar cuáles son las últimas herramientas con que cuenta para encontrar pruebas, aunque a esta altura lo único que permitiría continuar es que un militar confiese lo que ocurrió, según aportaron las fuentes.

Los cinco tupamaros, Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Daniel Brum, María de los Ángeles Corbo y Graciela Estefanell, fueron detenidos en Argentina el 8 de noviembre de 1974. Los mantuvieron recluidos en el centro clandestino Automotores Orletti, y trasladados de forma secreta a Uruguay.

Esto fue confirmado tras declaraciones del coronel (r) Jorge “Pajarito” Silveira, quien admitió que los militantes fueron trasladados en el “vuelo cero”, en el marco del denominado Plan Cóndor.

Luego de 40 días desaparecidos, fueron encontrados los cuerpos de los tupamaros que fueron fusilados en la localidad de Soca. Existe gran sospecha de que este hecho, así como otras torturas cometidas en centros clandestinos ubicados en Rocha, Colonia y Boiso Lanza, fueron realizadas en venganza del asesinato del coronel Ramón Trabal, quien fue asesinado un día antes en Francia. Pero en esta relación tampoco la Justicia encuentra las pruebas necesarias para comprobar la vinculación. El coronel era jefe de Inteligencia Militar y luego fue trasladado a Londres y París, como agregado militar, y su asesinato fue atribuido al comando tupamaro.

Lo único que posee la magistrada al respecto son testimonios de ex presos, que afirmaron el hecho de que los militares antes de torturarlos les anunciaban que lo hacían en venganza de Trabal, o lo comentaban entre ellos.

Esta causa fue amparada en la Ley de Caducidad, y excluida a pedido de la fiscal Tellechea en febrero de 2011, por lo que se reactivaron las investigaciones. Asimismo, se continúa la investigación de la desaparición del hijo recuperado, Amaral García, hijo de Floreal García y Mirtha Hernández. El joven fue separado de sus padres a los tres años, luego de que fueron asesinados, y lo entregaron a la familia de un policía integrante del Servicio de Información del Estado (Side). Diez años después, en 1985, la identidad de García fue recuperada.

Fuente: Ultimas Noticias