El trío, fue procesado el 8 de agosto de ese año por asociación para delinquir y el articulo 76 de la ley 2230 sobre sociedad anónimas. Tras cinco años, los Peirano fueron liberados en 2007 por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque seguían recluidos sin sentencia en primera instancia
Varios legisladores concluyeron que la derogación del artículo 76 había “pasado de contrabando” y otros coincidieron en que habían cometido un error Pero, las “culpas” recaen sobre el ex canciller uruguayo Gonzalo Fernandez, mano derecha y Secretario de la Presidencia del gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010). Muchos diputados y senadores, incluso de la propia izquierda llegaron a calificar el hecho como un “operativo a tres bandas”. El tema tomó estado publico luego de una denuncia realizada por el semanario Brecha, donde se revela la trama de un “operativo” supuestamente armado por Gonzalo Fernandez, quien sugirió a legisladores de la oposición la presentación de una ley que derivó en la exculpación de los Peirano La maniobra del ex canciller – según revela la crónica – se apoyó en lo mal que trabaja el Parlamento, votando leyes a las apuradas y con ligereza
EL PLAN En octubre de 2008, Sergio Abreu, senador del opositor (conservador) Partido Nacional recibió una solicitud de Gonzalo Fernandez, por entonces canciller de la Republica de presentar un proyecto que complementaría una ley ya aprobada por el Parlamento y que modernizaría una vieja norma del año 1893. Abreu no quiso abundar en detalles, y como Fernández es además, un reconocido catedrático, y abogado especializado en derecho penal, le aceptó el planteo “sin chistar” y sin consultar otras opiniones. Lo cierto es que esos cambios, “escondían” a la postre otros objetivos. Lo llamativo es que nadie se dio cuenta, (¿) ni se preocupó por investigar lo que votaron (Ley de Declaración judicial de Concursos) en un corto lapso tanto por el Senado, como luego por los Diputados. En esta ultima Cámara, un legislador del Partido Nacional ( Álvaro Lorenzo) – el único que pensó – alertó al plenario que se estaba en las puertas de un “zafarrancho jurídico” al enterarse del alcance del proyecto. Durante la discusión en sala, Lorenzo planteo sus dudas, pero al ir a un cuarto intermedio, Abreu se comunicó con Fernandez y éste le convenció. Retornó y votó.
Para presentar este proyecto, Abreu requirió la firma de dos legisladores de la izquierda: Rafael Michelini y Margarita Percovich El primero, dijo al enterarse de la maniobra: “Nos estamos comiendo un garrón” y la segunda espetó “Nos engañaron”, según relató Brecha En tanto, Abreu dijo que “si yo hubiera sabido que la derogación facilitaba la exculpación de los Peirano, le hubiera dicho a Gonzalo Fernandez que tramitara la ley en su propia bancada”. Para el legislador nacionalista, el ex canciller actúo con conocimiento
Surge entonces, la existencia de una estratagema política, y de una clara “deficiencia” en la labor del Parlamento uruguayo Incluso, otros legisladores, como por ejemplo el senador Ope Pasquet del también opositor Partido Colorado, quién fue más allá al señalar que incluso existieron otras leyes “impulsadas contra viento y marea por el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez” las que son “otros ejemplos de cómo no se debe legislar” Pasquet quien no era parlamentario en el periodo pasado, asegura que “en materia de descentralización territorial, por ejemplo, se sancionaron en pocos meses cinco leyes, de las cuales las cuatro últimas procuraron corregir los errores o colmar las lagunas de la primera. Aún después de tantas enmiendas, la “ley madre” fue impugnada por inconstitucional y el 60% de los montevideanos no quiso votar para elegir alcaldes”.
