Por Lorenzo Baldo y Aaron Pettinari-22 de abril de 2018Bagarella, Cinà, Mori, De Donno, Subranni, Dell’Utri. Culpables. Esa fue la decisión de la Corte d’Assise de Palermo (integrada por el presidente Alfredo Montalto, por el juez a látere Stefania Brambillee y dos jueces populares) que dictó sentencia de condena para los imputados en el proceso de la Tratativa entre el Estado y la mafia.
Mientras esperamos las motivaciones de la sentencia que explicarán los términos en que se ha consumado esa negociación, se puede afirmar enérgicamente que "hubo negociación". De hecho, se ha decidido que los acusados mafiosos, Bagarella y Cinà, algunos oficiales de los Carabineros (Mori, De Donno y Subranni) y el ex senador de Forza Italia Marcello Dell'Utri son culpables de amenazas o ataques contra el cuerpo político del Estado. Una demostración de que, a diferencia de lo que dijeron en varias ocasiones los profesores universitarios, los historiadores y aquellos que todo lo justifican, el crimen alegado por los fiscales Nino Di Matteo, Vittorio Teresi, Francesco Del Bene y Roberto Tartaglia fue el correcto.
Específicamente, las antiguos jefes del ROS Mario Mori y Antonio Subranni fueron sentenciados a 12 años, así como el ex senador de Forza Italia Marcello Dell'Utri. A 28 años, nuevamente por amenaza al cuerpo político del Estado, fue condenado el jefe de la mafia Leoluca Bagarella. Y por el mismo delito tendrá que cumplir 12 años el jefe Antonino Cinà. Al ex oficial del ROS Giuseppe De Donno, por los mismos cargos, le dieron 8 años. Massimo Ciancimino, el testigo-acusado que con sus declaraciones ayudó a que recuperaran la memoria tantos funcionarios olvidadizos, y que dio a conocer algunos entretelones sobre lo que sucedió en la temporada de las masacres, fue condenado a ocho años. Las declaraciones del hijo de Don Vito, consideradas por los fiscales, al menos parcialmente "idénticas a las palabras de otros, colaboradores de justicia o no" sin duda, constituyen una contribución a la sentencia de hoy. Ciancimino fue acusado en connivencia con la mafia y de calumnia al ex jefe de policía De Gennaro, pero los tribunales lo han absuelto del primer cargo "porque el delito no subsiste." La misma fórmula se usó para el ex ministro Nicola Mancino, acusado de perjurio.
El tribunal también ha declarado "no proceder" contra el colaborador de justicia Giovanni Brusca (también acusado por el art. 338) por la prescripción interpuesta dado el reconocimiento de las circunstancias atenuantes específicas para los arrepentidos. Y siempre "sin tener que proceder" contra el Jefe de Jefes, Totò Riina, por "muerte del imputado".
Por lo tanto, después de más de 220 audiencias, al que definimos como nuestro juicio de Nuremberg, terminó. Han pasado muchas cosas desde el 27 de mayo del 2013. Cuatro años y ocho meses de debate en los que se sacaron a la luz los oscuros acontecimientos consumados durante los años de las masacres. Ese diálogo que funcionarios del Estado, a través de los Carabineros, tuvieron con Cosa Nostra mientras Italia lloraba las muertes de los jueces Falcone y Borsellino, continuó hasta que se alcanzó un nuevo equilibrio político. Un diálogo hecho de concesiones carcelarias e impunidad a cambio de poner fin a la temporada de bombas que había puesto al país de rodillas.
Una verdad callada por más de veinte años que ahora se ofrece a los italianos. Una revancha para los magistrados que, a pesar de las numerosas polémicas, nunca han dejado de buscarla.
Una verdad que no se ha visto obstaculizada ni siquiera por la inquietante secuela de testimonios, buenos y no tanto, rodeados de "no recuerdo" y de "no lo sabía" (el arrepentido Giuseppe Monticciolo, el Mariscal Giovanbattista Migliore, el ex Primer Ministro Giuliano Amato, la ex directora de Asuntos Penales Liliana Ferraro, la ex consejera de la CSM y ex subsecretaria general del Palazzo Chigi Fernanda Contri y otras autoridades institucionales), de los silencios sepulcrales (el ex jefe del DAP Adalberto Capriotti, el capitán Ultimo, el ex abogado condenado en apelación por mafioso Rosario Pio Cattafi y el tributarista Gianni Lapis o el jefe Giuseppe Graviano) y de testimonios difíciles (las contribuciones fundamentales y considerables del testigo Massimo Ciancimino fueron acompañadas, sin embargo, de muchos "deslices").
