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03_Gonzalo_Fernandez¿QUE LE PASA AL DR. GONZALO FERNANDEZ CON EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS?
Por Jean Georges Almendras
En términos de cuestionamiento a la existencia del delito de lavado de activos y a las herramientas creadas para combatirlo se refirió el abogado penalista uruguayo Gonzalo Fernández,ex secretario de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay y ex Ministro de Relaciones Exteriores, durante la administración del doctor Tabaré Vázquez de quien fue su brazo derecho y hombre de confianza, en el prólogo de su autoría para el libro “Responsabilidad penal de los profesionales jurídicos”. Términos que cayeron como una bomba de alto poder destructivo, generando sorpresa,  malestar y una dura reacción en el ámbito que encara la lucha contra el crimen organizado, en particular en el seno de las secretarías de la Presidencia,desde donde en los últimos tiempos se están concretando estrategias para ir contra el lavado de activos.
juecesEn el año 2009 dialogué personalmente con los jueces especializados en Crimen Organizado en el Uruguay, doctor Jorge Diaz y doctora Graciela Gatti, explicándome ambos, con lujo de detalles las razones por las cuales se habían creado los juzgados especializados. Una explicación suficiente y sólida que incluí oportunamente en el documental sobre la incidencia de la mafia Cosa Nostra en Sudamérica y en el mundo –titulado “Resistencia”-que realicé para presentar exclusivamente en el 4to Congreso Internacional y 2do Nacional en la lucha contra la Mafia y la Corrupción que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Una explicación que en esencia y en forma, y en concepto, apuntaba a destacar la necesidad del Estado uruguayo por crear los juzgados especializados, considerándose como elemental tarea de esa nueva estrategia Antimafiosa, encarar un tema preocupante, como ser el del lavado de activos, como una respuesta más que urgente ante el avance da la cultura criminal relacionada estrechamente con el narcotráfico, en el Uruguay, en la región y en el mundo.
02_Gonzalo_FernandezRecuerdo perfectamente las apreciaciones de los jueces y considero que vale la pena sacarlas a luz a propósito del presente informe, relativo a la opinión del doctor Gonzalo Fernández. Por ejemplo, la doctora 02_Jueza_Graciela_GattiGraciela Gatti, ubicada en su despacho de la sede instalada en una vieja casona de la calle Buenos Aires, dijo:”los juzgados fueron creados por la Ley de Rendición de Cuentas en el año 2008, ley 18.362 y esto tiene una historia que viene desde hace ya mucho tiempo. En un primer momento, por la Ley 7.835 se previó la posibilidad de transformar dos juzgados penales en juzgados especializados en lavado de activos. Se habla de juzgados porque en el Uruguay tenemos un sistema todavía inquisitivo donde es el juez el que investiga. Por lo tanto, en muchos países existen fiscalías especializadas pero en el Uruguay en la medida que quien investiga es el juez, es fundamental que sea el investigador quien este especializado en la materia. Tiene una gran complejidad porque  hay que trabajar con una agilidad particular para poder llegar a tiempo a la toma de decisiones y en un juzgado con la materia penal completa resulta bastante difícil. En un primer momento entonces, se autorizó a la Suprema Corte de Justicia a transformar dos juzgados penales comunes en juzgados especializados en lavado de activos. Esta transformación nunca se hizo por varios motivos. Primero porque no había en ese momento suficiente materia prima por llamarlo de algún modo, es decir no habían habido tantos casos  de lavado de activos en nuestro país en ese momento y además porque tampoco era posible suprimir dos juzgados penales. Finalmente, se creó una comisión interinstitucional que trabajó en el año diaz2007 y 2008 y que simplemente elaboró la ley que hoy rige la 18.362 por la cual se crearon estos juzgados especializados en crimen organizado, que en realidad tienen una competencia mucho más amplia: comprenden delitos de crimen organizado, pero también delitos que pueden darse fuera del marco del crimen organizado como delitos de quiebras fraudulentas, insolvencias fraudulentas y todos los delitos de corrupción pública”
Por su parte, su colega Jorge Diaz, entrevistado también para el documental destinado al Congreso de la Universidad Nacional de Rosario, de la República Argentina, señaló:”De la historia de la creación de los juzgados surge la madre o el centro de la cuestión, que es el lavado, que hace parte de una represión sobre el lavado de activos, y se van incluyendo todos los delitos más importantes precedentes del lavado de activos: narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y corrupción pública. Todos aquellos delitos que en general son delitos precedentes del lavado, se incluyeron como competencia de estos juzgados. Pero reitero, como un eje central desde de un punto de vista ideológico si se quiere definir de alguna manera el tema del lavado, porque yo creo que el Uruguay tuvo, y yo creo que aún tiene, pero si bien ha mejorado muchísimo, serias dificultades en lo que nosotros podemos definir como el combate al delito de lavado de activos, producto de un pasado de un sistema financiero bastante libre y de una multiplicidad de figuras de personería jurídica que facilitan que sean utilizables como vehículos para lavar dinero”
ERA Y ES IMPENSABLE
miltoncarlos_diaz1El sentir, la opinión y la convicción respecto al tema del lavado de activos, de los jueces especializados en Crimen Organizado, no dista mucho del parecer de quienes desde sitiales de gobierno, pública  y operativamente se han declarado participantes de la estrategias directas contra el lavado de activos, tal es el caso de Milton Romani director de la Junta Nacional de Drogas y de Carlos Díaz, Director de la Secretaría Antilavado.
