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victoria camboniVías férreas demandarán nuevas expropiaciones: más de mil
Por Victoria Camboni-22 de octubre de 2020

La industria de la celulosa no para de avanzar en Uruguay. Pero no lo hace con el apoyo de la sociedad, que en muchos sectores ha hecho frente a la instalación de cada una de las plantas. La realidad, sin embargo, es que a pesar de todos los pesares terminaron por imponerse, con sus propias condiciones.

Hoy UPM 2 quiere acomodarse a sus anchas y evitar repetir conflictos pasados. Pero comete nuevos y costosísimos errores.

Así, las vías férreas que estaban previstas -para que el tren recorriera la mitad del país- van a demandar muchas más expropiaciones de las que afirmaba un estudio presentado antes del comienzo de las obras. Según consignaron fuentes locales, el informe aseguraba que los terrenos destinados a ese fin serían 255, sin embargo, indicó El País, se pudo comprobar que en realidad son 1.040 los padrones a expropiar.

Tren de UPM 2

El grueso error implica un retraso en las obras ferroviarias de hasta ocho meses, y un gasto fuera de lo previsto que podría alcanzar los U$S 100 millones, que hasta el momento no está definido quién se hará cargo de los elevadísimos sobrecostos.

El contrato estipula que AFE (la empresa ferroviaria del Estado, hasta ahora única en operar los trenes en Uruguay) no se hará cargo del tren de UPM. En este caso será la propia empresa finlandesa que negociará directamente con un consorcio de tres empresas extranjeras: Deutsche Bahn International Operations, Christophersen Group, y Cointer Concesiones. Deutsche, la alemana, será quien se haga cargo de proveer el servicio, en tanto que las inversiones en insumos del transporte y mantenimiento del tren lo cubrirán las dos restantes. El estudio, costeado por UPM, fue realizado por una consultora finlandesa, adquirida luego por una empresa noruega.

Además del tren, los conflictos legales de UPM

Las dificultades de avance en la inversión de la planta de celulosa en Uruguay comenzaron cuando se firmó el acuerdo ROU-UPM. En este sentido citamos y recordamos una nota publicada por Sudestada, del periodista Victor Bachetta, sobre las distintas problemáticas que se plantearon desde el inicio en torno al contrato ROU-UPM: “Desde la firma pública del llamado Contrato ROU-UPM, el 7 de noviembre de 2017, por tres funcionarios de la Presidencia de la República y la multinacional finlandesa, se ha generado una sucesión de impugnaciones legales sin antecedentes en Uruguay. El comienzo fue el cuestionamiento de ese acto oficial y siguió a medida que se fueron conociendo las consecuencias de su implementación”.

“La polémica se inició con la propia denominación de "contrato" a un documento que sólo es una sucesión de compromisos asumidos por una de las partes, el gobierno nacional, en nombre del Estado uruguayo, mientras la empresa UPM queda libre de responsabilidad si decide hacer o no la inversión. Al cabo de cierto tiempo, desde la misma Presidencia de la República se pasó a hablar del "acuerdo".

“Se cuestionó también que tales compromisos fueran firmados por unos funcionarios y no por las autoridades responsables, sobre todo el presidente Tabaré Vázquez. Luego se supo que existía una resolución del Consejo de Ministros aceptando el acuerdo y facultando a esos funcionarios a firmarlo”.

“A partir de allí, los cuestionamientos abarcaron prácticamente todo el contenido del acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo y habilitaron acciones previstas en el orden legal vigente. Pero la urgencia del gobierno por concretar la inversión ha llevado a nuevas transgresiones de los procedimientos vigentes para la autorización de los proyectos y éstas son la base de nuevas impugnaciones legales”.

“Las acciones van desde alegar el carácter inconstitucional e ilegal del Contrato ROU-UPM hasta el cuestionamiento de varias decisiones posteriores del Poder Ejecutivo, principalmente del Ministerio de Transporte y Obras Pública (MTOP) y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), a lo que se suman los gobiernos departamentales implicados en partes del proyecto”.

El licenciado en Sociología Daniel Pena -en una nota publicada en reactiva.com.uy de mayo de este año- mencionaba varias de las aristas de la instalación de UPM2 en Uruguay: "En primer lugar, llama la atención que Álvaro García (exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto) esté solicitando públicamente acceder al memorando de las nuevas negociaciones, siendo que durante su administración mantuvo oculta las modificaciones al contrato del 9 de abril de 2018, hasta que una solicitud de información pública logró acceder el 15 de mayo de 2019 (2). Una de las modificaciones al contrato resolvía el pago mínimo del canon por uso de las vías del tren, tomando como dato el valor escrito en la versión en inglés y no en la que está pública en español. Pero además, cabe recordar que las negociaciones de dicho contrato fueron a puertas cerradas entre el Poder Ejecutivo y la empresa, sin participación ninguna del parlamento ni de ningún otro tipo de organización o colectivo. Pareciera que la decisión de aumentar la deuda externa de todo el país solicitando préstamos a bancos internacionales para invertir en infraestructura de uso prioritario de la empresa, 24 horas los 365 días del año, como afirma el contrato, y un montón de otros “compromisos” que asumió nuestra población no deben ser un tema de debate público".

