Por Giorgio Bongiovanni-29 de noviembre del 2020

Ayer por la mañana en tres periódicos, La Repubblica, Il Corriere della Sera y La Stampa, las plumas de Roberto Saviano, Sandro Veronesi y Luigi Manconi se manifestaron en apoyo a la lucha de Rita Bernardini, líder del Partido Radical y de Nessuno Tocchi Caino (desde el 10 de noviembre en huelga de hambre, junto a 500 presos y otros ciudadanos), para pedir al gobierno y a las autoridades públicas que adopten medidas capaces de reducir significativamente el hacinamiento en las cárceles italianas.

En particular, nos detuvimos en la editorial del colega y escritor autor de "Gomorra", con quien en varias ocasiones hemos compartido batallas, como por ejemplo las duras críticas al gobierno, actual y anterior, por el trabajo realizado con los migrantes, o defendiéndolo de los ataques del exministro del Interior Matteo Salvini, cuando anunció recortes presupuestarios, etc.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, estamos a años luz de las posiciones que desde hace algunos meses él mismo asumió en el asunto de las cárceles.

Una vez más el pretexto para hablar del tema, como ya había sucedido en la primavera pasada, lo da la pandemia.

"La cárcel -sostiene Saviano en su editorial- es hoy el lugar más concurrido de Italia y la celda puede ser el espacio más congestionado y patógeno de todo el sistema penitenciario. Por eso no es de extrañar que hoy, entre los reclusos, los positivos de Covid sean 826 y, entre el personal administrativo y policial, 1042".

Continuando con sus argumentos, el escritor destaca la necesidad de preguntarse "cómo podemos aceptar que los reos sean tratados como desperdicios encerrados en vertederos sociales" y reclamó al igual que todos los presos, pero también los agentes de la policía penitenciaria, los educadores, los voluntarios, los mediadores culturales y los directores de cárceles, que deben respetarse los derechos fundamentales de la persona, entre los que se encuentra, sin duda, el derecho a la salud.

Hasta aquí todas las consideraciones sobre las que puede ser justo debatir, sobre todo si tenemos en cuenta a tantos pobres que realmente se encuentran viviendo en condiciones inhumanas en las cárceles italianas.

Pero es en este punto que en el razonamiento aparecen argumentos sin sentido, si no locos, independientemente del hecho de que también en las secciones del 41bis de algunas prisiones se han manifestado casos de contagio de Covid-19.

Porque son los propios datos oficiales los que demuestran lo contrario. De los 53.720 internos actuales (dato al 24 de noviembre), los muertos son 3 y los positivos 826 (1,5% del total).

Hay 772 de ellos que son asintomáticos, 32 con síntomas menores tratados en las prisiones y 22 sintomáticos en hospitales. Los agentes penitenciarios positivos son 970 sobre 36 mil, de los cuales hay 871 asintomáticos y 99 sintomáticos. Estos no ingresan a la cárcel, sino que están aislados en sus casas, en los cuarteles o en hospitales. Por tanto, el razonamiento desarrollado no tiene sentido, más aún si tenemos en cuenta los controles que se realizan continuamente a toda la población carcelaria.

Pero en particular se vuelve absurda la solicitud "de ampliar el número de beneficiarios de la detención domiciliaria especial prevista en el decreto Ristori a quienes tengan que expiar una condena, aunque constituya parte residual de una pena mayor, no mayor a 24 meses, sin exclusiones fundadas en el tipo de crimen".

Por lo tanto, también para los mafiosos.

Una petición inaceptable y desconcertante teniendo en cuenta que lo propone alguien que ha sido amenazado por la mafia, en particular por la Camorra.

No a la liberación de los jefes

Obviamente la salud de los presos es fundamental, pero un Estado serio no puede permitirse que ciertos sujetos pertenecientes a las asociaciones criminales y que han cometido delitos atroces (homicidios, extorsiones, corrupción, narcotráfico, masacres), obtengan ciertos beneficios.