Entonces, cuando estos funcionarios son consultados por la prensa tras conocerse el prólogo del abogado penalista, para un libro y que fuera reproducido por el semanario Búsqueda de la ciudad de Montevideo en el que Fernández sostiene que: “ni siquiera creo en la autonomía conceptual del lavado de dinero –un invento artificial suficientemente comprendido en la modalidad del encubrimiento real- y menos aún, en toda la “administrativización” que esa diletante figura jurídica ha conseguido incorporar al Derecho  Penal. Vivimos en el aura de una suerte de Derecho Penal imperial, que se exporta desde los países centrales hacia el margen y allí se lo adopta sin chistar” resulta más que valido esperar su reacción, su malestar y su sorpresa. Por ejemplo, en diálogo con un colega de Ultimas Noticias, Díaz fue contundente: “recibimos estas  afirmaciones con mucha sorpresa, sobre todo por quien las hace. Muchos de nosotros trabajamos y arriesgamos nuestras vidas teniendo como jerarca directo a quien hace esas declaraciones y nos asombra el haber trabajado en ese escenario, es decir con un jerarca que pensaba que estábamos combatiendo un delito que no debía ser combatido”.
Y como si fuera poco, otro factor se puso sobre el tapete de parte del penalista Fernández. Cuestionó el hecho de obligarse a los escribanos a reportar operaciones sospechosas y las figuras del “arrepentido” y “el agente encubierto”, Curbelo_Tamaro_2y además puso en tela de juicio toda la estructura legal sobre la que se apoyó la política contra el crimen organizado desde el 2005 a la fecha. Una postura que era (y es impensable) de su parte, justo cuando todavía se están comentando y oyendo en medios de comunicación y en las sedes judiciales, las repercusiones de los procesamientos con prisión de profesionales del derecho por el delito de lavado de activos, nos estamos refiriendo al abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro, un escribano y otras personas
Milton Romani, director de la Junta Nacional de Drogas, dijo a la prensa que “los que lavan el dinero son los que construyen la fachada legal del narcotráfico, de la corrupción y el crimen organizado, a los intocables de siempre, a los grandes hay que agarrarlos del gorro y mandarlos para adentro. Decomisar sur bienes que es lo que más les duele. Con las garantías del debido proceso, armando normas en consulta con el Poder Judicial como hicimos desde la Junta Nacional de Drogas, incluso con la opinión  de juristas de renombre como uno de los autores del libro, pero con la decisión política de atacar a los grandes, a los famosos de cuello blanco, a los que figuran en las fotos de las sociales”
Quien resultó muy categórico y crítico para con los dichos del doctor Gonzalo Fernández fue el Director de la Secretaría Antilavado señaló “¿Cuál es el problema que los escribanos reporten operaciones inmobiliarias dudosas?¿Que informen que un narco les viene a tocar el timbre? Estan informando a un sistema que ofrece todas las garantías y no hay nada novedoso en esto”.
