24052018Jue
ACTUALIZADAMié, 23 May 2018 2pm

NOTICIAS

BLACKWATER: LA GUERRA SUCIA

Pin It
blackwater_01BLACKWATER: LA GUERRA SUCIA DE LOS CONTRATISTAS EN AFGHANISTAN
Luego del anuncio de Hillary Clinton de renovar los contratos con las agencias de seguridad presentes en Afganistán, el gobierno de Karzai se ha visto obligado a posponer su prohibición en el país. La Blackwater cambia el nombre (ahora Xe Services) pero no los métodos. En Afganistán la guerra es algo “privado”.
1. Mientras que en Kabul sigue la negociación directa entre el presidente Karzai y algunos jefes talibanes para poner fin a una guerra que ha llegado a la última vuelta de tuerca, en Occidente ha pasado desapercibida la decisión del gobierno afgano, primero anunciada y luego retirada, de prohibir las diferentes agencias de seguridad privada que actúan en el país.
Ya en el verano Karzai había dispuesto con un decreto el alejamiento de todas las compañías mercenarias del país (definidas como "ladrones de día, terroristas de noche"), porque son responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Afganistán. El plan del presidente preveía el desmantelamiento de todas las compañías antes del primero de enero próximo. “No sólo provocan un gran pesar al pueblo afgano”, dijo Karzai el 16 de agosto, “sino que en realidad están en contacto con grupos mafiosos y quizás incluso detrás del financiamiento de los militantes, rebeldes y terroristas”. El primero de octubre el portavoz del gobierno, Waheed Omar, anuncia la puesta en marcha de la operación. La medida concierne en forma inmediata a ocho agencias: las americanas NCL Holdings y Four Horsemen International, la inglesa Compass International, las afganas White Eagle Security Services y Abdul Khaliq Achakza. A estas se le suman dos compañías menores de las cuales no se ha dado a conocer el nombre. Antes de enero, ha añadido el portavoz, iniciaría la prohibición de trabajo para todas las compañías (que son 52) registradas en el Ministerio de Defensa. A pesar de la oposición de Washington, desde agosto en adelante Karzai se ha mostrado inamovible. Al menos hasta octubre.
De hecho, el primero de mes, se filtran noticias del Departamento de Estado norteamericano, que confirman la firma de un nuevo contrato multimillonario entre el gobierno americano y las agencias de seguridad por su inminente regreso a Irak, mientras que las que ya están presentes en Afganistán no serían retiradas. El acuerdo de una duración de 5 años, denominado Worldwide Protective Services Contract, costará a los contribuyentes americanos más de 10 mil millones de dólares.
A ese punto Karzai se ha visto entre dos fuegos: el popular, exasperado por los abusos cometidos por los mercenarios a lo largo de 9 años de guerra, y el estadounidense, que al son de billetes verdes  logra siempre hacerse escuchar. El presidente ha dejado pasar un mes, sin saber qué hacer, o más prosaicamente en busca de una explicación a su cambio de actitud que le permita salvar las apariencias.
Sábado 30, el anuncio: el desmantelamiento de las compañías queda aplazado hasta mayo de 2011. ¿El motivo oficial? Preservar “los proyectos de desarrollo y los programas financiados por la comunidad internacional”. Por ejemplo, el día anterior el gobierno de Kabul había anunciado la concreción de la línea ferroviaria, la primera del país, la cual unirá Mazar-i-Sharif con Uzbekistan, favoreciendo el comercio y el abastecimiento, señal de que los proyectos financiados por el Occidente, cada tanto, van incluso a buen fin. Pero que el bloqueo de la medida de expulsión sea en todo caso debido a las presiones de los Estados Unidos, que han invertido una enormidad de dinero en las agencias privadas, es evidente en los mismos informes institucionales que circulan en Washington.
2. Los "contractors" o sea los agentes de las compañías de seguridad privada, son soldados a todos los efectos, ya que son pagados por el Departamento de Defensa. Sin embargo su reclutamiento presenta ventajas con respecto al empleo de las fuerzas regulares: cuestan menos, porque están bajo contrato a plazo fijo y tienen un impacto menor en la opinión pública, en cuanto a que es “menos visible” con respecto a los militares efectivos. Y al final, el gobierno no está obligado a retirarlos del país en el lapso previsto para el ejército: es decir, se quedan mientras el Pentágono les pague.
La existencia de compañías privadas a las cuales les es confiado el servicio de seguridad, además de otras tareas, que en un tiempo eran competencia exclusiva del ejército, quedó en evidencia por el así llamado "Blackwatergate".
El nombre de la agencia Blackwater es conocido por la gran mayoría desde el 16 de septiembre de 2007, día en el cual algunos hombres de la organización, que hacían de escolta a un hombre de negocios en el centro de Bagdad empezaron a disparar sobre la multitud matando a 17 civiles. La  Blackwater terminó en el ojo del ciclón y los Estados Unidos sufrieron un daño de imagen, según una investigación del Washington Post, peor que el escándalo de Abu Ghraib.
Dos semanas después del accidente Erik D. Prince, ex marine y fundador de la agencia en 1997, decidió salir al descubierto para defender a sus hombres. “Lo que ha sucedido”, dijo, “ha sido un accidente deplorable”, remarcando que desde el comienzo de la guerra misma, Blackwater ya había perdido 30 hombres, mientras que ninguna de las personas escoltadas sufrieron daños. Ningún dato preciso sobre las operaciones realizadas además del servicio de escolta, ni mucho menos sobre el número de civiles asesinados en el cumplimiento de las mismas.
El descubrimiento de que el gobierno americano había “contratado” una gran parte de la seguridad en Irak, a grupos de mercenarios en perfecto estilo “A Team”, suscitó un enorme revuelo en la opinión pública. A tal punto que el Congreso de los Estados Unidos nombró una comisión bipartita, presidida por el diputado democrático Henry Waxman, para investigar sobre lo ocurrido en Irak. El informe final, además de estigmatizar las actividades militares de la agencia (en 163 enfrentamientos a fuego abierto sobre un total de 195, fueron sus hombres los que dispararon primero) no evitaba acusaciones en contra de la administración Bush, culpable de haber encubierto el accionar de los contratistas.