En los últimos meses, el consejero togado Sebastiano Ardita, que no es un recién llegado a la cuestión carcelaria por cuanto durante nueve años fue jefe de la oficina de detenidos del DAP, se expresó sobre este tema.

Las valoraciones de entonces, en respuesta a las excarcelaciones que los jueces de vigilancia y los presidentes de los tribunales concedieron a los jefes mafiosos, siguen siendo válidas.

"Lo que había que garantizar era una condición de seguridad desde el punto de vista sanitario-epidemiológico referido a la generalidad de los detenidos frente al riesgo de contagio y a los individuos sometidos a tratamiento médico por ser sujetos enfermos", explicó Ardita en un debate organizado por las Agendas Rojas.

Si por un lado es erróneo sostener que en prisión no es posible garantizar el debido tratamiento, la falta de distinción entre presos es aún más grave, porque pone a todos en el mismo nivel.

Ardita explicó muy bien los riesgos que hay en la balanza: "La cuestión de la compatibilidad con el régimen penitenciario de un preso enfermo es muy importante. De un lado de la balanza pende la salud del individuo que en prisión puede no tener las mismas instalaciones de salud que encontraría afuera. En el otro platillo, sin embargo, está el peligro de que esta persona una vez liberada pueda realizar actos graves o incluso reorganizar la organización mafiosa". Como Estado, por tanto, la verdadera respuesta no pasa por la liberación, sino en la creación de una prisión civil que respete los derechos manteniendo la detención.

Como mencionaron varios magistrados, la prisión es un baluarte, un lugar donde las personas peligrosas son mantenidas lejos de la sociedad y son libres de ser reeducadas para luego reingresar a la sociedad en diferentes condiciones. Pero deben hacerse distinciones. Porque de lo contrario se les hace el juego a los mafiosos que, aunque sea por un solo día de libertad, recuperarían todo su prestigio y poder.

Y lo recordó recientemente el consejero togado Nino Di Matteo, que habló en La7 sobre esto: "Quienes se unen a una organización mafiosa saben que pueden tener problemas con la justicia y terminar en la cárcel. No le temen a la prisión. Temen a la cadena perpetua, al encarcelamiento demasiado prolongado o a una detención que interrumpa sus relaciones con el mundo exterior, que los ponga en situación de no poder seguir siendo mafiosos mientras están detenidos. Por eso han librado cíclicamente batallas estratégicas, incluso a través de atentados, chantajes y disturbios organizados para lograr fines específicos: por un lado la abolición de la cadena perpetua, por el otro la abolición o atenuación del 41 bis y, por otro lado más, el arresto o la detención domiciliaria que les permita a los mafiosos, incluso durante la ejecución de la sentencia, volver a su casa, volver al mando. Y esto ha sucedido muchas veces".

El uso indebido del caso Bonafede

Evidentemente, ciertas argumentaciones no le interesan a Saviano que usó indebidamente a Di Matteo en su polémica con Bonafede ("El ministro de Justicia, Alfonso Bonafede, no parece haberse recuperado nunca, en términos de serenidad política, de las secuelas de la violenta polémica con el consejero Nino Di Matteo").

Así Di Matteo, una vez más, termina involucrado aunque no tenga nada que ver. 

Y uno se sorprende hasta cierto punto.

Después de todo Saviano, que en un tiempo fue cronista de lo que sucedía en las calles y hoy, nublado por el letargo de la fama y el éxito, no ha hecho ningún comentario sobre sentencias como la de la Tratativa Estado-mafia, ni ha tomado partido en defensa de los magistrados que tuvieron el coraje de enfrentarse al poder.

Quizás esto explique el "alineamiento" con la llamada para que se ponga en libertad a todos aquellos que aún deben cumplir una sentencia residual de dos años, sin distinción por el título de detención ¿Deberíamos esperar una nueva y futura alineación para eliminar el 41 bis?

Entonces sí que los aplausos de los mafiosos se convertirían en una ovación de pie.

Y será demasiado tarde para darse cuenta del favor hecho a los jefes.

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*Foto de Portada: © Imagoeconomica