El mayor tráfico jurídico internacional de Uruguay tiene lugar con Argentina y Brasil y luego, en un segundo escalón, se ubican Paraguay, Chile, Estados Unidos, España y México, según informó el abogado Carlos Álvarez Cozzi, encargado de la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, una oficina que funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). La dependencia, creada en 1985, se ocupa de recibir y enviar la mayoría de los exhortos internacionales y, por tanto, es una pieza clave para el Poder Judicial y su labor de cooperación internacional tanto en investigaciones penales como en juicios civiles.
La Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, en contacto con sus oficinas pares de otros países, tramita al año unos 3.000 pedidos de cooperación (en materia penal) y rogatorias (a nivel de casos civiles), dijo Álvarez Cozzi.
El jerarca, que además es profesor de Derecho Privado y Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, explicó que normalmente Uruguay recibe más pedidos de cooperación de los que envía.
"A nivel internacional, Uruguay está calificado como un país cooperante", expresó Álvarez Cozzi a El País. "Todas las materias son importantes, y si bien un embargo es relevante para quien lo pide, para la Autoridad Central es más urgente una extradición o la restitución de un menor", agregó el funcionario.
Según detalló el abogado, del total de solicitudes que se tramitan, el 65% tienen relación con causas civiles (no penales como casos de familia, reclamos laborales, juicios por sucesiones). Y en muchos casos se trata de pedidos de "mero trámite" como notificaciones internacionales, pedidos de pruebas y adopción de medidas cautelares.
Mientras que de los casos penales, que representan el 35% del total de pedidos de cooperación, un tercio tienen que ver con investigaciones de organizaciones de delincuencia organizada transnacional, según dijo Álvarez Cozzi.
Entre esos casos, la gran mayoría apuntan a esclarecer presuntos delitos de lavado de activos, narcotráfico y corrupción pública, señaló el funcionario.
A raíz de la incidencia del trabajo de la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional en la colaboración judicial vinculada al combate del crimen organizado, los cuatro abogados que trabajan en la oficina están "en permanente contacto" con los jueces especializados en crimen organizado, Graciela Gatti y Jorge Díaz, destacó Álvarez Cozzi. La unidad del MEC también actúa ante casos de extradiciones, pero en esa materia su labor es más acotada, debido a que solo participa en las causas que se tramitan con países con los que Uruguay tiene tratados que así lo prevén. Y en este momento eso ocurre solo con Argentina, España y Panamá.
La Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional también tramita los casos de restitución de menores, que se registran cuando uno de los padres se lleva a un niño y lo retiene en el exterior o directamente cuando lo hace salir del país ilegalmente.
Ante esos casos, la oficina recibe la denuncia y la deriva al país en cuestión. Si el hecho ocurre en Uruguay, informa al juzgado correspondiente. La mayoría de estas situaciones se dan con Argentina, Brasil, España y Estados Unidos.
Fuente:El País/Pablo Meléndrez