Se descubrió que Blackwater tenía su cuartel general en Moyoc, en Carolina del Norte, donde adiestraba a 35.000 hombres al año y que poseía incluso una flota de 76 aviones, dados con frecuencia en alquiler al ejército regular para las operaciones más delicadas. Y que desde el 2001 había recibido de parte del gobierno estadounidense más de mil millones de dólares de los cuales jamás fue posible documentar su utilización. Luego del escándalo Prince decidió desmantelar la compañía. Para reconstruirla poco después con otro nombre Xe Services LLC.
En agosto, el Departamento de Estado ha condenado a la Xe Services LLC a una multa de 42 millones de dólares por violación del embargo a la exportación de armas en Afganistán. Pero Washington no ha dejado de cerrar un ojo en cuanto al accionar de la compañía: el 23 de octubre el Departamento de Justicia ha archivado el caso de Andrew J. Moonen, ex agente del Blackwater, que el 24 de diciembre del 2006 mató de tres tiros a Raheem Khalif, un guardia del cuerpo del vicepresidente iraquí Adel Abdul Mahdi. Luego de un trámite judicial lleno de encubrimientos y justificaciones jurídicas, o presuntas de serlo (incertidumbre sobre la ley a aplicar, dificultad en el encontrar pruebas en un campo de batalla, legítima defensa), se ha archivado. Para citar los hechos, todo proceso que se haya intentado en contra de los agentes de la compañía se ha cerrado con nada en concreto. Incluido el del atentado de los 17 civiles en Bagdad el 2007.
A decir verdad, en estos años no ha sido la única agencia de seguridad en haber demostrado una conducta (y una contabilidad) poco confiables. Al final del 2007 el Diplomatic Security Bureau, organismo de control de los Estados Unidos, hizo público que el Departamento de Estado no había sido capaz de documentar cómo se gastaron los mil millones de dólares otorgados a otra compañía, la Dyn Corp International, contratada para adiestrar a la policía iraquí. Los inspectores encargados por el Congreso encontraron las cuentas en desorden, pagos dobles y gastos por equipamiento jamás utilizado. Sin contar los beneficios y distintos extras a los empleados.
En resumen, una gestión desastrosa. A la cual Hillary Clinton ha decidido brindarle una renovada confianza.
3- La guerra “privada”, en curso en Afganistán pasará a la historia como la más imponente de la historia. A principios de año el Pentágono empleaba en el país a 104.000 contratistas y 68.000 soldados regulares y el Congressional Research Service estimaba que a los 33.000 soldados enviados por Obama siguiendo el modelo ya experimentado en Irak se les habría agregado un ulterior número de mercenarios entre 26.000 y 56.000. En Afganistán, según el organismo, el porcentaje de agentes privados es más alto que en cualquier otro conflicto en la historia de los Estados Unidos. Después de haber privatizado los servicios públicos, la salud, el correo, el transporte, el tío rico americano demuestra que incluso se puede contratar la guerra. Con el inevitable corolario de la “desregulación”, que en el caso específico significa actuar en la impunidad más absoluta.
Actualmente el número de contratistas se certificarían en 26.000, de los cuales 10.000 son estadounidenses y 16.000 extranjeros, la mayoría locales. Sus funciones no se limitan sólo al servicio de seguridad, sino que terminan superponiéndose a las tareas operativas de los militares. En definitiva, son una copia de los soldados uniformados si no fuese porque ellos no tienen reglas que respetar, empezando por las previstas en las Convenciones sobre los derechos humanos. Y poco importa si su conducta desemboca en reales abusos en perjuicio de la población, son los tribunales los que se encargan de poner las cosas en su lugar (rectius: a callar).
4- No sólo son los “vip” quienes se confían al cuidado de las compañías de seguridad privada: incluso la gestión de la seguridad de las bases estadounidenses en el país, está en manos de los comandantes de agencias de los “contractors” que subcontratan el servicio a los señores de la guerra locales. Con el resultado que, los vértices militares de los Estados Unidos no saben nada de quién hace la vigilancia de sus instalaciones en tierra afgana y que, según un informe del Senado, estarían ligados a los talibanes, o a la inteligencia iraní. Pero aún hay más.
El 22 de julio un informe del Congreso de los Estados Unidos llamado Warlord Inc, fruto de una investigación que durara 6 meses, señalaba que los principales financistas de los rebeldes en Afganistán son precisamente los Estados Unidos. Ésto porque el Pentágono contrata el transporte logístico de provisiones para los militares estadounidenses en Afganistán a ocho empresas privadas (civiles) acreditadas en el ámbito del programa llamado «Host nation trucking» (transporte en la nación anfitriona), para el cual gastan dos mil cien millones de dólares. Y el contrato prevé que sean las mismas empresas quienes brinden el servicio de seguridad al transporte. Considerando que las carreteras son controladas por pequeños grupos de señores de la guerra (warlord, justamente), se deduce que la seguridad de los servicios de abastecimiento está confiada a los diferentes warlord presentes a lo largo del camino. Se habla de 500 dólares por un camión de Kandahar a Herat (donde tiene sede el contingente italiano) y de 50 dólares desde Kabul a Gazni, por dar algún ejemplo; pero en algunas zonas más inestables se llega incluso a los 1500 dólares. Un sistema formado por centenares de agencias privadas que dan trabajo a casi 70.000 hombres armados. Y que alimenta un laberinto de corrupción que refuerza a los rebeldes. Financiando la guerra desde la parte equivocada.
Por Luca Troiano