"Lo mismo parece querer decir el desconocimiento de la Ley de Ordenamiento Territorial y la participación ciudadana en la producción de la misma, al diseñar el trazado del Tren sin tomar en cuenta los planes locales de O. T.; o al determinar por decreto presidencial que se trata de un proyecto de “urgente ejecución” para evitar tomar en cuenta la voz de los gobiernos departamentales; o el desarrollo de las Audiencias Públicas por dicho proyecto los días 21 y 27 de diciembre de 2018; o el incumplimiento del llamado a reunión por parte de DINAMA a las Comisiones de Seguimiento de UPM y Montes del Plata desde 2017 a la fecha; o el rechazo de la Corte Electoral a aceptar las miles de firmas de vecinos que solicitan hacer un plebiscito local para decidir directamente sobre el lugar que tendrá la nueva infraestructura para transporte de carga (entre ellas sustancias químicas peligrosas)".

"Tras el simulacro de discusión pública, gobierno neoliberal y oposición progresista ocultan su pleno consenso acerca de la importancia de la cadena foresto-celulósica, uno de los ejes del “desarrollo extractivista”. A este acuerdo pleno entre gobiernos neoliberales y progresistas, Maristella Svampa le llama el “consenso de los commodities”, pues se basa en la concentración y extranjerización de la tierra (14) a manos de multinacionales que avanzan sobre tierras, aguas y poblaciones para la extracción -cada vez más depredatoria- de materias primas para su exportación a China, Europa y EEUU. La Ley forestal promulgada en 1987 en el gobierno colorado de J. M. Sanguinetti, profundizada con fuertes inversiones en forestación por la propia familia Pou-Lacalle en los años 90, fue legitimada y defendida a puertas cerradas por el gobierno progresista durante sus 15 años de gestión, desoyendo las críticas académicas y populares".

Pena hace una reflexión que puntualiza y sintetiza el conflicto de fondo: "Es momento de trascender el supuesto “debate” sobre las condiciones del acuerdo ROU-UPM, y discutir en profundidad el modelo de “desarrollo” que este proyecto intensifica, las consecuencias ambientales y sociales de dichos mega-emprendimientos, las alternativas posibles (ya en funcionamiento en el país y el mundo), la creación de empleos genuinos y autogestionados, y el lugar de la democracia directa en la toma de decisiones efectivas sobre el futuro de nuestras vidas y territorios".

MonstruoUPM

Promesas incumplidas

El pasado 3 de abril desde esta revista digital seguimos la exhortación de algunos personajes de la esfera política y de los medios de comunicación, al entonces recién electo presidente Luis Lacalle Pou, a cancelar el acuerdo con UPM y no avanzar en la firma de un contrato que, incluso él mismo, señalaba en su campaña para candidatearse a la jefatura del Estado, como perjudicial para Uruguay .Mucho se criticó además, incluso de filas que ahora son oficialistas, el secretismo con el que fue confeccionado el contrato. En ese momento la comitiva apeló a una cláusula que contemplaba la posibilidad de una pandemia para cancelar todo el emprendimiento. Pero lamentablemente el pedido no fue tomado en cuenta, y lamentablemente la hipocresía se dejó ver una vez más, luego de una elección y una campaña que dejó en evidencia la contradicción entre los dichos y promesas electorales, y las acciones posteriores una vez alcanzado el objetivo.

La muy acertada visión del Dr. Enrique Viana

Pero lo más decididamente preocupante es el significado detrás de esos conflictos legales. Como ha señalado innumerables veces el abogado y ex fiscal letrado Enrique Viana, el Estado uruguayo entregó su soberanía en manos de una empresa extranjera al brindarle todas las garantías posibles para asegurarse de que se instalaría en nuestro país. Así fue que el gobierno firmó un contrato a escondidas del pueblo. Es así también, que incluso, agregó en la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se reprimieran manifestaciones o intervenciones en la vía pública que pudieran interrumpir el tránsito de las personas. Parece una alusión directa a los cortes de ruta que en su momento se hicieron cuando se estaba instalando la primera UPM en Uruguay, o un intento de frenar manifestaciones, como la que se hizo en octubre de 2019 y terminó con varias detenciones. Parece una garantía en ese sentido para esta empresa, que exigía que la inversión fuera concretada, si la sociedad no protestaba. Parece un ataque a la libertad de expresión de un pueblo que desde el comienzo no estuvo a favor de la instalación de la pastera, y que aún, siguiendo hoy en desacuerdo, se pretende silenciar.

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*Imagen de portada: www.liderempresarial.com

*Foto 2: www.diariolarepublica.com 

*Foto 3: Anubis Leal de Our Voice

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