¿Tiene derecho el poder de hacer abuso de su “autoridad” para descargar palos y fuerza bruta policial sobre personas indefensas, solo por el hecho de ser integrantes de una comunidad indígena, en un territorio destinado para fines comerciales?
No. Ningún derecho.
Pero esto ocurrió una vez más, en la Argentina, en democracia. En una democracia falsa. Revestida de la hipocresía de leyes no menos hipócritas, porque supuestamente una Ley, la número 26.160, debería haber sido respetada por las fuerzas del “orden”. Porque esa Ley, fue hecha y promulgada expresamente para defender los territorios de los pueblos originarios. Pero esa defensa no existe. En contrario: existe represión.
Una represión desatada este martes cinco de febrero y que fue divulgada a través de las redes sociales y por periodistas libres que no forman parte del periodismo encorsetado y prisionero del poder.
Se informó desde Salta que la represión se concretó sin orden judicial, golpeándose a mujeres y niños, dando incluso arresto s menores de edad que lo único que hicieron fue resistirse a una usurpación del territorio donde se quiere hacer una bodega, que sería un proyecto del gobernador Urtubey. Según los residentes de la zona este personaje del poder ya tendría en su haber varias demostraciones de prepotencia y de abuso en las que está siempre la ausencia del respeto de la Ley.
A propósito, la Ley que no se respeto, que no se contempló fue, como dijimos al comienzo, la número 26.160 vigente desde el año 2015 y que tiene como objetivo primordial suspender las ejecuciones de sentencias en tierras en posesión de comunidades. Uno de los aspectos de la Ley, es decir de su cometido, es que se les den a los pueblos indígenas tierras no productivas y dentro de un marco legal.
Esta Ley tendría que ser respetada, por los funcionarios de gobierno y por la Institución Nacional de Asuntos Indígenas, cuyo Secretario para toda la Argentina, Adrián Alcala debería ser convocado frente a cualquier de situación en la que las tierras y los pueblos originarios podrían estar bajo el ojo de las autoridades.
En la jornada del cinco de febrero, otra vez la Ley no fue respetada y por enésima vez, la mano pesada de un gobierno racista y fascista –de Mauricio Macri y de muchas de sus autoridades- se hace visible con fines exclusivamente financieros, y sin contemplación se pisotearon los derechos humanos de los pueblos originarios.
Todo esto indigna. Y ya estamos hartos de estas situaciones, pero mucho más de la indiferencia de muchos argentinos y no argentinos.
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Foto: gentileza de Margarita Mamani
Apoyo desde el Norte argentino de Our Voice, para recabar las primeras informaciones.