Pero estas “cosechas records” de las cuales tanto se jactan los medios de comunicación, han traído aparejados el uso de millones de litros diseminados en el suelo, en el aire y en el agua de todo el país, que en este aspecto nos deja en la cima del podio global, en cuanto a la relación litro/kilo de agro tóxicos por habitante, de donde se desprende un 11,9 de litros/kilo por persona de los 525 millones de litros/kilos usados en la campaña de 2018.
La provincia de Entre Ríos, además de ser una de las más castigadas por las fumigaciones, también es una de las provincias con mayores luchas socio ambientales en la historia del país. Lucia Ibarra Bouzada nos cuenta que el Foro Ecologista viene trabajando desde hace muchos años diversas problemáticas, y que puntualmente en relación al modelo agroindustrial actual, hace tiempo que vienen difundiendo en charlas, conferencias, escuelas y medios lo que ahora estamos viendo todos.
Y esto es porque a partir de los años 80, en donde se declara la vigente ley de plaguicidas, los diferentes legisladores han esquivado sistemáticamente a tratar y dar un marco regulatorio al uso de venenos en el campo entrerriano.
Recién en el año 2017, y ya con miles de estudios científicos de todo el mundo en contra de los agro tóxicos, el poder político decidió abrir el juego y convocar a una participación ciudadana “no vinculante” a debatir sobre un nuevo proyecto de ley que determinaría las nuevas distancias de fumigación, en donde a través de las “buenas prácticas agrícolas” los márgenes de aplicación podrían reducirse sin problemas. Obviamente, dicho proyecto carecía de cualquier estudio que pudiera determinar y así justificar dicha acción.
Así, uno por uno, todos los que se habían inscripto previamente pudieron tener la palabra para demostrar de diferentes formas que el uso de venenos, envenena. Médicos, biólogos, bioquímicos, docentes, periodistas, personas afectadas y público en general, dejaron sin aliento a los dirigentes políticos presentes.
Tras varios meses de silencio por parte del gobierno, pero con información filtrada desde las entrañas del oficialismo, el mensaje era claro: había que reducir las distancias de fumigaciones. En noviembre de ese año, se convocó a una multitudinaria manifestación en Casa de Gobierno para decir basta a este modelo de producción. La idea era que el reclamo se escuchara en la sesión de senadores que estaba prevista para esa tarde, pero que sorpresivamente fue suspendida sin una nueva fecha de programación.
A principios de diciembre, un senador presentó un proyecto de ley que prohibía las fumigaciones con agro tóxicos en todo el territorio provincial, especialmente con glifosato, que había sido declarado potencialmente cancerígeno por la Agencia Internacional del Cáncer la cual depende de la Organización Mundial de la Salud.
El lobby sojero no tardó en responder a la iniciativa, y por medio del Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Federación Agraria declaró públicamente que “prohibir el uso de glifosato sería un acto de prejuicios y emociones”.
Sin importar que un tema tan sensible estuviese en boca de todos, el proyecto que reducía la distancias de fumigaciones fue ingresado el 26 de diciembre y fue tratado ese mismo día en una sesión extraordinaria a media noche, la última de ese año, y fue aprobada sobre tablas sin que haya pasado por ninguna comisión.
Ante la gravedad de que la política operara a espaldas de la sociedad y de que la provincia contara con los más altos promedios de fumigaciones y muertes relacionadas (el más alto se registra en la ciudad de San Salvador en donde el 43.3 % de las muertes son causadas por algún cáncer, sumado a que el 55% de los niños internados en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, con esta enfermedad, eran de esta provincia) el pueblo no se hizo esperar.
El 16 de enero de 2018 se realizó alrededor de Casa de Gobierno la primera ronda de protestas que a partir de ese momento serían los días martes, en silencio, con velas y con carteles. Lucia cuenta que decidieron adoptar esa forma de manifestarse por las Madres de Plaza de Mayo que vienen hace años desarrollando esa acción.
“La ronda se multiplicó en muchos lugares del país en simultáneo a la misma hora y en el mismo día, incluso en lugares en donde la producción es muy fuerte y no es fácil salir a la calle y decir basta”, cuenta.
Las escuelas fumigadas y el recurso de amparo.
“En ese momento nosotros veíamos que las escuelas rurales no paraban de ser fumigadas, recibíamos muchísimas denuncias de distintos puntos de la provincia. Nosotros reclamábamos y no éramos escuchados para nada. Llegó un momento donde en San José fumigaron tres escuelas seguidas, lo cual fue terrible, y en ese momento dijimos hasta acá llegamos, algo tenemos que hacer. Muchos nos reclaman eso justamente, nos dicen que no era necesario llegar a instancias jurídicas, yo creo que sí, fue una instancia que puede o no gustar a todo el mundo pero era necesaria. El 23 de agosto del año pasado presentamos el amparo y tuvimos sentencia favorable. Lo que nosotros pedíamos era por un lado las distancias (cese de toda fumigación con agro tóxicos a un radio de 1.000 metros terrestres y 3.000 metros aéreos alrededor de todas las centros educativos rurales) que por ahí fue lo más conocido, pero lo que se pedía también era que se analizara agua, aire, suelo de esas escuelas rurales (más de 850) que se les haga estudios a los chicos para saber cuál era la situación de salud de ellos que están expuestos constantemente a los plaguicidas. Fueron muchos los puntos que se pedían y a los que se dieron lugar”.