Y además, Díaz no está de acuerdo con el abogado penalista Gonzalo Fernández, cuando dice que el Uruguay ha adoptado un Derecho Penal imperial:”La corriente fue generada en otros países porque el delito fue generado en otro país –señala Díaz. Acá combatimos algo exógeno con algo exógeno. ¿Qué hacemos frente a estas organizaciones que lavan dinero y nos llenan de droga estropeando a nuestros jóvenes?¿No hacemos nada reivindicando enfoques sesentistas de que porque viene de afuera no hay que adoptarlo? No lo compartimos. Siempre hemos actuado en el marco de la ley, el lavado de activo es tratar de darle origen lícito a un dinero ilícito. Nunca recibimos del doctor Fernández –cuando este era secretario de la Presidencia- comentarios de este tenor y de haber sido así habría tenido que renunciar. Esas afirmaciones son absolutamente inadmisibles. No sé en un plano académico, abstracto, qué puede sostenerse, pero en la realidad no es así y nosotros tenemos que cuidar los valores de la sociedad. Dicen que hemos importado la legislación pero en ese mismo artículo cita a autores alemanes. ¿De qué estamos hablando? Suena risible pero no lo voy a decir porque respeto al doctor Fernández pero la línea dialéctica no se sostiene. Cuando se critica la existencia del lavado de activos como delito de alguna manera se están avalando los delitos que lo producen ¿Se está queriendo decir que al que se hace rico con la droga o la corrupción no se lo puede tocar?”
CAIGA QUIEN CAIGA
Milton Romani, director de la Junta Nacional de Drogas fue mucho más allá, en el diálogo con el periodista del diario matutino Ultimas Noticias. Recordó que “caiga quien caiga” fue la consigna en todo el período 2005 a 2010 impuesta por el ex presidente Tabaré Vázquez y en ese sentido “revisar eso es sumarse a la reacción de los poderosos que están molestos e inquietos, que mueven todas sus influencias para que demos marcha atrás. Para mí es un aspecto sustancial de la política de drogas. Si no somos inflexibles con esto, lo que queda, como siempre, es castigar y perseguir el pobrerío. A los que no tienen ni abogados, ni profesores, ni escribanos, ni políticos que salgan a defenderlos”
Asimismo Romani consideró que la opinión de Fernández “es una mala señal por su militancia política y responsabilidad y se preguntó cómo leen su pensamiento los que están embarrados en una cuneta esperando que aterrice una avioneta por un sueldo escaso. ¿No podrán pensar con legítimo derecho que ellos son carne de cañón para agarrar a los perejiles, mientras los que lucran verdaderamente siguen en la joda?”
Agregó después, coincidiendo con Carlos Díaz, que ningún  profesional fue preso por ejercer su profesión y destacó que el marco jurídico ofrece todas las garantías. Estimo:”Los procesados por lavado, colegas de Gonzalo, no lo fueron por el ejercicio de su profesión como se quiere hacer creer. Fueron en cana, como otros “intocables”, por hacer negocios ilícitos. La discusión jurídica tiene sus momentos”.
EL COMPROMISO.....
Narcotrfico_01Cuando desde esta página nos referimos a diario sobre los nefastos avances y sobre lo desarrollado que se encuentra el crimen organizado en el Uruguay, la región y el mundo, no es un mero entretenimiento periodístico o idiomático. Es un compromiso. El mismo compromiso que asumieron Milton Romani y Carlos Diaz, los jueces especializados en Crimen Organizado, Jorge Diaz y Graciela Gatti, fiscales de esa sede, los jueces de otras sedes y fiscalías penales, los funcionarios judiciales que trabajan con magistrados y fiscales, los funcionarios policiales afectados a la investigación, los funcionarios que estuvieron embarrados en una cuneta esperando que aterrice una avioneta por un sueldo escaso, los funcionarios navales que igualmente desmotivados salarialmente investigaron sigilosamente y con paciencia infinita –y a riesgo de sus vidas-  el movimiento de narcotraficantes preparando el traslado de un descomunal lote de droga en una embarcación de altísimo valor que lapso después fue incautada en un puerto de la zona de la barra de Santiago Vázquez ,cerca de Montevideo, y el ciudadano común –y usted lector, por cierto- que tiene conciencia del grave problema que nos significa a todos el crimen organizado del 2010.
Son múltiples los brazos y las mentes de los profesionales del Derecho, y de los operadores de la Justicia, del Uruguay narcoy del mundo entero que viven ese compromiso, como muchos son también los periodistas del Uruguay, de la región y del mundo que se suman, con mucha convicción a ese  compromiso. Y muchas son las vidas que se han perdido –y se siguen perdiendo-  en Sudamérica, México, Colombia e Italia, entre otros  países, por ese compromiso.