2 de Noviembre de 2010
Clarissa.it

 


 

 


¿QUIÉN ESTÁ EN LÍNEA?

Tenemos 64 visitantes y ningun miembro en Línea

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA

STAFF DE ANTIMAFIA DOS MIL

EDICION 2013
Fundador y director internacional Antimafia Duemila
Giorgio Bongiovanni
Director Antimafia Dosmil (filial Sudamericana de Antimafia Duemila-Redacción Uruguay)
Jean Georges Almendras
Secretaria de Redacción
Erika Pais
Asistentes de Redacción
Georgina Varini
Vanesa Varini
Sheila Viera
Gimena Suárez
Web Master
Carmen de Huertos
Erika Pais
Fabio Mamelli (Italia)
Redactores
Jean Georges Almendras
Erika Pais
Daniel Amaral
Paola Becco
Monica Centofante
Silvia Cordella
Aaron Pettinari
Maria Loi
Francesca Mondin
Mirian Cuccu
Columnistas
Giorgio Bongiovanni (Director)
Lorenzo Baldo (Sub Director Antimafia Duemila)
Anna Petrozzi (Jefa de Redacción de Antimafia Duemila)
Giorgio Bongiovanni (Director de Antimafia Duemila)
Jean Georges Almendras (Director de Antimafia Dosmil)
Dr. Jorge Figueredo (Redactor de Asunción-Paraguay)
Columnistas invitados
Dr. Juan Alberto Rambaldo (Argentina)
Periodista Idilio Mendez (Paraguay)
Periodista Giulietto Chiesa (Italia)
 

CONTACTOS

ANTIMAFIADUEMILA

REDACCIONES

ban_antimafiaanti

 

ban_antimafiaarg

 antim2

 

ban antimafiapy

PAGparaguay