Un decreto como respuesta del gobierno
Posteriormente al fallo judicial favorable que recibió el recurso de amparo colectivo presentado por el Foro Ecologista y AGMER, el gobierno provincial comenzó a trabajar en un decreto, para de manera inconstitucional, volver a reducir las distancias de fumigación. Este fue publicado en el Boletín Oficial el 02 de enero de este año. Ante la consulta de porque creen que nuestros representantes, lejos de ponerse en el lugar de defender la salud de la gente, deciden desoír toda evidencia científica y situase del lado de este sistema de producción insostenible, la entrevistada nos contesta: “La verdad que me encantaría saberlo. Hemos pedido muchísimas reuniones y audiencias con el gobernador Gustavo Bordet pero nunca fuimos recibidos en todo este tiempo. A nosotros nos encantaría saber por qué se niega a entenderlo, yo no sé si él se niega, creo que hay una gran presión del agro en cuanto a esto, de hecho ya anunciaron que en los próximos días van a movilizarse para que se dé vuelta atrás, dar vuelta atrás una sentencia judicial lo cual es algo ilógico.”
“En el último amparo que presentamos, que recibió sentencia favorable nuevamente el jueves, se habían hecho modificaciones en la ley de procedimientos, por lo cual tuvimos que presentar pruebas de lo que nosotros decíamos. Presentamos informes científicos de seis investigadores con larga experiencia en el tema, las cuales fueron escuchadas por el juez, y es lo que reflejo también en la sentencia. Ellos podían presentar las mismas pruebas, presentaron el informe del Dr. Alonso que es un médico que trabaja en Córdoba en Registro de Tumores, el cual es sumamente cuestionado porque prueba medicamentos oncológicos de Bayer y también se dedica a dar charlas para el CASAFE (Cámara de Sanidad y Fertilizantes).”
“Este ha sido un año entero perdido por las peleas judiciales en donde presentamos un amparo, apelan, presentan un decreto, cuando se podrían haber utilizado esas fuerzas para poder ,por ejemplo, hacer estudios en la salud de esos chicos, ver cuál es el estado ambiental de las escuelas…”
La denuncia al fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes
“La sentencia salió un jueves, el día viernes salió por medios radiales a decir que la sentencia no estaba firme porque ellos iban a apelar y que la gente podía fumigar. Él no puede desconocer que la sentencia sigue firme. Entonces el motivo de las denuncias que se hicieron en diferentes puntos de la provincia fue por incumplimiento de su función, por incentivar a no acatar una orden judicial e ir en contra de la salud pública.”
Cabe destacar que el pasado martes, la coordinadora “Basta es Basta” denuncio a través de un comunicado que recibieron amenazas por parte de un dirigente gremial.
No hay grieta
“Desde los años 90 en el que se introdujo la soja transgénica con todo el combo sin ningún tipo de estudio, todos han sido cómplices. Sabiendo el perjuicio que todo esto traía, aun así siguieron aceptando.”
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) ideado y puesto en marcha en el 2012, se plantea llegar a las 48 millones de hectáreas para la agroindustria. Desde aquel año hasta nuestros días, los diferentes gobiernos han mantenido el rumbo para poder llegar a esa extensión, lo cual la convierte en una verdadera política de Estado.
El presidente Mauricio Macri, en su visita de este año a la provincia y consultado por el fallo judicial a favor de las escuelas tildó de “irresponsable” al juez. Por su parte Alberto Fernández hace pocos días estuvo también en tierras entrerrianas por su campaña electoral y dijo que el fallo era “desmedido”.
Mientras que los que nos trajeron hasta acá se presentan como la solución a todos nuestros problemas de cara a las elecciones de este mes, la población en general empieza a ver cada vez más las relaciones carnales entre los diferentes gobiernos y las multinacionales.
Solo nosotros podemos cambiar esta historia y decir de una buena vez ¡Basta es Basta!
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Foto de portada: www.elentrerios.com
Foto 1: Leandro Rivero
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En radio nacional AM870 el fiscal declaró lo siguiente:
http://www.radionacional.com.ar/el-gobierno-apelara-hoy-el-fallo-sobre-fumigaciones/
Denuncia de amenazas por parte de un dirigente gremial:
http://bastaesbasta.blogspot.com/2019/10/amenazas-companeros-del-basta-es-basta_5.html