Entonces, era  (y es) impensable suponer tales opiniones nada menos que provenientes de Gonzalo Fernández, un operador del Derecho que ocupara sitiales de primera fila, en el gobierno de Tabaré Vázquez, en la lucha contra el crimen organizado –y que seguramente no debe ignorar  los asesinatos en la década del 90, en Palermo, Sicilia, de los jueces del pool Antimafia, como Giovanni Falcone y Paolo Borselino, entre otras víctimas; muertes estrechamente vinculadas con el poder mafioso , que como sabrá entender el doctor Fernández, no está distante, ni en el tiempo ni en operatividad, con el poder del crimen organizado de nuestros días, en el Uruguay, la región y el  mundo- a menos que  -defendiendo tecnicismos de neto corte jurídico- Fernández corra serios riesgos de transformarse en un eslabón  de la maquinaria criminal , en una de sus voces y lo que podría ser más grave aún, en un profesional con clara tendencia a divulgar opiniones que hasta podrían ser consideradas como una suerte de apología del delito. Sería algo por demás lamentable  y bochornoso para su prestigio profesional y sus ideas de socialista, que ya quedaron bajo la lupa de la comunidad jurídica, del parlamento nacional, de la fuerza política que integra (el Partido Socialista, del Encuentro Progresista, Frente Amplio) y de la opinión pública, tras la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 que posibilitó la anulación de los delitos cometidos por los hermanos Peirano, sin mencionar que además “olvidó” comunicar al Parlamento, que su esposa, otra prestigiosa abogada, como parte del estudio jurídico suyo ( de Fernández)  defendía a un indagado en las maniobras de defraudación bancaria por las cuales los hermanos Peirano fueron procesados con prisión oportunamente.
Entonces, así como cae de maduro que desde la Secretaría Antilavado y de la Junta Nacional de Drogas se defendieran las herramientas legales y se reaccionara frente a las opiniones del abogado penalista Fernández, también cae de maduro que desde estas página uno pueda preguntarse:¿Qué le pasa al doctor Gonzalo Fernández con el delito de lavado de activos?. ¿Es coherente la interrogante no?
¿QUE LE PASA AL DR. GONZALO FERNANDEZ CON EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS?
Por Jean Georges Almendras
En términos de cuestionamiento a la existencia del delito de lavado de activos y a las herramientas creadas para combatirlo se refirió el abogado penalista uruguayo Gonzalo Fernández, ex secretario de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay y ex Ministro de Relaciones Exteriores, durante la administración del doctor Tabaré Vázquez de quien fue su brazo derecho y hombre de confianza, en el prólogo de su autoría para el libro “Responsabilidad penal de los profesionales jurídicos”. Términos que cayeron como una bomba de alto poder destructivo, generando sorpresa,malestar y una dura reacción en el ámbito que encara la lucha contra el crimen organizado, en particular en el seno de las secretarías de la Presidencia,desde donde en los últimos tiempos se están concretando estrategias para ir contra el lavado de activos.
juecesEn el año 2009 dialogué personalmente con los jueces especializados en Crimen Organizado en el Uruguay, doctor Jorge Diaz y doctora Graciela Gatti, explicándome ambos, con lujo de detalles las razones por las cuales se habían creado los juzgados especializados. Una explicación suficiente y sólida que incluí oportunamente en el documental sobre la incidencia de la mafia Cosa Nostra  en Sudamérica y en el mundo –titulado “Resistencia”- que realicé para presentar exclusivamente en el 4to Congreso Internacional y 2do Nacional en la lucha contra la Mafia y la Corrupción que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Una explicación que en esencia y en forma, y en concepto, apuntaba a destacar la necesidad  del Estado uruguayo por crear los juzgados especializados, considerándose como elemental tarea de esa nueva estrategia Antimafiosa, encarar un tema preocupante, como ser el del lavado de activos, como una respuesta más que urgente ante el avance da la cultura criminal relacionada estrechamente con el narcotráfico, en el Uruguay, en la región y en el mundo.
