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jueza_canessaperez_riestraSOCIETAS  SCELERIS”: LA SOCIEDAD DEL CRIMEN DEL EXPROCURADOR DEL ESTADO URUGUAYO  GUALBERTO PEREZ RIESTRA, DEFRAUDADOR


Por Jean Georges Almendras
El jueves 2 de setiembre de 2010, diarios y noticieros, primero  dieron a conocer que la justicia –en la persona de la magistrada Fanny Canessa, titular de la sede Penal de 6to Turno-  dictaba –en la noche misma de la jornada anterior- una orden de captura contra el procurador en lo Contencioso Administrativo, Gualberto Pérez Riestra, por la sencilla razón de que ese día, éste se había retirado del juzgado a donde iba a declarar en una causa de maniobra de fraude contra la Fundación Peluffo Giguens ( dedicada a niños enfermos oncológicos); y segundo, es decir, tan solo cuarenta y ocho horas después, divulgaban el procesamiento con prisión del profesional por reiterados delitos de estafa, Así de simple, ya que por más que el mismo Pérez Riestra negara su participación en tres estafas sujetas a investigación, para el fiscal y la jueza los indicios recabados en el expediente no dejaron dudas de su responsabilidad en las maniobras ilegales.
La sociedad uruguaya todavía no salía de su asombro por los casos de corrupción en la Armada Nacional cuando ya un nuevo caso de corrupción era detectado por la Justicia Penal. Un caso de corrupción que involucró directamente a quien fuera fiscal de Gobierno, el doctor Gualberto Pérez Riestra, un profesional que en junio del año 2009 fuera designado por Tabaré Vázquez como procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, cuya misión es intervenir en los procesos en los que se solicita la anulación de actos del Estado y controla la actividad estatal. Y vale ahora recordar,  a propósito del citado nombramiento ,  si acaso con tono tristemente irónico, que en el momento de asumir como procurador, la que fuera entonces Ministra de Cultura María Simón, destacó la trayectoria de Pérez Riestra, su formación y su criterio en el desempeño de la actividad profesional. Elogios que a la luz de los acontecimientos ahora pueden resultar ahora extremadamente llamativos y de hecho contradictorios. Elogios que ahora mismo la ex Ministra deberá estar cuestionándose con el amargo sabor de la decepción.
Pero siguiendo con la crónica de los acontecimientos, y como señalábamos al inicio, el profesional en cuestión se había hecho presente en la sede judicial  donde tiene su despacho la jueza Fanny Canessa y en una primera etapa de la audiencia –de ese día miércoles-  se le tomaron pruebas gráficas para  realizarse pericias de tenor  caligráfico. Después, alrededor de las 17 y 30 horas cuando fue llamado a declarar no se lo ubicó en la sala de testigos.
Aunque los primeros en asombrarse por la ausencia fueron los funcionarios judiciales, estos, tras informar a la jueza  lo que estaba ocurriendo llegaron a  suponer que el profesional había bajado a la planta baja, vale decir, había abandonado el juzgado quizás para fumar un cigarrillo o hacer una  breve actividad doméstica o administrativa en la zona. Aguardaron un tiempo prudencial pero el procurador siguió ausente y ese extremo  desencadenó una búsqueda mayor. Fue así que se lo llamó a su celular sin obtenerse respuesta cortándose la llamada. Se dispuso la comunicación a su domicilio y al de un familiar cercano y tampoco fue ubicado.
Estaba claro, muy claro, para los funcionarios judiciales –y mucho más para la jueza Canessa-  que una ausencia en las circunstancias en que se lo venía indagando por su presunta participación en una maniobra con una casa donada a la Fundación Peluffo Giguens era de hecho una situación extremadamente comprometedora  para su persona. Y fue entonces que en medio de una serie de dudas y especulaciones, y atento a que se constató  el abandono de la sede judicial  sin dar explicaciones de orden alguno, la magistrada apeló a un recurso natural para continuar con la indagatoria: libró de inmediato una orden de captura, requiriendo los servicios de la policía para ubicarlo y conducirlo a la sede.