AHORA INVESTIGAN Ahora, el Parlamento votó la creación de una Comisión Investigadora para echar luz sobre estos polémicos hechos, y conocerse un presunto vínculo entre el ex canciller Gonzalo Fernández y el ex banquero Juan Domingo Ratti (amigo y socio de los Peirano, y también procesado) en el momento de la derogación del artículo que permitió la clausura de su caso. El semanario Brecha informó que la abogada Cecilia Salhon (pareja de Gonzalo Fernandez) integrante del estudio jurídico, representa a Ratti, cuyo caso fue clausurado luego de la derogación del artículo 76 de la ley 2.230. Salhon aseguró que no fue ella quien pidió la clausura, lo cual no es considerado un elemento fundamental por la oposición, que entiende necesario tener la “versión completa”, algo que tampoco poseen el Partido Socialista (PS) ni el Frente Amplio (FA), ya que Fernández no informó a nadie sobre la vinculación de su estudio con el caso. “Cuando Fernández estuvo en el Parlamento y presentó su versión de los hechos dejó claro que no hubo un pedido de gauchada pero no dijo que su estudio patrocina a uno de los implicados ni que se pidió la clausura en base a la derogación del artículo 76 de la Ley 2.230, cuando él mismo había dicho al senador Sergio Abreu que no tendría consecuencias”, indicó Pasquet Fernández, que acaba de recibir el apoyo del presidente Jose Mujica, quien lo visitó en su domicilio, no informó al Frente Amplio que su esposa defendió a un gerente del ex Banco Montevideo y que, tras la derogación del delito por el que fueron procesados los hermanos Peirano Basso, ella pidió la clausura del expediente. En tanto, la abogada y ex fiscal Cecilia Salom -pareja de Fernández e integrante de su estudio jurídico- dijo que en representación de un ex director del Banco de Montevideo no promovió la clausura del proceso, sino que lo hizo la defensa de los Peirano. Brecha publicó que Salom solicitó la clausura del expediente penal por el cierre del Banco de Montevideo, tras la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 por el que fueron procesados los hermanos Peirano y otros jerarcas de esa institución financiera, entre ellos su cliente Domingo Ratti.
Habrá que esperar como sigue un caso que deja mal parados a muchos, entre ellos la labor de un Poder Legislativo, que no debería olvidarse que es votado por el pueblo para trabajar.-
Sismo en izquierda uruguaya, por estratagema pro banqueros Peirano
Por Javier Toledo
Sin ningún tipo de dudas el Parlamento uruguayo ha quedado muy mal parado ante la opinión publica, luego de un verdadero “zafarrancho jurídico” tras la derogación del artículo 76 dela ley 2.230 que posibilitó la anulación de los delitos cometidos por los hermanos Peirano.
Todo se parece a una trama al estilo James Bond, o quizás una“brillante” combinación ajedrecística al estilo Fischer o Kasparov
Los banqueros Jorge, Dante y Jose Peirano Basso, que en 2002 provocaron el vaciamiento y quiebra del Banco Montevideo, hundiendo al país en una profunda crisis, ya no tienen antecedentes penales
El trío, fue procesado el 8 de agosto de ese año por asociación para delinquir y el articulo 76 de la ley 2230 sobre sociedad anónimas. Tras cinco años, los Peirano fueron liberados en 2007 por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque seguían recluidos sin sentencia en primera instancia
Varios legisladores concluyeron que la derogación del artículo 76 había “pasado de contrabando” y otros coincidieron en que habían cometido un error
Pero, las “culpas” recaen sobre el ex canciller uruguayo Gonzalo Fernandez, mano derecha y Secretario de la Presidencia del gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010). Muchos diputados y senadores, incluso de la propia izquierda llegaron a calificar el hecho como un “operativo a tres bandas”.
El tema tomó estado publico luego de una denuncia realizada por el semanario Brecha, donde se revela la trama de un “operativo” supuestamente armado por Gonzalo Fernandez, quien sugirió a legisladores de la oposición la presentación de una ley que derivó en la exculpación de los Peirano
La maniobra del ex canciller – según revela la crónica – se apoyó en lo mal que trabaja el Parlamento, votando leyes a las apuradas y con ligereza
EL PLAN
En octubre de 2008, Sergio Abreu, senador del opositor (conservador) Partido Nacional recibió una solicitud de Gonzalo Fernandez, por entonces canciller de la Republica de presentar un proyecto que complementaría una ley ya aprobada por el Parlamento y que modernizaría una vieja norma del año 1893. Abreu no quiso abundar en detalles, y como Fernández es además, un reconocido catedrático, y abogado especializado en derecho penal, le aceptó el planteo “sin chistar” y sin consultar otras opiniones. Lo cierto es que esos cambios, “escondían” a la postre otros objetivos. Lo llamativo es que nadie se dio cuenta, (¿) ni se preocupó por investigar lo que votaron (Ley de Declaración judicial de Concursos) en un corto lapso tanto por el Senado, como luego por los Diputados.
En esta ultima Cámara, un legislador del Partido Nacional ( Álvaro Lorenzo)– el único que pensó – alertó al plenario que se estaba en las puertas de un “zafarrancho jurídico” al enterarse del alcance del proyecto. Durante la discusión en sala, Lorenzo planteo sus dudas, pero al ir a un cuarto intermedio, Abreu le comunicó con Fernandez y éste le convenció. Retornó y votó.
