URUGUAY

Si bien fuentes gubernamentales precisaron que se trató de una medida de carácter preventivo, trascendió que ya desde hace un año atrás se inició una investigación por amenazas -como mínimo- a un funcionario de la Brigada Antidrogas.
El decreto en cuestión tiene como principal objetivo preservar la identidad de las personas involucradas en investigaciones contra el crimen organizado, incluyéndose en las medidas de seguridad previstas, mecanismos, para resguardar su seguridad personal, tales como: el cambio de domicilio y eventualmente el régimen de protección de testigos. Pero además, el decreto tiene prevista la posibilidad de que los medios de comunicación se restrinjan de emitir imágenes de los funcionarios judiciales y policiales que intervengan en los procedimientos anti narcos.
En rueda de prensa y al momento de darse el anuncio relativo al decreto, Milton Romani, en su carácter de secretario general de la Junta Antidrogas puntualizó: “queremos darle a la gente que está involucrada en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado –incluyéndome- ciertas garantías de que no va a correr riesgos innecesarios”
Entre quienes están expuestos a los riesgos, no solo se encuentran funcionarios judiciales y policiales –de la Brigada Antidrogas y de la Secretaria Antilavado de Activos- sino además jueces y fiscales cuyas identidades se procurará preservar.
También se prevé, que en caso de que exista una amenaza concreta, el involucrado –obviamente con la asistencia del gobierno- pueda cambiar su domicilio secundado de su familia, sumándose el mecanismo de seguridad, de que su identidad no figure en las guías telefónicas.
Hay que consignar que el régimen de protección de testigos está vigente –por ley- desde el año 1995 y que el decreto recientemente firmado por el presidente Vázquez no hace otra cosa que brindar una nueva instrumentación relativa a brindar garantías a todos los actores vinculados a la lucha contra el narcotráfico.
Sin duda el decreto resulta bienvenido en la sociedad uruguaya tomando en cuenta que ya desde principios de este año se encuentran operativos los juzgados relativos a causas relacionadas con el crimen organizado y el lavado de activos, de los cuales son titulares los jueces Graciela Gatti y Jorge Díaz, junto con las fiscalías a cargo de Mónica Ferrero y Ricardo Perciballe, coordinándose tanto las investigaciones como las posibles medidas en materia de seguridad, que puedan ser necesarias.
El motivo por el cual se adoptó la inmediata resolución de firmar el decreto está estrechamente ligado a la existencia de amenazas directas y actos intimidatorios dirigidos hacia funcionarios de la Brigada Antidrogas. Sobre este tema trascendió –aunque no oficialmente- que en el trascurso de este año se registró al menos una amenaza a un policía de la Brigada, episodio que está siendo objeto de una investigación, al igual que otras situaciones de similar tenor, dejándose entrever que los responsables de tales amenazas serían elementos integrantes de organizaciones internacionales de narcotraficantes, considerados como “pesados” , vale decir de extrema peligrosidad y de fuerte influencia dentro del sub mundo mafioso.
Claramente habría sobrevenido la reacción de los grupos delictivos –intimidación y amenazas- se debe a que en los últimos meses, los operativos de la Brigada Antidrogas, posibilitaron el desbaratamiento de varias rutas de ingreso de droga con destino a Europa, y que reportaban millonarias sumas de dinero a las organizaciones criminales.
A nivel estrictamente judicial –pero en forma extraoficial- se ha dicho que es sumamente importante que se reglamente un sistema de seguridad para todos los operadores “porque han pasado cosas jodidas”, aunque no entraron a detallar situaciones, intimidaciones o amenazas.
Como repercusión de toda esta beneficiosa instrumentación legal, relacionada con la lucha antimafiosa , en un editorial del diario matutino El País –de fecha 24 de junio- se señala que la firma del decreto “transparenta la realidad de que los narcodelincuentes han aumentado su peligrosidad en el Uruguay. Si bien se han asestado golpes importantes al tráfico de drogas, también se ha desnudado la realidad de que las fuerzas del orden se enfrentan a una red criminal extendida y poderosa, por conexiones internacionales dentro y fuera del continente americano…Es de esperar que con este amparo redoblado, los funcionarios en cuestión puedan desempeñarse con mayor tranquilidad..En resumidas cuentas: es oportuno el decreto citado, pero es un elemento más en la guerra desatada, la cual tiene que seguir siendo librada en múltiples frentes”