Si bien no hay información oficial de este procedimiento que se cumplió por parte de la Policía salteña, los vehículos fueron retirados desde una finca de la calle Misiones al 300 y depositados en Plaza de Armas de Jefatura al promediar la mañana de ayer.
Las actuaciones en este sonado caso que involucró a funcionarios de Aduanas, de la Dirección Nacional de Migración y de Barrera Sanitaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, proseguirían en las próximas horas cuando se libren nuevos oficios sobre las otras personas que fueron procesadas por delitos de asociación para delinquir y contrabando y que aún sigue investigando en Salto la jueza Marcela Vargas, quien fue la que actuó en primera instancia una vez presentada la denuncias y las pruebas por parte de la propia Dirección Nacional de Aduanas para terminar con una red de corrupción dentro de sus propias filas, la que permitía el ingreso de mercaderías en forma ilegal desde Argentina a través del puente de Salto Grande.
Con relación a las 13 personas que están procesadas en la cárcel local, las mismas se encuentran aisladas en un pabellón en prevención de extorsiones que puedan existir de parte de esa población, en virtud de los montos de dinero que se supo manejaba la organización y por hechos que podrían desestabilizar la seguridad de la penitenciaría.
La jueza especializada en Crimen Organizado, por su parte, abrió un capítulo complejo de la investigación. El mismo tiene que ver con la presunción de lavado de activos provenientes del contrabando. En esa línea se inscribe entonces la primera medida adoptada por la magistrada en relación con quien se ha señalado como el "cerebro" de la organización. En el curso de la investigación surgieron fuertes indicios de que este hombre manejaba suculentas cuentas en dólares y varias propiedades.
Fuente: El País digital Luis Pérez