UNA DONACION, UNA MANIOBRA
Ignorándose el paradero del  profesional,  al día siguiente  los medios de comunicación detallaron aspectos de la investigación en curso y fue así que la opinión pública tomo conocimiento que el expediente judicial se dio inicio con la indagatoria respecto a una maniobra referida a una casa de un valor que ronda los 130 mil dólares cuyo fallecido propietario dejó en donación a la Fundación Peluffo Giguens, pero que fue embargada por un grupo de individuos con documentación falsa.
En ese contexto, según trascendió a través de los medios de comunicación, precisamente y ya antes del episodio con Pérez Riestra , es decir el día sábado, la justicia a pedido del fiscal Luis Bajac había procesado a una persona con antecedentes penales y tal parece la misma había tenido a su cargo el manejo de parte de la documentación con que se concretó la maniobra.
Al estar la investigación en marcha la ausencia del juzgado de uno de los principales indagados, resultó ser sin duda un verdadero obstáculo para el trabajo de la jueza Canessa la que igualmente ese mismo día miércoles tomó declaraciones a otras personas, obteniéndose documentos y nuevos testimonios, en particular de una persona con antecedentes por estafa la que quedó detenida a la espera de las restantes instancias indagatorias, con la posibilidad de ser procesada o dejada en libertad.
Se pudo conocer que la jueza venía investigando datos sobre más maniobras fraudulentas similares con bienes de fallecidos o personas incapaces, en las que pudieron participar varios de los indagados en el caso, estando entre ellos el procurador en lo Contencioso Administrativo Pérez Riestra. En tal sentido existe una versión –que por cierto obra en poder de la jueza actuante- que refiere a  que el procurador habría sido consultado inicialmente para ejecutar el supuesto vale y de esa forma trabar el embargo, ante lo cual se habría excusado derivando el caso a otra abogada. Ahora bien, de todas formas se pudo saber de fuentes judiciales que durante las diferentes etapas de la  investigación se habría probado que Pérez Riestra hubo elaborado escritos y documentos útiles para la maniobra, de ahí que el procurador ya había declarado el domingo anterior siendo citado para la jornada del miércoles a los efectos de continuarse con las indagatorias. Pero el miércoles el profesional pateó el tablero retirándose de la sede judicial sin decir nada.
En una nota relacionada con este caso y que fuera  publicada en el diario El País se señala que la casa por la que se comenzó este caso se encuentra ubicada en la zona de Montevideo Shopping y que su propietario –en su testamento- la donó a la Fundación cuyos profesionales de diferentes disciplinas dan atención a unos 1000 niños que padecen cáncer.
Se agrega además que cuando comenzaron los trámites de sucesión la propiedad fue embargada por un grupo de personas, para lo cual presentaron un conforme firmado presuntamente por quien perdiera la vida. Fue en esa etapa de la burocracia tendiente a definir la donación que uno de los herederos dudó del documento y presentó una denuncia para que se investigue constatándose que el conforme era falso.