02_Gonzalo_FernandezRecuerdo perfectamente las apreciaciones de los jueces y considero que vale la pena sacarlas a luz a propósito del presente informe, relativo a la opinión del doctor Gonzalo Fernández. Por ejemplo, la doctora 02_Jueza_Graciela_GattiGraciela Gatti, ubicada en su despacho de la sede instalada en una vieja casona de la calle Buenos Aires, dijo:”los juzgados fueron creados por la Ley de Rendición de Cuentas en el año 2008, ley 18.362 y esto tiene una historia que viene desde hace ya mucho tiempo. En un primer momento, por la Ley 7.835 se previó la posibilidad de transformar dos juzgados penales en juzgados especializados en lavado de activos. Se habla de juzgados porque en el Uruguay tenemos un sistema todavía inquisitivo donde es el juez el que investiga. Por lo tanto, en muchos países existen fiscalías especializadas pero en el Uruguay en la medida que quien investiga es el juez, es fundamental que sea el investigador quien este especializado en la materia como. Tiene una gran complejidad porque hay que trabajar con una agilidad particular para poder llegar a tiempo a la toma de decisiones y en un juzgado con la materia penal completa resulta bastante difícil. En un primer momento entonces, se autorizó a la Suprema Corte de Justicia a transformar dos juzgados penales comunes en juzgados especializados en lavado de activos. Esta transformación nunca se hizo por varios motivos. Primero porque no había en ese momento suficiente materia prima por llamarlo de algún modo, es decir no habían habido tantos casos  de lavado de activos en nuestro país en ese momento y además porque tampoco era posible suprimir dos juzgados penales. Finalmente, se creó una comisión interinstitucional que trabajó en el año diaz2007 y 2008 y que simplemente elaboró la ley que hoy rige la 18.362 por la cual se crearon estos juzgados especializados en crimen organizado, que en realidad tienen una competencia mucho más amplia: comprenden delitos de crimen organizado, pero también delitos que pueden darse fuera del marco del crimen organizado como delitos de quiebras fraudulentas, insolvencias fraudulentas y todos los delitos de corrupción pública”
Por su parte, su colega Jorge Diaz, entrevistado también para el documental destinado al Congreso de la Universidad Nacional de Rosario, de la República Argentina, señaló:”De la historia de la creación de los juzgados surge la madre o el centro de la cuestión, que es el lavado, que hace parte de una represión sobre el lavado de activos, y se van incluyendo todos los delitos más importantes precedentes del lavado de activos: narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y corrupción pública. Todos aquellos delitos que en general son delitos precedentes del lavado, se incluyeron como competencia de estos juzgados. Pero reitero, como un eje central desde de un punto de vista ideológico si se quiere definir de alguna manera el tema del lavado, porque yo creo que el Uruguay tuvo, y yo creo que aún tiene, pero si bien ha mejorado muchísimo, serias dificultades en lo que nosotros podemos definir como el combate al delito de lavado de activos, producto de un pasado de un sistema financiero bastante libre y de una multiplicidad de figuras de personería jurídica que facilitan que sean utilizables como vehículos para lavar dinero”
ERA Y ES IMPENSABLE
miltoncarlos_diaz1El sentir, la opinión y la convicción respecto al tema del lavado de activos, de los jueces especializados en Crimen Organizado, no dista mucho del parecer de quienes desde sitiales de gobierno, pública y operativamente se han declarado participantes de la estrategias directas contra el lavado de activos, tal es el caso de Milton Romani director de la Junta Nacional de Drogas y de Carlos Díaz, Director de la Secretaría Antilavado.
Entonces, cuando estos funcionarios son consultados por la prensa tras conocerse el prólogo del abogado penalista, para un libro y que fuera reproducido por el semanario Búsqueda de la ciudad de Montevideo en el que Fernández sostiene que: “ni siquiera creo en la autonomía conceptual del lavado de dinero –un invento artificial suficientemente comprendido en la modalidad del encubrimiento real- y menos aún, en toda la “administrativización” que esa diletante figura jurídica ha conseguido incorporar al Derecho  Penal. Vivimos en el aura de una suerte de Derecho Penal imperial, que se exporta desde los países centrales hacia el margen y allí se lo adopta sin chistar” resulta más que valido esperar su reacción, su malestar y  su sorpresa. Por ejemplo, en diálogo con un colega de Ultimas Noticias, Díaz fue contundente: “recibimos estas  afirmaciones con mucha sorpresa, sobre todo por quien las hace. Muchos de nosotros trabajamos y arriesgamos nuestras vidas teniendo como jerarca directo a quien hace esas declaraciones y nos asombra el haber trabajado en ese escenario, es decir con un jerarca que pensaba que estábamos combatiendo un delito que no debía ser combatido”.
