El juicio del siglo concluyó en la Santa Sede, con Cecilia Morogna condenada a 3 años y 9 meses. Los abogados del prelado apelaron
El Tribunal del Vaticano condenó en primera instancia al cardenal Angelo Becciu a cinco años y medio de prisión al final del proceso sobre la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado relacionados con la venta del palacio de la avenida Sloane, en el corazón de Londres. Además de prisión, Becciu fue condenado a una multa de 8.000 euros y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Becciu, ausente en el momento de la lectura de la sentencia, fue declarado culpable de tres cargos de malversación y fraude agravado. Es la primera vez que un cardenal es condenado en primera instancia por un Tribunal del Vaticano. La sentencia fue pronunciada por el presidente del Tribunal, Giuseppe Pignatone, en la sala polivalente de los Museos Vaticanos. Así, después de casi dos años y medio, finaliza el proceso más largo e intrincado que jamás haya conocido la Santa Sede. Ochenta y seis audiencias, incluida la de hoy, a lo largo de 29 meses (fecha de acusación: 3 de julio del 2021, inicio del juicio: 27 de julio del 2021). Más de 600 horas de permanencia en la sala, la declaración de 69 testigos, 124.563 páginas en papel y en dispositivos informáticos y 2.479.062 archivos analizados presentados por la Fiscalía, 20.150 páginas con anexos presentados por la defensa y 48.731 por las partes civiles. Cifras elevadas que reflejan la amplitud y exactitud del debate que el Tribunal del Vaticano quiso desde el principio que fuera la seña de identidad del juicio, definido como el "century trial", el juicio del siglo.
"Respetamos la sentencia, pero vamos a apelar porque tenemos la clara certeza de que la audiencia, al menos desde nuestro punto de vista, ha demostrado la inocencia del cardenal Becciu. Leeremos, por supuesto, los motivos", comentó inmediatamente el abogado Fabio Viglione, defensor del cardenal Becciu, inmediatamente después de la lectura de la condena. Por su parte, las defensoras de la Secretaría de Estado, Paola Severino, Elisa Scaroina y Daniela Sticchi, expresaron su "satisfacción" por la sentencia pronunciada ayer por el Tribunal de la Ciudad del Vaticano "que reconoce la corrección de la posición adoptada por la Secretaría de Estado en este proceso y su pleno derecho a que se reconozca el grave daño a su imagen como consecuencia de la conducta imputada a los acusados". Incluso Alessandro Diddi, Promotor de Justicia del Estado Vaticano, que había pedido 7 años y tres meses de prisión, se declaró satisfecho. "No me alegro por el resultado, pero esta noche dormiré tranquilo, no hemos enviado a juicio a personas inocentes. Cuando se celebran estos juicios -siguió diciendo- nunca hay que alegrarse por el resultado: quien es fiscal no puede estar contento con las condenas. Pero sí estoy satisfecho por el largo y minucioso trabajo que se mantuvo a pesar de las quejas que se han hecho contra nosotros en los últimos años: nos han dicho que somos incompetentes, ignorantes, nos han dicho de todo. En realidad, el resultado nos da la razón. Y esta es la única satisfacción para mí".
Muchos de los delitos de la acusación han sido recalificados. De los más de 73 años de pena solicitados el pasado mes de julio por el promotor de justicia Alessandro Diddi, fueron aceptados aproximadamente 37. Monseñor Mauro Carlino es el único acusado absuelto. Sanciones financieras por valor de 1.750 euros para René Brülhart y Tommaso Di Ruzza, ex presidente y director respectivamente de la AIF (actualmente ASIF, Autoridad de Supervisión e Información Financiera). El Tribunal impuso una pena de 7 años de prisión y una multa de 10.000 euros a Enrico Crasso, ex asesor financiero de la Secretaría de Estado, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Para el financista Raffaele Mincione la pena es de 5 años y 6 meses, la multa equivale a 8.000 euros, más la prohibición de ejercer cargos públicos. Para el abogado Nicola Squillace, con circunstancias atenuantes, un año y 10 meses de prisión, una pena suspendida por cinco años. Para el corredor Gianluigi Torzi 6 años y 6 mil euros de prohibición, más supervisión especial durante un año. Para el ex empleado de la oficina administrativa de la Secretaría de Estado, Fabrizio Tirabassi, 7 años de prisión y una multa de 10 mil euros, con inhabilitación para ejercer cargos públicos. Tres años y 9 meses para la directiva Cecilia Marogna, e inhabilitación temporal por el mismo período. Multa de 40.000 euros para su empresa Logsic Humanitarne Dejavnosti. También contra el cardenal Becciu, Crasso, Mincione y Tirabassi se han confiscado 200 millones y 500 mil dólares obtenidos "como beneficio del delito de malversación de fondos" y contra Mincione "todo lo utilizado para cometer delitos de autoblanqueo". Siempre a Becciu, con Marogna y Logsic Humanitarne Dejavnosti D.O.O. se ordenó el decomiso de 589.400 euros como beneficio del delito de fraude agravado. A Becciu le aplicaron el decomiso de 125.000 euros en concepto de beneficio del delito de malversación.
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