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daiana carracedoEl apoyo del presidente a la megaminería en Mendoza

Por Daiana Carracedo, de Our Voice, Ushuaia-23 de diciembre de 2019

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”, reza el artículo 41° de la Constitución Nacional.

En vista de esto, todo debate que pusiera en riesgo el ambiente en el cual vivimos y el que le vamos a dejar a las generaciones futuras, resultaría ilógico. Entonces ¿Qué lo torna debatible? Las necesidades presentes. El artículo 41 es una contradicción en sí mismo. Manteniendo el ritmo de vida actual, resultaría casi imposible satisfacer nuestras necesidades sin dañar el ecosistema en el que vivimos o el del futuro. Con el déficit en infraestructura para la operatoria energética y la economía argentina debilitada por los sucesivos gobiernos que tratan de emparchar el “error” del anterior, la opción más viable para sostener el sistema presente sería el ingreso de recursos externos, es decir el capital de empresas multinacionales. Y eso es básicamente un respirador artificial para el país, olvidándonos que al sacarlo no puede respirar por sí solo. Entonces se empieza a hablar de ambiente sustentable para tratar de equilibrar todos los puntos anteriores con la menor pérdida posible.

“Un hábitat sustentable es un ecosistema que es capaz de producir alimentos y refugio para las personas y otros organismos, sin agotar los recursos, buscando no enviar residuos al exterior de dicho ecosistema. Así, el hábitat puede continuar en el futuro sin ingreso de recursos externos” (Wikipedia).

La definición no representa lo que está sucediendo en la provincia de Mendoza, que aprobó este 20 de diciembre la modificación a la ley 7722 para habilitar el uso de sustancias químicas como cianuro, ácido sulfúrico y otras similares, lo que significa la apertura de la provincia a la explotación de la megaminería. La sesión maratónica no duró más de 10 horas.

Pocos días antes, el presidente Alberto Fernández apoyó la decisión del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, para modificar la ley diciendo que “la minería es primordial”. Además aclaró que no pretende un Estado intervencionista, sino un Estado inteligente que equilibre las fuentes de recursos para el futuro. El término "intervención" asume que el Estado y la economía deben estar inherentemente separados el uno del otro.

La sociedad mendocina se expresó en contra de la megaminería. Es una lucha que viene desde el 2007, cuando se aprueba la explotación convencional de cuatro pozos petroleros en la ciudad de Malargüe sin estudios de impacto ambiental. A fines de ese año se realizó la audiencia pública correspondiente donde se reveló que no son cuatro sino cinco los pozos a explotar. La explotación convencional se instala, pero con la presión de las diferentes ONGs se logra controlar la explotación no convencional de hidrocarburos, es decir el fracking.

Esta técnica llamada también fractura hidráulica consiste en la perforación de una roca fosilizada que contiene gas y petróleo con la posterior inyección de agua a alta presión para provocar una fractura y poder extraer el hidrocarburo. Requiere una utilización intensiva de agua y produce una contaminación irreversible del recurso hídrico. Cada perforación utiliza un promedio de 14 a 25 millones de litros de agua mezclada con arena silícea y una combinación de entre 700 y 900 productos químicos altamente tóxicos. Las fracturas son inestables, haciendo muy probable que el agua contaminada se mezcle con el agua para el consumo humano. Recordemos que Mendoza está en crisis hídrica y con una sequía que ya atraviesa su noveno año consecutivo.

La ley 772 prohíbe la utilización de cianuro y otras sustancias tóxicas, su modificación implica una grave contaminación para el suelo y el agua de la provincia. Además, prevé la creación de una agencia de control ambiental, que sabemos por los diferentes proyectos ambientales (represas hidroeléctricas) que de nada sirve. Sólo se crea para cumplir con la legislación internacional que así lo exige. También aparece un fondo para volcar el 1,5 por ciento de las regalías en obras hídricas y de saneamiento en los municipios explotados, además de la promesa de la creación de puestos de trabajo para los mendocinos.

Lo cierto es que en materia ambiental solo hay promesas basadas en estudios de proyección a futuro. Lo paradójico es que ese futuro se va acercando rápidamente dejando el presente atrás y otra vez se vuelve a hablar de “otro futuro”, esta vez más lejano. Como habitantes de esta tierra no la cuidamos, dejamos su preservación en manos de leyes que poco tienen que ver con la naturaleza. Es necesario que el cambio sea urgente, pero un cambio desde nosotros. Debemos equilibrarnos con nuestro planeta que tiene recursos de sobra, si antes logramos entender el mal que le hacemos con nuestra sociedad de consumo.

Hoy estamos llegando a un punto crítico en materia de cambio climático. Y eso pasa siempre que se estudian las consecuencias, pero no las causas.

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Foto de Portada: www.laizquierdadiario.com  

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