"La mejor manera de hacer ineficientes los juzgados es llenarlos de papeles, que es el estadio al cual estamos empezando a llegar en este momento", expresó Díaz el martes 22 ante los legisladores de una comisión especial de la Cámara de Diputados que tiene a su cargo la tarea de analizar la legislación contra el lavado de activos.
Los dos juzgados, que fueron creados en la Rendición de Cuentas de 2009, están operativos desde fines de ese año. Una de las sedes está a cargo de Díaz y la otra es dirigida por la jueza Graciela Gatti, quien no asistió al Parlamento por encontrarse en el exterior.
La sobrecarga de casos ha hecho que "muchas veces" no se pueda "dar respuesta a todos los problemas que se nos plantean o iniciar todas las investigaciones que se nos plantean", dijo Díaz, según la versión taquigráfica del encuentro.
"A nosotros nos gustaría tener la posibilidad de investigar todas las denuncias, pero la realidad indica que tenemos un cierto número de casos que podemos atender, sobre todo, porque tenemos cierto número de soportes administrativos para llevar a cabo la investigación", señaló el juez.
En tal sentido, Díaz dijo que hay un aumento importante en las denuncias anónimas que llegan a los juzgados en un promedio de al menos una por día. El magistrado contó que la vía más habitual es mediante sobres por debajo de la puerta.
El problema radica, según el juez, en que muchos de esos casos no presentan elementos ni datos concretos, lo que "hace absolutamente imposible seguir una pista".
"Hemos recibido denuncias como, por ejemplo: investigue el sistema de compras del Estado. Es absolutamente imposible iniciar una investigación con ese grado de generalidad. De repente, es un empresario que perdió una licitación y no nos da elementos como para empezar una investigación seria", señaló Díaz.
Sin embargo, el juez aclaró que la sobrecarga de trabajo no es un problema solamente en los juzgados, sino también en las dependencias policiales que trabajan con las sedes, ya que no cuentan con el personal necesario para llevar a cabo todas las investigaciones.
En su comparecencia ante los legisladores, Díaz hizo referencia a las técnicas de investigación que se utilizan en los juzgados, sobre todo, lo que tiene que ver con las escuchas telefónicas.
Para Díaz, "parece ser que hay gente que tiene la sensación de que estamos todos vigilados, sometidos a una especie de ojo del demonio que todo lo ve, pero en verdad, no es así".
El magistrado explicó que no hay riesgo de que se hagan escuchas telefónicas sin orden judicial, pero resaltó que los jueces han pedido al Ministerio del Interior que centralice esa tarea en una única oficina, con el objetivo de organizar mejor el trabajo y ejercer mejores controles.
Díaz planteó que sería positivo que, a través de un software informático, la oficina encargada de realizar las escuchas tenga un registro de los números de celular de los legisladores y jerarcas de gobierno para saber "qué teléfonos están utilizando".
Con eso, se evitaría la posibilidad de que en algún momento la Policía pida la intervención del teléfono de un presunto indagado "y después puede resultar que ese teléfono es, por ejemplo, de un senador".
"Si el juez diera la orden de interceptar algún teléfono de un señor legislador, el sistema va a informar esa situación. Puede ser que el juez diga que está investigando a ese señor legislador por tal o cual cosa, pero también puede ser que hayan pasado gato por liebre", explicó el magistrado.
Por otro lado, en cuanto a la figura del "colaborador", Díaz indicó que no ha generado grandes dificultades, en tanto que el "agente encubierto" todavía no se ha utilizado.
Fuente: El País digital