Y como si fuera poco, otro factor se puso sobre el tapete de parte del penalista Fernández. Cuestionó el hecho de obligarse a los escribanos a reportar operaciones sospechosas y las figuras del “arrepentido” y “el agente encubierto”, Curbelo_Tamaro_2y además puso en tela de juicio toda la estructura legal sobre la que se apoyó la política contra el crimen organizado desde el 2005 a la fecha. Una postura que era (y es impensable) de su parte, justo cuando todavía se están comentando y oyendo en medios de comunicación y en las sedes judiciales, las repercusiones de los procesamientos con prisión de profesionales del derecho por el delito de lavado de activos, nos estamos refiriendo al abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro, un escribano y otras personas
Milton Romani, director de la Junta Nacional de Drogas, dijo a la prensa que “los que lavan el dinero son los que construyen la fachada legal del narcotráfico, de la corrupción y el crimen organizado, a los intocables de siempre, a los grandes hay que agarrarlos del gorro y mandarlos para adentro. Decomisar sur bienes que es lo que más les duele. Con las garantías del debido proceso, armando normas en consulta con el Poder Judicial como hicimos desde la Junta Nacional de Drogas, incluso con la opinión de juristas de renombre como uno de los autores del libro, pero con la decisión política de atacar a los grandes, a los famosos de cuello blanco, a los que figuran en las fotos de las sociales”
Quien resultó muy categórico y crítico para con los dichos del doctor Gonzalo Fernández fue el Director de la Secretaría Antilavado señaló “¿Cuál es el problema que los escribanos reporten operaciones inmobiliarias dudosas?¿Que informen que un narco les viene a tocar el timbre? Estan informando a un sistema que ofrece todas las garantías y no hay nada novedoso en esto”.
Y además, Díaz no está de acuerdo con el abogado penalista Gonzalo Fernández, cuando dice que el Uruguay ha adoptado un Derecho Penal imperial:”La corriente fue generada en otros países porque el delito fue generado en otro país –señala Díaz. Acá combatimos algo exógeno con algo exógeno. ¿Qué hacemos frente a estas organizaciones que lavan dinero y nos llenan de droga estropeando a nuestros jóvenes?¿No hacemos nada reivindicando enfoques sesentistas de que porque viene de afuera no hay que adoptarlo? No lo compartimos. Siempre hemos actuado en el marco de la ley, el lavado de activo es tratar de darle origen lícito a un dinero ilícito. Nunca recibimos del doctor Fernández –cuando este era secretario de la Presidencia- comentarios de este tenor y de haber sido así habría tenido que renunciar. Esas afirmaciones son absolutamente inadmisibles. No sé en un plano académico, abstracto, qué puede sostenerse, pero en la realidad no es así y nosotros tenemos que cuidar los valores de la sociedad. Dicen que hemos importado la legislación pero en ese mismo artículo cita a autores alemanes. ¿De qué estamos hablando? Suena risible pero no lo voy a decir porque respeto al doctor Fernández pero la línea dialéctica no se sostiene. Cuando se critica la existencia del lavado de activos como delito de alguna manera se están avalando los delitos que lo producen ¿Se está queriendo decir que al que se hace rico con la droga o la corrupción no se lo puede tocar?”
CAIGA QUIEN CAIGA
Milton Romani, director de la Junta Nacional de Drogas fue mucho más allá, en el diálogo el periodista del diario matutino Ultimas Noticias. Recordó que “caiga quien caiga” fue la consigna en todo el período 2005 a 2010 impuesta por el ex presidente Tabaré Vázquez y en ese sentido “revisar eso es sumarse a la reacción de los poderosos que están molestos e inquietos, que mueven todas sus influencias para que demos marcha atrás. Para mí es un aspecto sustancial de la política de drogas. Si no somos inflexibles con esto, lo que queda, como siempre, es castigar y perseguir el pobrerío. A los que no tienen ni abogados, ni profesores, ni escribanos, ni políticos que salgan a defenderlos”
Asimismo Romani consideró que la opinión de Fernández “es una mala señal por su militancia política y responsabilidad y se preguntó cómo leen su pensamiento los que están embarrados en una cuneta esperando que aterrice una avioneta por un sueldo escaso. ¿No podrán pensar con legítimo derecho que ellos son carne de cañón para agarrar a los perejiles, mientras los que lucran verdaderamente siguen en la joda?”
