Los datos se traducen de expedientes confusos y muchas veces inaccesibles, pertenecientes al Ministerio Público de Brasil. En estos están estampados centenares de denuncias que llegaron en los últimos tres años a la Auditoría Nacional de Derechos Humanos. En por lo menos seis estados -Ceará, Río Grande del Norte, Paraíba, Goiás, Mato Grosso y San Pablo- la presencia de grupos de exterminio está confirmada, asegura el auditor Fermino Fecchio Fiho.
Denuncias de brasileños sin rostro y las noticias de turbulentos casos de omisión o abuso de autoridad, llevan al auditor a concluir que los grupos de exterminio están diseminados por todo el país. Según él, las violaciones a los derechos humanos son alimentadas por las fallas de la estructura del sistema: la negligencia de la Justicia y el corporativismo policial.
"No se tiene un grupo de exterminio, si no se tiene a policías involucrados. Lo que más le choca a uno son los actos de represión, seguida de muerte. No se divulgan siquiera los informes de balística. La mayor causa de las muertes se señala que fue camino al hospital, pero en realidad la persona muere antes. Cuando se consigue un informe, se ve que las víctimas tienen 12 o 20 tiros", asegura el auditor.
Omisión Policial. En Maceió -capital del estado brasileño de Alagoas- más de 30 indigentes que vivían en las calles fueron asesinados en el año pasado. Para el gobierno del estado, todos fueron víctimas de disputas callejeras. Al analizar caso a caso, con el apoyo de la Fuerza Nacional de Seguridad, Fecchio Fiho llegó a otra conclusión.
"Un ex PM (Policía Militar) es responsable de dos de esas muertes. Otras cuatro muertes tienen a dos investigadores de la Policía Civil involucrados. Un vigilante es responsable de tres muertes más", manifestó.
La semana pasada, la muerte de Paulo Víctor de Azevedo cumplió un año. El joven de 16 años fue una, entre muchas víctimas, de un asesinato serial que aterrorizó la ciudad de Luziânia, en Goiás, en 2010. Este caso de omisión refuerza la crisis de seguridad en torno al gobierno, en una de las regiones más violentas del país. Por más de dos meses, la madre del joven, Sonia de Azevedo Lima -junto con otras madres de chicos que fallecieron-, pidió justicia. La respuesta se la dio el delegado Rosivaldo Linhares Rosa, que tejió una versión diferente a la que ella sabe.
"`El muchachito está con un amigo. Eso es común aquí. Muchos hijos desaparecen`, me dijo. Si pudiese lo estrangulo", dijo indignada Sonia.
Tras esto, el Ministerio Público de Luziânia cruzó datos de la Policía con los registros de muertes violentas del Instituto Médico Legal. De esta manera descubrieron una violación alarmante: varias de las muertes no tenían siquiera una investigación iniciada.
Ciudades amenazadas. De acuerdo con el auditor, ciudades como Río de Janeiro y San Pablo también están bajo amenaza. Crímenes como los sucedidos en la llamada matanza de Alcari -un barrio humilde de Río en el que, en 1990, hombres vestidos de policías secuestraron y supuestamente mataron a 11 personas, entre ellas tres niñas- y 40 asesinatos ocurridos en Baixada Santista -una de las zonas más violentas del estado de San Pablo- en 2008, nunca fueron esclarecidos. Pero las principales violaciones suceden en el Nordeste.
Por otro lado, Fecchio Fiho sostiene que una de las mayores amenazas es la que sufren los homosexuales. "Es un exterminio de gays en este país. Unos 200 gays son ejecutados cada año, y éstos son sólo los que se registraron. Ahora, cuando usted va a averiguar sobre esos casos a las comisarías de los estados, estos se niegan a proporcionarla", afirma.
Desde diciembre, la lucha contra las violaciones de los derechos humanos se reforzó con la reestructuración de "Disque 100", un número de teléfono creado por el gobierno federal para recibir denuncias. Hasta finales de 2010 este número solo atendía casos en los que estuvieran involucrados adolescentes o niños; ahora, el servicio recibe denuncias de ataques contra personas mayores, homosexuales e incapacitados.
La Auditoría de Derechos Humanos pasó todo el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, sin siquiera tener un presupuesto propio. Fecchio Fiho revela que, ahora se reforzó la estructura, y la auditoría continuará contabilizando muertes, pero además proporcionará estadísticas para que el gobierno se anticipe a las tragedias.
"El desafío que tenemos es ofrecer datos detallados a la sociedad para que tengamos políticas preventivas en los lugares que hay violaciones agudas a los derechos humanos. Solo con esta estadística y con un control social menos débil, será posible cambiar esta realidad", concluye el auditor.
Caen dos brutales asesinos
Dos integrantes de un grupo de exterminio responsable por la muerte de un hombre en 2006 fueron denunciados y presos por el Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro. Según la denuncia, Robson e Rubinho asesinaron a Ramón Ribeiro Santos cuando este conversaba con algunas personas en un bar de la zona Oeste de la ciudad. Ramón recibió numerosos tiros. Robson e Rubinho ya tenían en su haber otros homicidios.
Fuente: O GLOBO/GDA/El Pais