Tardíamente, y tal parece ser la norma, todo a destiempo, finalmente se materializó en el Uruguay la destitución de cuatro policías por su vinculación con la fuga del mafioso italiano de la ‘Ndrangheta Rocco Morabito, de Cárcel Central, el 23 de junio de 2019, hace ya cuatro años. Tras todo este tiempo las investigaciones sobre esta fuga escandalosa se cumplieron -pero a paso de tortuga- en la órbita del Ministerio del Interior, y continúan con más lentitud, a nivel de la fiscalía, con el agravante de que en este último ámbito solo un policía fue imputado, por la evasión en sí, al igual que  otro uniformado de la Guardia Republicana por un hecho colateral, como fue el de haber llevado, desde otro edificio de reclusión estatal,  a encontrarse con Morabito en Cárcel Central -con amplia logística de seguridad para el traslado- a un capo narco mexicano del Cártel de Los Cuinis, en un hecho sin precedentes y sin motivo alguno, al que se anexan otras irregularidades.

Cuando nos referimos a que se ratificó la destitución de cuatro funcionarios del Ministerio del Interior, hacemos estricta alusión a dos integrantes de la Guardia Republicana y a dos integrantes del Instituto Nacional de Rehabilitación. Estos cuatro funcionarios públicos recién fueron comunicados de la destitución en las últimas horas. Cabe recordar, además, que en el curso de las investigaciones internas que hizo el Ministerio del Interior, y tal como lo informamos en nuestras páginas, están bajo la mira de las autoridades -desde el pasado mes de mayo- un total de 28 efectivos policiales, quienes están considerados como presuntos involucrados en la fuga del mafioso Morabito.

Insistimos, en recordar al lector, que la investigación a nivel de la fiscalía actuante -a más de tres años de la fuga- derivó, en la formalización de un funcionario policial, con el rango de Cabo, por la evasión en sí misma, y de un capitán de la Guardia Republicana por hacer parte de una serie de traslados injustificados a Cárcel Central, de Gerardo González Valencia (jefe narco mexicano de Los Cuinis, con el que tuvo encuentros cuya motivación y contexto se ignoran), pero no propiamente por la fuga. Al oficial en cuestión se lo formalizó por “reiterados delitos de abuso de funciones”. Esta persona, secundada por otros funcionarios bajo su mando, trasladaba a González Valencia por toda la ciudad, hasta Cárcel Central (en pleno centro de Montevideo), lugar donde se encontraba con Morabito; y, por si fuera poco, se consignó, que al narco mexicano le proporcionaba un celular satelital, seguramente para que pudiese entablar comunicación, con el exterior del país.

Retomando el caso de los cuatro policías a quienes se les comunicó su destitución tras la investigación administrativa del Ministerio, hay que señalar que se les caratularon “faltas muy graves”. Tal, sería el primer eslabón de la cadena de investigaciones que están en curso, con el resultado consignado. Cabe aclarar, entonces, que, de 28 efectivos involucrados en las investigaciones, 14 fueron eximidos de todo cargo, siendo el saldo definitivo, el siguiente, respecto a los 14 restantes: siete funcionarios fueron encontrados culpables de “faltas leves”, tres por “faltas graves” y los cuatro restantes -que son los que fueron recientemente informados por sus superiores que se encuentran destituidos- por “faltas muy graves”. Entrando en detalles respecto a los policías destituidos, trascendió que uno de los aludidos fue subdirector de la Cárcel de Canelones

Rocco Morabito fue detenido a comienzos de setiembre de 2017, y se fugó de Cárcel Central el 23 de junio de 2019, muy pocas jornadas antes de ser extraditado. Fue recapturado en Brasil el 24 de mayo de 2021, siendo finalmente extraditado a Italia en el mes de julio de 2022.  

Sobre la fuga de Rocco Morabito, y en el marco de las investigaciones ministeriales dispuestas por el ministro Luis Alberto Heber, hay puntos aún no resueltos, o literalmente difusos, que presuntamente visibilizan un alto grado de compromiso de los involucrados, con todas las instancias de la evasión. Estos puntos, que aún están en la nebulosa y que no han podido ser dilucidados -la pregunta inevitable que surge es ¿por qué? - son los siguientes, a juzgar por las informaciones que han publicado los medios: ¿qué pasó con las cámaras del área? ¿quién o quiénes facilitaron las herramientas, para que tanto Morabito, como los restantes detenidos lo acompañaran en su fuga? ¿y qué ocurrió con el pendrive -se suponía con música exclusivamente- que el narco mexicano envió a Morabito y que fue oportunamente incautado y que nunca llegó a la fiscalía? Y por si fuera poco ¿qué se supone que pasó con el sólido informe aportado por el Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario (DIAP) lapso antes del 23 de junio de 2029, dando detalles de una posible fuga de Morabito? ¿y por qué motivo ese informe fue ignorado oportunamente, es decir, antes de la evasión?    

Lo cierto es que, tanto la fuga de Rocco Morabito como su presencia en el Uruguay, bastantes años antes, en la zona del departamento de Maldonado, fueron determinantes para una sola cosa: que la ‘Ndrangheta se instalara en el Uruguay, contaminándolo todo. Y en ese todo, a la hora de que la justicia le echó el guante, también debemos suponer que contaminó instituciones estatales, o a hombres corruptos de las mismas. 

Es ya una metodología de la organización calabresa: atravesarse en la sociedad, intoxicarla en todos sus aspectos, para de esa forma operar a su antojo, con sus elementos (jefes) infiltrados entre los ciudadanos, como uno más. Los resultados eran de esperar, después de cerca de 15 años de encontrarse en el Uruguay, bajo identidad falsa, y con la cobertura legal de hombre de negocios y de vida familiar impoluta, hasta que sobrevino su captura en setiembre 2017. De ahí en más la historia fue otra. Una historia donde la contaminación de personas, de funcionarios públicos y de instituciones, hablando claro, fue notoria y más que evidente. Como ocurre siempre. En al ayer, y en el hoy, cuando de narcotráfico transnacional se trata.