Agregó después, coincidiendo con Carlos Díaz, que ningún  profesional fue preso por ejercer su profesión y destacó que el marco jurídico ofrece todas las garantías. Estimo:”Los procesados por lavado, colegas de Gonzalo, no lo fueron por el ejercicio de su profesión como se quiere hacer creer. Fueron en cana, como otros “intocables”, por hacer negocios ilícitos. La discusión jurídica tiene sus momentos”.
EL COMPROMISO.....
Narcotrfico_01Cuando desde esta página nos referimos a diario sobre los nefastos avances y sobre lo desarrollado que se encuentra el crimen organizado en el Uruguay, la región y el mundo, no es un mero entretenimiento periodístico o idiomático. Es un compromiso. El mismo compromiso que asumieron Milton Romani y Carlos Diaz, los jueces especializados en Crimen Organizado, Jorge Diaz y Graciela Gatti, fiscales de esa sede, los jueces de otras sedes y fiscalías penales, los funcionarios judiciales que trabajan con magistrados y fiscales, los funcionarios policiales afectados a la investigación, los funcionarios que estuvieron embarrados en una cuneta esperando que aterrice una avioneta por un sueldo escaso, los funcionarios navales que igualmente desmotivados salarialmente investigaron sigilosamente y con paciencia infinita –y a riesgo de sus vidas-  el movimiento de narcotraficantes preparando el traslado de un descomunal lote de droga en una embarcación de altísimo valor que lapso después fue incautada en un puerto de la zona de la barra de Santiago Vázquez ,cerca de Montevideo, y el ciudadano común –y usted lector, por cierto- que tiene conciencia del grave problema que nos significa a todos el crimen organizado del 2010.
Son múltiples los brazos y las mentes de los profesionales del Derecho, y de los operadores de la Justicia, del Uruguay narcoy del mundo entero que viven ese compromiso, como muchos son también los periodistas del Uruguay, de la región y del mundo que se suman, con mucha convicción a ese  compromiso. Y muchas son las vidas que se han perdido –y se siguen perdiendo-  en Sudamérica, México, Colombia e Italia, entre otros  países, por ese compromiso.
Entonces, era  (y es) impensable suponer tales opiniones nada menos que provenientes de Gonzalo Fernández, un operador del Derecho que ocupara sitiales de primera fila, en el gobierno de Tabaré Vázquez, en la lucha contra el crimen organizado –y que seguramente no debe ignorar  los asesinatos en la década del 90, en Palermo, Sicilia, de los jueces del pool Antimafia, como Giovanni Falcone y Paolo Borselino, entre otras víctimas; muertes estrechamente vinculadas con el poder mafioso , que como sabrá entender el doctor Fernández, no está distante, ni en el tiempo ni en operatividad, con el poder del crimen organizado de nuestros días, en el Uruguay, la región y el  mundo- a menos que  -defendiendo tecnicismos de neto corte jurídico- Fernández corra serios riesgos de transformarse en un eslabón  de la maquinaria criminal , en una de sus voces y lo que podría ser más grave aún, en un profesional con clara tendencia a divulgar opiniones que hasta podrían ser consideradas como una suerte de apología del delito. Sería algo por demás lamentable  y bochornoso para su prestigio profesional y sus ideas de socialista, que ya quedaron bajo la lupa de la comunidad jurídica, del parlamento nacional, de la fuerza política que integra (el Partido Socialista, del Encuentro Progresista, Frente Amplio) y de la opinión pública, tras la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 que posibilitó la anulación de los delitos cometidos por los hermanos Peirano, sin mencionar que además “olvidó” comunicar al Parlamento, que su esposa, otra prestigiosa abogada, como  parte del  estudio jurídico suyo ( de Fernández)  defendía a un indagado en las maniobras de defraudación bancaria  por las cuales los hermanos Peirano fueron procesados con prisión oportunamente.
Entonces, así como cae de maduro que desde la Secretaría Antilavado y  de la Junta Nacional de Drogas se defendieran las herramientas legales y se reaccionara frente a las opiniones del abogado penalista Fernández, también cae de maduro que desde estas página uno pueda preguntarse:¿Qué le pasa al doctor Gonzalo Fernández con el delito de lavado de activos?. ¿Es coherente la interrogante no?

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