Lo cierto es que durante el proceso han surgido documentos importantes, tales como agendas del ex jefe de Estado, Carlo Azeglio Ciampi, ya fallecido, que revelan la línea de enfoque "suave" del 41bis en el que se vio particularmente involucrado el entonces Presidente de la República Oscar Luigi Scalfaro. Hasta que se demostró que Scalfaro, escuchado por los magistrados el 15 de diciembre de 2010, no había dicho la verdad cuando aseguró que no sabía nada sobre la rotación del liderazgo del DAP. Luego estaban las declaraciones del ex Ministro de Justicia Claudio Martelli, quien habló abiertamente de una "dialéctica de bombas y concesiones" que condujo a un "colapso unilateral por parte del Estado". Y cómo podemos olvidar las palabras del ex Presidente de la República, Giorgio Napolitano. Escuchado en una audiencia extraordinaria en el Quirinale, el 28 de octubre de 2014, dijo que las bombas del '92 y '93 eran un "ultimátum" para el Estado, un "chantaje para el propósito desestabilizador de todo el sistema". El mismo Napolitano que había contribuido a levantar el tono de la controversia en torno al juicio al iniciar un conflicto de atribución contra el fiscal de Palermo por la conocida historia de intercepciones entre él y el acusado Nicola Mancino. Llamadas que los fiscales siempre han definido como irrelevantes y que fueron destruidas después de la decisión de la Consulta.
Pero la polémica se reavivó cuando el pasado 19 de octubre hubo un enfrentamiento entre los asesores y defensores de Marcello Dell'Utri y los asesores judiciales de la fiscalía y de la Corte sobre la intercepción de conversaciones entre el jefe Giuseppe Graviano y el interno Umberto Adinolfi escuchado por los micrófonos electrónicos de la prisión, siempre en el contexto de la investigación de la tratativa Estado-mafia. Según los expertos de la Corte de Assise y los de la acusación, Graviano hablaba de Silvio Berlusconi, mientras que para el experto de los abogados de Dell'Utri la palabra "Berlusca" nunca habría sido pronunciada por el jefe de Brancaccio.
Elementos que llevaron a la fiscalía de Florencia a reabrir el expediente de las masacres contra el ex primer ministro y el mismo Dell'Utri, ya en prisión para cumplir la condena de 7 años por concurso externo en asociación mafiosa. Elementos que se agregan a las declaraciones por el colaborador de justicia Gaspare Spatuzza quien lleva a la causa el nombre de Berlusconi y Dell'Utri ("Gravano me dio el nombre de Berlusconi. Le preguntaron si era el de Canal 5 y él respondió afirmativamente. Agregó que en el medio también estaba nuestro compatriota Dell'Utri y que gracias a ellos teníamos el país en las manos", ndr). Eventos conectados en los que la autoridad judicial aún está llevando a cabo nuevas investigaciones. La sentencia de hoy devuelve la esperanza de la verdad, en primer lugar a los familiares de las víctimas de las más innobles masacres del Estado, pero también a los ciudadanos comunes que en los últimos años han apoyado el valioso trabajo del grupo antimafia de Palermo. Respecto del cual este país tiene una gran deuda, por sus esfuerzos en esta investigación espinosa a pesar de la espada de Damocles de una sentencia de muerte de Cosa Nostra, y a pesar del silencio de los jefes de las instituciones que en muchas ocasiones se convirtió sólo en obstruccionismo. El espíritu de servicio que ha animado el gran trabajo de los fiscales de este proceso seguirá siendo un hito para continuar buscando muchas otras verdades en nuestra historia reciente. Una historia que pocos quisieron sacar del corazón negro del Estado. Que es culpable de haber pactado con la mafia sobre la sangre de tantos inocentes. Cuyas heridas, nunca curadas, finalmente pueden comenzar a sanar con esta sentencia.
-----------------*Foto de portada: ACFB