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Por Jean Georges Almendras -6 de febrero de 2019

Las guerras en el mundo, siempre propiciadas y llevadas adelante por imperios, tienen un mismo patrón: el saqueo de recursos y de territorios, básicamente, con el plus de la sed de dominio, de supremacía y de poder.  Las persecuciones de pueblos originarios o comunidades de campesinos en la América Latina de hoy, y en la Argentina, tienen igualmente un patrón: el saqueo de territorios con fines inversionistas, la destrucción de la identidad de las comunidades y la necesidad casi patológica de sentirse poderosos sobre hombres, mujeres y niños vulnerables por el recurrente sometimiento y desprecio que se ejerce sobre ellos, solo: por el hecho de ser comunidades indígenas, así de sencillo, y sin más vueltas. ¿Por qué? Porque el capitalismo (que está presente) extendido por el mundo de la mano del hombre blanco, no hace otra cosa que hacer estragos en el ser humano, al punto de reducirlo a un objeto de mercado o a una pieza del engranaje de esta sociedad moderna (de este sistema devorador de vidas) que se jacta de ser civilizada, cínicamente.

En la provincia de Salta, en Argentina, y a la vista de todos, el martes cinco de febrero por la mañana una comunidad originaria fue literalmente avasallada por el poder, para no perderse la costumbre de que ahora se viven tiempos de colonialismos solapados o encubiertos, en democracias que se acunan en ideas de autoritarismos y de  despotismos burdos y xenófobos, con ropajes de tolerancias.

Ampliando lo que difundimos oportunamente debemos decir que la represión que se ejerció sobre una comunidad originaria a pocos kilómetros de la localidad de Cachi no pasó desapercibida para los medios de comunicación de la región, aunque por cierto la gran prensa ni se dio por enterada. Porque ese es el servilismo que hoy caracteriza a los comunicadores del sistema. El mismo servilismo criminal que se puso  en práctica en el caso Santiago Maldonado, ya que no pocos colegas contribuyeron con sus informaciones a decir que Santiago había sido visto aquí o allá, apoyando la doctrina de faltar a la verdad impuesta y desarrollada por La Ministra Bullrich, obviamente siempre regando la plantita (hoy ya todo un frondoso árbol) de la impunidad.

Y fue precisamente impunidad lo que sobró el martes a la mañana en las cercanías del pueblo Cachi, cuando fuerzas policiales irrumpieron al lugar donde se encontraban familias (con niños por cierto) de la comunidad Diaguita Kallchakí La Aguada.

Según lo informado por la colega Cecilia Rodríguez de La Izquierda Diario varias personas de la comunidad realizaban un corte sobre el Camino  a la Aguada con el cometido de reclamar ( y denunciar públicamente con carteles) que la empresa M. Agropecuaria S.R.L. viene usurpando territorios ancestrales ocupados y protegidos contra desalojo (el que precisamente se venía practicando, arbitrariamente) en aplicación de la Ley 26.160, cuya vigencia alcanza hasta el año 2021.

La Ley a las que a muchas familias originarias les ha generado credibilidad, ingenuamente, porque en realidad su cumplimiento se reduce a poca cosa. Tan poca cosa, que episodios como los de ayer son  frecuentes, no solo allí, sino en también en otras regiones del extenso territorio argentino.

Retomando las informaciones de la represión del pasado martes en Pueblo Cachi, podemos decir que en tanto la empresa (a cargo de Luis Javier Montero Alesanco) aduce (con insistencia y prepotencia) tener título de propiedad sobre las tierras y estar en su derecho de avanzar con la construcción de la Bodega Puna, los comuneros denuncian (con insistencia, pero sin prepotencia) que “la familia Montero apareció hace un par de años con millonarios recursos del Estado en territorio comunitario, acaparando la zona de riego, la obra comunitaria de agua de red y quitando fuentes de trabajo. Ahora intentan avanzar con la zona sin riego (de viviendas; secado; corrales; pastoreo y sitios sagrados)"

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Y tal como lo reconocen las autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) y el Programa Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI), la instalación de la famosa Bodega está prevista en las tierras ocupadas (destinadas) a la comunidad Diaguita Calchaqui La Aguada.  

A todo esto, el gobernador Juan Manuel Urtubey está empecinado en no aceptar el reconocimiento que se hace del territorio llegando al punto de aprobar “mediante decreto 924 (año 2017) una serie de “beneficios promocionales” para que M. Agropecuaria S.R.L. construya la Bodega. Dichos beneficios constan de un crédito por 3.5 millones de pesos que la empresa tiene que devolver en un plazo de 15 años y con un cero por ciento de interés. Es decir que la provincia no solo no gana sino que se hace cargo de la depreciación del préstamo vía devaluación de inflación” tal lo consignado en La Izquierda Diario.

Pero hay más: El decreto de Urtubey también le perdona a la empresa de los Montero el 100 por ciento de los impuestos provinciales por un plazo de 8 años.