Para presentar este proyecto, Abreu requirió la firma de dos legisladores de la izquierda: Rafael Michelini y Margarita Percovich
El primero, dijo al enterarse de la maniobra: “Nos estamos comiendo un garrón” y la segunda espetó “Nos engañaron”, según relató Brecha
En tanto, Abreu dijo que “si yo hubiera sabido que la derogación facilitaba la exculpación de los Peirano, le hubiera dicho a Gonzalo Fernandez que tramitara la ley en su propia bancada”. Para el legislador nacionalista, el ex canciller actúo con conocimiento
Surge entonces, la existencia de una estratagema política, y de una clara “deficiencia” en la labor del Parlamento uruguayo
Incluso, otros legisladores, como por ejemplo el senador Ope Pasquet del también opositor Partido Colorado, quién fue más allá al señalar que incluso existieron otras leyes “impulsadas contra viento y marea por el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez” las que son “otros ejemplos de cómo no se debe legislar”
Pasquet quien no era parlamentario en el periodo pasado, asegura que “en materia de descentralización territorial, por ejemplo, se sancionaron en pocos meses cinco leyes, de las cuales las cuatro últimas procuraron corregir los errores o colmar las lagunas de la primera. Aún después de tantas enmiendas, la “ley madre” fue impugnada por inconstitucional y el 60% de los montevideanos no quiso votar para elegir alcaldes”.
AHORA INVESTIGAN
Ahora, el Parlamento votó la creación de una Comisión Investigadora para echar luz sobre estos polémicos hechos, y conocerse un presunto vínculo entre el ex canciller Gonzalo Fernández y el ex banquero Juan Domingo Ratti (amigo y socio de los Peirano, y también procesado) en el momento de la derogación del artículo que permitió la clausura de su caso.
El semanario Brecha informó que la abogada Cecilia Salhon (pareja de Gonzalo Fernandez)integrante del estudio jurídico, representa a Ratti, cuyo caso fue clausurado luego de la derogación del artículo 76 de la ley 2.230.
Salhon aseguró que no fue ella quien pidió la clausura, lo cual no es considerado un elemento fundamental por la oposición, que entiende necesario tener la “versión completa”, algo que tampoco poseen el Partido Socialista (PS) ni el Frente Amplio (FA), ya que Fernández no informó a nadie sobre la vinculación de su estudio con el caso.
“Cuando Fernández estuvo en el Parlamento y presentó su versión de los hechos dejó claro que no hubo un pedido de gauchada pero no dijo que su estudio patrocina a uno de los implicados ni que se pidió la clausura en base a la derogación del artículo 76 de la Ley 2.230, cuando él mismo había dicho al senador Sergio Abreu que no tendría consecuencias”, indicó Pasquet
Fernández, que acaba de recibir el apoyo del presidente Jose Mujica, quien lo visitó en su domicilio, no informó al Frente Amplio que su esposa defendió a un gerente del ex Banco Montevideo y que, tras la derogación del delito por el que fueron procesados los hermanos Peirano Basso, ella pidió la clausura del expediente.
En tanto, la abogada y ex fiscal Cecilia Salom -pareja de Fernández e integrante de su estudio jurídico- dijo que en representación de un ex director del Banco de Montevideo no promovió la clausura del proceso, sino que lo hizo la defensa de los Peirano.
Brecha publicó que Salom solicitó la clausura del expediente penal por el cierre del Banco de Montevideo, tras la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 por el que fueron procesados los hermanos Peirano y otros jerarcas de esa institución financiera, entre ellos su cliente Domingo Ratti.
Habrá que esperar como sigue un caso que deja mal parados a muchos, entre ellos la labor de un Poder Legislativo, que no debería olvidarse que es votado por el pueblo para trabajar.-
El trío, fue procesado el 8 de agosto de ese año por asociación para delinquir y el articulo 76 de la ley 2230 sobre sociedad anónimas. Tras cinco años, los Peirano fueron liberados en 2007 por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque seguían recluidos sin sentencia en primera instancia
Pero, las “culpas” recaen sobre el ex canciller uruguayo Gonzalo Fernandez, mano derecha y Secretario de la Presidencia del gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010). Muchos diputados y senadores, incluso de la propia izquierda llegaron a calificar el hecho como un “operativo a tres bandas”. 
Fernández es además, un reconocido catedrático, y abogado especializado en derecho penal, le aceptó el planteo “sin chistar” y sin consultar otras opiniones. Lo cierto es que esos cambios, “escondían” a la postre otros objetivos. Lo llamativo es que nadie se dio cuenta, (¿) ni se preocupó por investigar lo que votaron (Ley de Declaración judicial de Concursos) en un corto lapso tanto por el Senado, como luego por los Diputados.
Ahora, el Parlamento votó la creación de una Comisión Investigadora para echar luz sobre estos polémicos hechos, y conocerse un presunto vínculo entre el ex canciller Gonzalo Fernández y el ex banquero Juan Domingo Ratti (amigo y socio de los Peirano, y también procesado) en el momento de la derogación del artículo que permitió la clausura de su caso.