Entrevista de La Stampa al fiscal nacional adjunto antimafia

"Hay un diseño único en las reformas que implementan el programa fundacional de Forza Italia y tienen sus raíces en el diseño de la logia P2". El fiscal nacional adjunto antimafia, Nino Di Matteo, exconsejero del CSM (Consejo Superior de la Magistratura, no se anduvo con rodeos al ser entrevistado esta mañana por La Stampa para comentar la reforma del ministro de Justicia, Carlo Nordio, y el peligro que la misma que representa para la autonomía y la independencia del poder judicial, siguiendo la senda iniciada por la exministra Marta Cartabia bajo el gobierno de Draghi.

Di Matteo planteó de inmediato la necesidad de mantener una "visión de conjunto" sin la cual se corre el riesgo de mantener un debate sobre reformas individuales que no conduzca a nada. "A raíz del programa de gobierno de Berlusconi, en los últimos años la política se ha visto invadida por un deseo de venganza contra cierta parte de la magistratura que, de acuerdo con la Constitución, ha ejercido un control de legalidad a 360°", dijo Di Matteo en respuesta a la pregunta del periodista Giuseppe Salvaggiuolo sobre el choque entre la política y la magistratura.

De Cartabia a Nordio un único hilo rojo

No es la primera vez que Di Matteo denuncia la peligrosa continuidad entre la reforma de Cartabia y la más reciente de Carlo Nordio. "Van en la misma dirección -dijo-. Que no es agilizar la justicia, sino desdoblarla. Implacable con los delitos comunes; lenta y torpe hacia las manifestaciones criminales de cuello blanco. Cartabia abrió el paso por el que transita Nordio. Sus reformas darán el empujón definitivo". Un precursor y una secuela, por tanto, que surge de la improcedencia que introduce la ministra de Justicia de Draghi, "que hace que los procesos de apelación y casación se desvanezcan, provocando que la Fiscalía atomice la acción penal, dejando fuera a los sistemas criminales complejos". Pero también fuera de la "previsión de una querella para perseguir delitos como secuestros y lesiones graves -añadió el fiscal nacional adjunto antimafia-, o pasar a criterios de prioridad de enjuiciamiento indicados por el Parlamento y limitaciones al derecho a informar para noticias que ya no estén cubiertas por el secreto. Hasta aquí la reforma de Cartabia. Luego viene el nuevo gobierno con la liberalización generalizada de los procedimientos de contratación, la derogación del abuso de cargo, la limitación del tráfico de influencias, el mayor endurecimiento en la publicación de escuchas telefónicas que ya no están cubiertas por el secreto y las reformas constitucionales en los temas de la separación de carreras judiciales y en la persecución penal obligatoria". Una serie de maniobras detrás de las cuales Di Matteo no ve "discontinuidad", sino "un camino único, que entre otras cosas tiene sus raíces en épocas lejanas".

La sombra de Berlusconi y de la Logia P2 detrás de las reformas

Muy preocupante es también la similitud con lo que quisieron hacer los distintos gobiernos de Berlusconi y, más aún, "con el plan de renacimiento democrático de la Logia P2".

Todo ello con el objetivo, precisamente, de "reducir la independencia del poder judicial, controlándolo directa e indirectamente. Este es el correo. El sistema de poder pretende armarse y volverse inexpugnable para el control de legalidad". 

Nordio, como la mayoría oficialista del gobierno, quiere dedicar la reforma de la justicia a Silvio Berlusconi. Una especie de elogio post-mortem. "La reivindicación está en los hechos -dice Di Matteo- vamos en la dirección trazada en la campaña de 1994. Parece que hoy por fin se quiere hacer lo que los gobiernos de centro-derecha no habían hecho". Todo en un contexto en el que la magistratura, que ya no es la que era hace 30 años, "también paga sus faltas, con una pérdida de credibilidad que el poder político aprovecha". Un cuadro debido a la inclinación cada vez mayor hacia el arribismo y la burocracia según la cual "los fiscales jerárquicos están más interesados ​​en las estadísticas que en profundizar las investigaciones". Y para Di Matteo, este clima podría llevar al país "a dejar atrás la temporada de maxi juicios, las investigaciones sobre relaciones entre la mafia y la política o las masacres. El momento es delicado. Ahora se puede rediseñar el poder judicial derogando las armas utilizadas para el control de legalidad".

Del abuso de autoridad al concurso externo la distancia es corta

Luego Salvaggiuolo llevó nuevamente la entrevista a los temas candentes del debate público: abolición del abuso del cargo, revisión del concurso externo en asociación mafiosa y otros delitos.

"Muchos casos de denuncias de ciudadanos que sospechan de abusos de poder terminan en protestas de subasta, corrupción o intereses mafiosos en la administración pública -dijo Di Matteo-. Abolirlo significa bloquear las investigaciones mientras llueven cientos de miles de millones de PNRR (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia) y debilitar la protección del ciudadano frente a la conducta abusiva del funcionario público". En cuanto al concurso externo, para el magistrado es un delito "el resultado de la aplicación jurisprudencial de las mismas reglas del código que se aplican a cualquier otro delito. Quienes lo disputan ignoran, o pretenden ignorar, que el primero en utilizarlo fue Falcone para investigar a Ciancimino; y que gracias a esta figura fueron condenados importantes políticos (Dell'Utri, D'Alì y Cosentino), policías, empresarios, alcaldes y magistrados -añadió-. La mafia se vuelve más fluida, prescindiendo de los viejos ritos de afiliación formal. Eliminar la competencia externa constituiría un perjuicio grave". En resumen, la dirección tomada por el gobierno es "peligrosa". "Hoy -añadió Di Matteo- de más de 57.000 presos, menos de 10 cumplen condena definitiva por corrupción. O en Italia la corrupción fue erradicada o, según creo yo, es esencialmente un fenómeno que goza de impunidad. Y las reformas tienden a ampliar esta impunidad".

El ejemplo de Paolo Borsellino

El juez Paolo Borsellino fue incluido a menudo en el panteón de los puntos de referencia de Giorgia Meloni y su partido (así como del gobierno). Pero hay una diferencia sustancial entre la justicia legal -encarnada por Borsellino- y la de este gobierno. "Me sorprende que los funcionarios del gobierno, empezando por la primera ministra, afirmen adherirse al modelo ideal de Borsellino -dijo Di Matteo-. Al ser consultado sobre la relación mafia-política, Borsellino dijo públicamente que la tragedia de Italia es que si no hay delito no existe responsabilidad política, ni siquiera por conductas graves y comprobadas". 

Mientras que hoy, en cambio, se dice que hay que esperar las sentencias. "Cada vez que se constata un hecho, por ejemplo, de cercanía mafiosa, la política reacciona así, confundiendo planos distintos -expresó el magistrado-. La responsabilidad legal responde al principio de no culpabilidad hasta la sentencia firme; la responsabilidad política debería activarse independientemente y antes, sobre la base de hechos ya conocidos. De lo contrario se suprime la responsabilidad política". Y es precisamente la ausencia de un "termómetro" político lo que ha relegado al Poder Judicial a "la tarea de resolver los casos de conductas incompatibles con la función pública. Para luego poder quejarse de que el poder judicial está haciendo campaña". Una conducta que contradice el ejemplo de Borsellino. Es una retórica de muy mal gusto. "Las reformas no van en la dirección deseada por Borsellino para fortalecer la lucha contra la mafia. Más bien, la socavan en el frente más sensible. Esto no honra el legado moral de Falcone y Borsellino. Lo traiciona", concluyó Nino Di Matteo.