Pero sigue habiendo más: El funcionario que celebró el contrato con M.Agropecuaria S.R.L. también se llama Javier Montero y oficia como Ministro de Ambiente y Producción Sustentable.

La colega de La Izquierda Diario, Cecilia Rodríguez,  sigue sacando de la galera más datos, que por cierto, ponen en evidencia una verdadera cadena de circunstancias en extremo significativas, en el marco de un emprendimiento que denota a las claras una suerte de favoritismo a determinadas personas y empresas, con un tenebroso costo: el perjuicio de las comunidades indígenas cuya lucha encuentra resistencia desde las entrañas mismas del poder político, sin contar con que el poder político, a la hora de imponerse sobre las tierras en cuestión ignoró por completo el espíritu y la letra de la Ley 26.160, vigente desde el año 2015 y hasta el 2021.

Uno de los datos que realmente preocupa es que Montero tiene una relación cercana con funcionarios provinciales, a los que se vio unido incluso en la desgracia, ya que en el año 2010 en un accidente aéreo  (felizmente no fatal) se dio la circunstancia que en la misma nave privada se encontraban Montero y el Sub Secretario de Tierra y Hábitat del gobierno de Salta, Gonzalo Bello.

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Otro de los datos que saca a la luz pública la colega Rodríguez, de  Luis Javier Montero, es que en el año 2008 Greempeace lo denunció al gobierno de Santiago de Estereo por permitirle al empresario el desmonte de 244 hectáreas de bosques en el departamento de Pellegrini, en abierta violación de la moratoria establecida a partir de la sanción de la Ley de Bosques, que fue aprobada y está vigente desde el final del año 2007. Sobre el particular trascendió  que la decisión de las autoridades santiagueñas pisoteó literalmente el artículo 35 de la Ley provincial 6.841 que prohíbe la eliminación  del bosque por medio de desmonte total o parcial “cuando afecten sitios de valor cultural, poblaciones y/o territorios de pueblos originarios”.

Pero además, la colega aporta otro dato, no menos curioso: al momento de celebrar el contrato para la construcción de la bodega, la empresa de Montero “no tenía por objeto el cultivo de vid, ni la producción y comercialización de vinos” habiéndose agregado esa actividad a las competencias empresariales “un año después” de recibir los millones que le derivó (regaló) Urtubey, tal como consta en los boletines oficiales de la provincia.

Cecilia Rodríguez en su artículo, también se hace una sola pregunta. Pregunta que igualmente nos hacemos nosotros y que seguramente debe estar formulándose el lector: ¿Cómo es posible que un gobierno entregue la friolera de 3.5 millones al 0% de interés para un proyecto de producción de vinos a una empresa que no está habilitada a producir vinos?

Los objetivos empresariales en tierras que son de comunidades originarias, sea de argentina o de otro país de nuestra extensa  América Latina, siempre se planifican y se desarrollan sobre cimientos de dolor, autoritarismo y muerte, sino basta recordar al lector el crimen de la activista indígena lenca Berta Cáceres, asesinada en Honduras hace muy pocos años (por el solo hecho de defender sus tierras frente a proyectos de multinacionales con la intención de hacer suculentos emprendimientos hidroeléctricos).

Allá en Honduras y en otras partes de América Latina, oponerse a estos emprendimientos puede costar la vida. En Argentina, en  Salta, cerca de la localidad de Cachi, por el momento, oponerse –amparados en el marco de la Ley- a un emprendimiento empresarial costó una represión y personas detenidas.

Tal el panorama en torno a la Bodega Puna y a los terrenos de la comunidad originaria. El panorama de siempre: el saqueo apoyado desde los sitiales del poder de turno. Ese lucro infame que se hace con el lenguaje de la explotación y de la usurpación.

Ese lenguaje utilizado por las fuerzas policiales, arremetiendo sobre gente indefensa que solo comete el crimen de resistirse cuando ve sus derechos conculcados. Cuando ve al poderoso arrebatarle sus terrenos a punta de golpes dados por uniformados.

Esos uniformados que no se dan cuenta que esa lucha es la lucha de los oprimidos: oprimidos como ellos, pero del sistema y de la obediencia, que los lleva a ser ciegos e insensibles y serviles a la ilegalidad.

Esos uniformados que no disciernen, y que solo obedecen. Como robots y como matones.

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Esos uniformados que el martes por la mañana dieron golpes y causaron sufrimientos a personas de diferentes edades.

La lucha de la comunidad Diaguita Callchakí La Aguada (ahora ya está visibilizada) y eso es lo más importante, al menos para que esos poderosos que lamen las botas del gobernador tomen en cuenta que esos indígenas que aporrearon no están solos.

Ni están solos y ni su lucha es solitaria.

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*Fotos : Margarita Mamani/Resumen Latinoamericano

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