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SE DICTAN LOS PROCESAMIENTOS
No trascendió a los medios de comunicación la forma en que Gualberto Pérez Riestra fue ubicado por la policía (o si él mismo se entregó al saberse buscado después del episodio del día miércoles) pero la cuestión es que  el profesional compareció finalmente ante la jueza Fanny Canessa  siendo procesado con prisión junto a dos personas, como resultado de más de 30 horas de agotadoras instancias judiciales. Al procurador se le caratuló “coautoría de  reiterados delitos de estafa agravados” por la pluriparticipación,  no solo por la maniobra contra la Fundación sino por otras dos.
Todos los diarios de Montevideo se hicieron eco de la resolución trascendiendo que Pérez Riestra negó su participación en tres estafas que se investigan,  en contraposición con el criterio de la justicia que entienden que todos los indicios recabados no dejan dudas de su responsabilidad en las maniobras ilegales. No en vano el procurador fue procesado  junto a un abogado, agregándose a la causa de quien fuera procesado anteriormente, los delitos ya consignados, no descartándose que muchas otras personas estén igualmente involucradas. Pero también ya otra persona había sido procesada y a ésta se le adosaron estos nuevos delitos, trascendiendo que a nivel judicial se estima que más personas podrían estar involucradas, cuya modalidad delictiva consistiría en falsificar documentación  con el solo cometido de hacer de inmuebles.
Jueces y fiscales actuantes, en consecuencia y dada la gravedad de los hechos, habrían dispuesto más indagaciones y más actuaciones, incluyéndose en el expediente el registro de las llamadas enviadas y recibidas de los teléfonos celulares a todos los indagados, así como de los teléfonos fijos y mensajes de texto, ordenándose además agregar la totalidad de los correos electrónicos de las personas encarceladas en el período comprendido entre enero de 2009 a setiembre de 2010. Y por si fuera poco se sumó la obtención de la copia de los expedientes civiles e incidentes de nulidad de juzgados civiles, donde los procesados intentaron quedarse con bienes de terceros; y además, agregar los resultados de las pericias caligráficas realizadas sobre los recibos de pago del impuesto a las ejecuciones.
Fue categórica la solicitud de la fiscalía, respecto al ex procurador Pérez Riestra señalando que “de la prueba  colectada en estas actuaciones resultan elementos de convicción suficientes como para imputar prima facie y sin perjuicio de eventuales  ampliaciones la comisión en calidad de presuntos coautores penalmente responsables de reiterados delitos de estafa agravados por la pluriparticipación”.
Se pudo saber entre otras cosas que para la jueza y la fiscal los cuatro procesados, mediante idéntica operativa “procedían luego de un verdadero reparto de tareas, en el que cada uno de los indagados cumplía una determinada función, constituyendo de tal manera una verdadera “societas sceleris”(sociedad para el crimen)”.
La fiscal Beatriz Scapuccio dijo específicamente en solicitud de procesamiento dirigida a la jueza Canessa “así se procedió en las tres oportunidades que se investigaron a la facción de sendos vales en los que no sólo se inventó la fecha de escrituración, sino también las firmas y domicilios de los supuestos deudores, los cuales, en dos de los casos estaban fallecidos al supuesto momento de la suscripción.”
Esos vales fueron entregados para su ejecución en juzgados civiles que trabaron embargos y en todos los casos fue agregado el comprobante de pago de impuesto a las ejecuciones (del 1 % del valor de lo que se ejecuta) pero el mismo se encontraba adulterado puesto que habían pagado cifras muy inferiores a las que figuraban, induciendo en error a las sedes judiciales.  Hay que señalar que si bien Pérez Riestra negó participar de los ilícitos los otros tres procesados coincidieron en que intervenía en las maniobras, resultando mucho más comprometido en el caso referido a una mujer declarada incapaz, que se desempeñó en la Fiscalía de Gobierno de 2do Turno –de la cual él fue titular- y que esta banda intento quedarse con sus cuentas bancarias apelando al uso de documentos apócrifos.
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TODOS LOS CAMINOS LLEVARON A PEREZ RIESTRA
Según información consignada en el diario El País el procedimiento policial fue dirigido por la directora de Delitos Económicos de la  Policía de Montevideo, Zully Acosta y por el Sub Comisario Andrés Caillava.
Las autoridades policiales explicaron a los medios de comunicación que la maniobra se detectó cuando la banda intentó ejecutar una propiedad que una persona había dejado en testamento a la Fundación Peluffo Giguens; este inmueble se encuentra situado exactamente en la intersección de las calles Julio César y Plácido Ellauri. Una persona encargada de los trámites del testamentario desconfió de los vales presentados para la ejecución, sencillamente porque el fallecido carecía de deudas. La denuncia ante el Departamento de Delitos Económicos, de la Jefatura de Policía de Montevideo resultó inevitable, frustrándose la operación y desencadenándose una investigación.
Los policías  establecieron que quien figuraba como poseedor del bien era un hombre –identificado como Omar Costa, poseedor de antecedentes penales por estafas-  que vivía en una pensión del barrio Malvín en condiciones visiblemente opuestas a las de una persona que podría ser titular de la vivienda, entre otros detalles. Además era una persona que su medio de vida era hacer trabajos ocasionales. Para los policías actuantes era imposible pensar que esta persona pudiera haber prestado 120 mil dólares, tal como figuraba en uno de los vales. Estaba muy claro que esa persona formaba parte de un engranaje dedicado a las maniobras fraudulentas. En dependencias policiales Omar Costa declaró que su cómplice era un hombre identificado como Washington Fontes, también poseedor de antecedentes penales por estafa y falsificaciones. Y en medio de esa indagatoria la sorpresa sobrevino cuando los detenidos apuntaron a una persona: nada menos que el ex procurador del Estado, Gualberto Pérez Riestra.

