Por Giorgio Bongiovanni-14 de febrero de 2021
No hay muchas palabras para definir la decisión de la consulta sobre la cadena perpetua que se expresó reconociendo el derecho a conceder premios también a los condenados por hechos mafiosos y terrorismo. Se trata de un gravísimo error de discernimiento cometido por quienes deberían tener conciencia y conocimiento de un fenómeno como el del crimen organizado en Italia, que es el más poderoso del mundo, que de hecho gestiona el tráfico internacional de drogas y que invierte enormes capitales en toda la economía mundial.
La Corte de Derechos Humanos de la Unión Europea, en las últimas semanas, ya se había expresado de una forma loca y delirante sobre estos temas. Una decisión ciertamente no compartida pero predecible si tenemos en cuenta que, aparte de Italia, ningún otro Estado de la Unión Europea prevé el delito de asociación mafiosa en su ordenamiento jurídico. Pero ver órganos altamente institucionales como la Corte Constitucional que se adaptan, bajándose los calzones, a ciertos dictados europeos, es tan escandaloso como ofensivo para todos esos mártires, empezando por Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, que lucharon contra ciertos sistemas criminales. La mafia no es una organización criminal como tantas otras. Es cierto que la consulta dice expresamente que el condenado debe acreditar plenamente haber participado en un proceso de reeducación demostrando que no tiene vínculos con la asociación delictiva, pero se sabe que, para un miembro activo, afiliado a Cosa Nostra, la 'Ndrangheta y la Camorra, la única forma real de romper con el pasado es colaborando con la justicia.
Y también está probado por decenas y decenas de investigaciones que los mafiosos que finalizan su período de detención, una vez salidos de la cárcel, regresan exactamente al lugar que ocupaban antes en la organización mafiosa. De hecho, incluso lo hacen con un currículum mejorado, precisamente en virtud del silencio mantenido en la cárcel.
Todos recordamos los años de las masacres, así como la larga secuencia de declaraciones de arrepentidos que dijeron que el objetivo de Cosa Nostra (y no solo) era eliminar la cadena perpetua y 41 bis del sistema legal italiano, como así también reformar la ley sobre los colaboradores de justicia. Y recordamos además las cartas divulgadas desde la cárcel por jefes como Leoluca Bagarella (cuñado de Riina) o las declaraciones de los hermanos Graviano que discutían repetidamente con exasociados (Gaspare Spatuzza, ndr) o "damas de compañía" (Umberto Adinolfi, ndr) de la posibilidad de hablar con los magistrados "si no llega nada de donde debe llegar". El jefe de Brancaccio, Giuseppe Graviano, interceptado en la cárcel, refiriéndose a Berlusconi lo acusó de ingratitud: "Tomó distancia y se convirtió en un traidor... Hace 25 años me senté contigo, ¿no?... Traidor... pedazo de basura... pero vaya a saber cómo es que estás en el gobierno... te he dado beneficios. Entonces... me arrestan y me empiezas a apuñalar... Dice: no lo dejo salir más y sabe que no hablo porque conoce mi carácter y conoce mis habilidades... Me dieron 24 años, mi familia está destruida... dinero todos los meses. Te he estado esperando hasta ahora… y me estás haciendo morir en la cárcel…".
Veintisiete años después de las masacres, la decisión de la Consulta abre una ventana a los mafiosos. Y lo hace a la manera de Pilatos, si se tiene en cuenta que la última decisión estará a cargo de un solo juez del Tribunal de Vigilancia que, cada tanto, tendrá que tomar decisiones muy delicadas.
Sobre este punto, el exfiscal de Palermo, Leonardo Agueci, puso en evidencia que existe el riesgo de "fallos contradictorios entre un juez y otro sobre la evaluación concreta de la separación efectiva de la asociación mafiosa. De este modo habrá jueces más 'buenos' y otros más 'severos'". "Todo esto -según el magistrado, ahora retirado- ciertamente no ayudará a la percepción de la justicia por parte de la comunidad ni fortalecerá la estabilidad del sistema y, en cambio, conducirá a una mayor exposición pública de los magistrados, quienes estarán cada tanto llamados a decidir".
Hay otros que, como el consejero del CSM, Sebastiano Ardita, dieron la alarma sobre el peligro de que existan "presiones de las organizaciones mafiosas sobre la magistratura de vigilancia".
Sin lugar a dudas, como dijo ayer el fiscal Nino Di Matteo, también consejero del CSM, al comentar la decisión de la Consulta sobre la cadena perpetua, la mayor amenaza es que se materializa "uno de los principales objetivos que la mafia de las masacres pretendía lograr con los atentados de los años '92 -'94".
El magistrado también expresó la esperanza de que "la política sepa reaccionar con prontitud y, ante las indicaciones de la Corte Constitucional, apruebe los cambios normativos necesarios para evitar que las puertas de la prisión se abran indiscriminadamente a mafiosos y terroristas condenados a cadena perpetua". Magistrados como Gratteri, Caselli y Grasso también se manifestaron en contra de cualquier modificación a la cadena perpetua y, por una vez, casi toda la política, desde las fuerzas mayoritarias hasta las de la oposición, se expresaron críticamente contra la decisión.
Consideraciones compartidas fueron las del presidente de la Unión de Cámaras penales Gian Domenico Caiazza y el director de La7 Enrico Mentana. Este último durante la edición vespertina del Tg de ayer, comentó las palabras de Di Matteo en los siguientes términos:
"En un país que se respete a sí mismo, debe respetarse una sentencia de la Corte Constitucional, sobre todo por los miembros del Consejo Superior de la Magistratura. Sean blancos, negros o rojos".
Sinceramente, cuesta entender dónde, en la intervención del magistrado, no se respeta la sentencia desde el momento en que se desea una intervención de la política "siguiendo las indicaciones del Tribunal Constitucional". Por otra parte, ya en las últimas semanas y tras la decisión de la Corte de Justicia de la Unión Europea, varios magistrados hablaron de los riesgos que podrían surgir al modificarse la ley sobre la cadena perpetua. Y entonces, la sensación es que se señala con el dedo a Di Matteo por otras razones que van más allá de la sentencia de la Consulta referida a la cadena perpetua.
Pero hoy otro exmagistrado como Alfonso Sabella, entrevistado por Il Fatto Quotidiano, ha dicho que "del comunicado no surge con claridad si es el condenado quien debe demostrar que no tiene vínculos actuales con la asociación delictiva o si es el poder judicial el que debe demostrar la existencia actual de los vínculos". Y respondiendo a una pregunta concreta, agregó: "Si fuera el Poder Judicial el que tuviere que demostrar que los vínculos existen y siguen vigentes, entonces este fallo abriría una autopista para los condenados. Sería muy complicado demostrar los vínculos actuales en relación a sujetos sometidos a un régimen especial y que llevan décadas en prisión. Estamos a la espera de las razones para entender si la Corte ha identificado la carga de la prueba o si deja la cuestión al legislador".
Entonces es cierto, las sentencias se respetan. Pero, más allá del rol que cada uno tiene, es derecho de todo ciudadano, y no solo del periodista, comentar los fallos y expresar una opinión crítica. Esto sucede en un país que se respeta a sí mismo y Mentana debería saberlo.
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*Foto de portada: © Imagoeconomica / El presidente de la Consulta, Giorgio Lattanzi, con Aldo Carosi y Marta Cartabia