Los jueces letrados de Trabajo y los ministros de Tribunal de Apelaciones de Trabajo afirmaron ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores que la aplicación de la Ley Nº 18.572, de Abreviación de los Procesos Laborales, derivó en condiciones "casi esclavistas" de trabajo, en virtud de los exiguos plazos previstos para el desarrollo del proceso.
"Nos levantamos a las 7.30 horas, trabajamos toda la mañana, almorzamos, y a las 14.00 horas nuevamente nos sentamos a trabajar hasta las 17.00 o 18.00 horas; además, no contamos con sábados, domingos ni feriados libres. Este es un régimen casi esclavista; es más, parece que todos los derechos que estamos defendiendo para los demás trabajadores no nos abarcan a nosotros; es como si no fuésemos trabajadores", expresó la ministra de Trabajo, Julia Odella.
Los magistrados comparecieron ante el Parlamento como forma de mostrar el funcionamiento de la Justicia de Trabajo, tras la aprobación de la Ley Nº 18.572, cuyo objetivo fue la abreviación de los procesos mediante la creación de Juzgados de Instancia Única para casos de reclamos hasta $ 81.000 y la aceleración de plazos para la citación a audiencia, presentación de alegatos y dictado de sentencia en los trámites ordinarios.
El Parlamento debate, desde hace varias semanas diversas propuestas para modificar la norma, en virtud de la disposición de la Suprema Corte de Justicia por la cual se declaró la inconstitucionalidad de sus artículos 14, 17, 21 y 22. En este contexto, la Comisión recibió una extensa delegación de magistrados para interiorizarse sobre los efectos prácticos de la aplicación de la norma.
En este sentido, los magistrados destacaron "el espíritu" de la norma, por cuanto procuró acelerar los plazos para el dictado de sentencias en materia laboral. Sin embargo, los plazos previstos para el desarrollo del proceso significaron una exigencia excesiva y una disminución en la calidad de los fallos, expresaron.
"No estoy afirmando que esté bien que un juicio laboral dure ocho años, pero es muy difícil trabajar en un sistema que obliga a leer un expediente y resolverlo en dos días o hacer veinte o treinta sentencias en diez días", señaló la jueza Lina Fernández. "Todo el tiempo somos aplicadores del Derecho del trabajo; pero últimamente, con esta ley, estamos pensando si este Derecho está siendo aplicado para los jueces del trabajo en Uruguay. Lo digo porque todos tenemos salud y queremos seguir teniéndola, pero nuestro régimen de trabajo prácticamente es de esclavitud: nos sentamos a trabajar a las 7.00 horas y nos levantamos a las 20.00 horas y no tenemos sábados ni domingos libres", afirmó Fernández.
Los Juzgados de Trabajo recibieron en 2011 entre 1,2 y 1,6 demandas diarias por créditos laborales, lo que derivó en el dictado de cuatro o cinco sentencias por semana. El problema se incrementa en los Juzgados Letrados de Instancia Única, los cuales recibieron el 45% de las demandas presentadas en la capital. "En marzo de este año llegamos a tener hasta catorce sentencias por semana, lo que impide trabajar adecuadamente, porque se pierde la capacidad técnica al tener que resolver la situación de fondo reduciendo al máximo la argumentación por la falta de tiempo", aseveró la jueza de Instancia Única de 1º Turno, Ana Gabriela Rivas.
"Muchos entendemos que el espíritu de la ley es positivo ya que facilita que el trabajador pueda tener una solución a su situación de una forma más ágil. De todas maneras, hay que acompasar los plazos a lo que es la realidad estructural y la capacidad de trabajo de un ser humano, ya que llega un momento en que trabajamos doce o catorce horas por día para no atrasarnos", agregó Rivas
Fuente: La República