PECAR
El semanario Brecha fue contundente en sus apreciaciones sobre el caso. Su titular, de la publicación del 10 de setiembre de 2010 lo dice todo:”La gran estafa de Gualberto Pérez Riestra. El procurador “peca”.
Según Brecha, el hombre afín de la Alianza Progresista –grupo político liderado por Rodolfo Nin Novoa, ex vicepresidente en la administración Tabaré Vázquez, de la fuerza de izquierda Frente Amplio, Encuentro Progresista- habiendo sido nombrado procurador del estado en lo Contencioso Administrativo en julio de 2009,  ya había echado a rodar varias de las estafas contra particulares, incluidos los niños con cáncer de la Fundación Peluffo Giguens y la compañera de trabajo en la Fiscalía de gobierno que fue declarada incapaz por problemas psiquiátricos.
En el semanario se destaca  un artículo del estudio del abogado Ferrere –con fecha 17 de julio de 2009- en el que se subraya que al momento en que Pérez Riestra era investido en su cargo de procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo pronunció un discurso a favor del acceso a la justicia , tanto es así que “exigió  con elogiable claridad que se deben acortar los plazos que hoy bloquean  el derecho siquiera de reclamar a la justicia contra el Estado ( o hasta eliminarlos) y poner al Estado en mayor igualdad de trato con el resto de los mortales”
El periodista de Brecha Walter Pernas agregaba “uno de estos, aunque encubierto por testaferros, era el propio Pérez Riestra, que formaba parte de una organización dedicada a estafar particulares, engañando al Estado mediante la falsificación de documentos  -vales de deuda- que servían para iniciar juicios ejecutorios contra los bienes de personas muertas o incapaces”
En el marco de las investigaciones realizadas  por parte de los funcionarios del Departamento de Delitos económicos, los denunciantes coincidían en señalar a un hombre, es decir al residente de Malvín, Oscar Omar Costa que figuraba como dueño de los millonarios bienes pero que en realidad era un cuidacoches con tres antecedentes penales por estafa, de aspecto descuidado y con faltante de piezas dentales. Costa  se sinceró ante las autoridades policiales, se consigna en el semanario Brecha.  De ahí en más el procurador quedó literalmente expuesto ante la justicia. Gradualmente la jueza y la fiscal fueron armando el rompecabezas con el epílogo de procesamientos con prisión para todos los involucrados. Un verdadero escándalo que fue cobrando dimensiones en la medida que los investigadores iban hilvanando datos.
Por ejemplo, según el diario Ultimas Noticias,  uno de los procesados declaró que tiene unas 200 escrituras falsas de terrenos en dos balnearios de Rocha, de las cuales  vendió varios solares. Quienes las adquirieron  afirmaron que son compradores de buena fe. El mismo procesado también confesó que en las maniobra se pagó el impuesto a la ejecución y que en un caso figuran 29.000 pesos de timbre, cuando en realidad se pagaron 20 pesos.
En concreto la jueza penal de 6to turno, nos estamos refiriendo a la magistrada Fanny Canessa venía estudiando la posibilidad de derivar el expediente a uno de los juzgados  del Crimen Organizado por la sencilla razón de que se podría estar ante un caso de asociación para delinquir.

UNA FUNDACION  SORPRENDIDA Y AGRADECIDA A LAS AUTORIDADES
En el otro extremo de este sombrío panorama, que defraudó a ciudadanos, gobernantes y profesionales del Derecho, uno de los perjudicados resultó ser una Fundación que atiende a más de 1000 niños por año por diferentes tipos de dolencias oncológicas, realizándose también controles a decenas de pequeños que ya fueron dados de alta.
Se trata de una institución que posee 115 funcionarios médicos y administrativos. Hay que precisar que  gracias al aporte de la Fundación, el 70 por ciento de los niños tratados por dolencias oncológicas son curados. La entidad social posee tres áreas de atención en el Hospital Pereira Rossell: el Hospital de Día, el  Area de Internación y el Hogar La Campana donde se alojan niños y sus familiares, quienes son asistidos por técnicos.
No en vano una de las máximas autoridades de la Fundación Mirta Casales, ante el requerimiento de los medios de comunicación, destacó insistentemente el procedimiento policial y judicial por evitar la pérdida de un bien que un benefactor había legado a la institución.
“Desde hace un año sabíamos de la existencia de un conforme que pesaba sobre la casa. Nos decían que este podía ser fraudulento” –dijo Casales a un periodista del diario El Pais. “Cuando la Justicia Penal lo determine la Fundación se hará de ese inmueble. Nuestro  presupuesto mensual es alto, tanto en recursos humanos como gastos de mantenimiento de las obras. Además de las erogaciones en los tratamientos la Fundación ayuda a los pacientes con pago de pasajes canastas de alimentos y en vestimentas” concluyó.

21 de septiembre 2010

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