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Por Jean Georges Almendras-3 de febrero de 2019

Exactamente a  la hora cinco de la mañana del pasado día martes 29 de enero de este 2019, amparados en las penumbras del amanecer, policías de diferentes reparticiones del Estado argentino, literalmente (y estratégicamente), rodearon el inmueble sede del Juzgado Federal de la ciudad de Comodoro Rivadavia en la Provincia de Chubut porque cuatro horas después  las instalaciones de su Sala de Apelaciones  sería irreversible escenario de una audiencia de apelación, en la causa por desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, transcurrido casi un año y medio del día en que el joven artesano desapareciera a orillas del río Chubut durante una acción de represión por parte de efectivos de la Gendarmería Nacional en el predio de la Pu Lof Cushamen en Resistencia, lugar en el que la justicia solo había habilitado su intervención para desalojar la ruta 40 y no el ingreso al predio mapuche y mucho menos en esa acción abusiva y autoritaria, hacer uso de la fuerza o de armas de fuego, lo que desafortunadamente ocurrió, desencadenándose allí uno de los episodios represivos contra los mapuches, más mediáticos y más repudiados de los últimos tiempos, y más repulsivos para la sociedad argentina y mundial, con el saldo de una persona que en democracia fue víctima de una desaparición forzada seguida de muerte.

A poco de cumplirse los  550 días desde esa jornada (del 1ero de agosto de 2017) de represión ilegal contra la comunidad mapuche en la Pu Lof Cushamen, otro tenso capítulo de la tragedia que rodea a la familia Maldonado, se materializó en Comodoro Rivadavia, cuando seres queridos de Santiago, los querellantes de la causa Maldonado, sus amigos y ciudadanos solidarios con su lucha se dieron cita para estar junto a ellos en la instancia judicial.

Fue en esas circunstancias que allí  mismo Sergio Maldonado, hermano de Santiago y al mismo tiempo querellante de la causa, al dialogar con periodistas de medios  locales antes de ingresar a la Sala de Apelaciones,  visiblemente molesto e indignado dijo: “era innecesaria la gran cantidad de efectivos de seguridad porque venimos a una audiencia y no a una marcha. Solo pedimos el acompañamiento de personas, no hay necesidad de tanto despliegue policial”.

Pero desde el 1ero de agosto del pasado 2017 (hasta el momento que escribimos estas líneas)  la presencia policial y la represión policial descarnada o sutil (cuando no el espionaje y la intikidación) cuando se trata de Santiago Maldonado o de mapuches, ya es prácticamente una constante. Una situación ya “normal” para el Estado argentino, pero totalmente antidemocrática para el ojo ciudadano. Entiéndase bien: para el ojo ciudadano que no esté comido por el racismo, el prejuicio hacia los pueblos originarios, ideas fascistas, despóticas o macristas con sabor a Patricia Bullrich.

Haciendo a un costado, solo por el rigor periodístico (e informativo) esa ya recurrente demostración de prepotencia policial que parecería estar diciendo que  a la justicia solamente se la debe entender o asumir con el apoyo de la fuerza bruta, debo decir que esa mañana en Comodoro Rivadavia, judicialmente hablando, los cinco querellantes en la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado  fueron allí expresamente  para apelar el “bochornoso fallo del juez Lleral que decretó el cierre de la investigación sobre la desaparición y muerte del joven” como titulara su artículo (a propósito de la audiencia) el periodista Daniel Satur de La Izquierda Diario.

A la hora 9 y 30 de esa mañana del 29 de enero, como estaba previsto, Sergio Maldonado –obviamente secundado por su abogada Verónica Heredia-  entró al Juzgado y a paso lento se dirigió a la Sala de Apelaciones, para finalmente compartir la instancia judicial con los  otros cuatro querellantes: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

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Los argumentos de la apelación que portaban, sobraban. Los argumentos entre manos, que ya recorrieron el mundo, eran además sólidos. Argumentos que  presentaron a los tres Camaristas que entendieron en la audiencia. Estamos hablando de los doctores Javier Leal de Ibarra, Hebe Corchuelo de Huberman y Aldo Suárez.

En la Sala de Apelaciones estaban además los representantes del Ministerio Público Fiscal y los abogados del Gendarme Achazú, quien se auto imputó  en la causa  con el objetivo (estratégico por cierto) de poder darle acceso al expediente a sus superiores del  Ministerio de Seguridad bajo sospecha.

Todo el periodismo presente y los no periodistas presentes supieron claramente que la abogada de los Maldonado, Verónica Heredia presentó un escrito de 52 páginas, con datos, fechas, nombres y apellidos, muchos de los cuales ya constan en el voluminoso expediente archivado, que demuestran que el cierre de la causa fue injustificada, a menos que su objetivo fuera encubrir a los culpables de un crimen abominable, y cometido por el Estado, y en tiempos democráticos.

¿Y qué se solicita en el escrito presentado por la abogada Heredia?

Trascendió que en el escrito se solicita: que se declare nula la sentencia del 29 de noviembre de 2018, dictada por el juez Gustavo Lleral por entender que el magistrado habría violado el “cumplimiento de los plazos procesales” dando lugar a la “consecuente falta de intervención de la querella”. Así mismo “por el infinito dolor, humillación, desolación, angustia, que generó a la familia Maldonado, sumado a los innumerables nuevos ataques que la sorpresiva sentencia habilitó”, pidiéndose además el apartamiento del juez Lleral de la causa.

Según lo declarado en más de una oportunidad por la familia Maldonado o por su abogada Heredia “el juez Lleral omitió durante la instrucción tratar cuestiones oportunamente planteadas y que afectan el derecho de defensa en juicio”; “cuestiones que de haberlas tratado, otra hubiera sido la resolución de la causa”

Pero además a Lleral lo acusan, porque esa es la verdad, lo acusan de hacer una valoración “absurda, errónea y fragmentada de los elementos y constancias”; de violar los derechos a “tomar vista, controlar confrontar la denominada prueba” y a “ofrecer prueba a fin de acreditar la hipótesis de desaparición forzada que jamás fue investigada en esta causa”.

Para los asistentes a la audiencia de apelación y para quienes tuvieron el buen tino (y voluntad) de interesarse en el caso Santiago Maldonado en el entendido de que fue literalmente un crimen de Estado, y de leer el oportuno y muy valioso libro de Sebastián Premici (que obviamente recomendamos desde esta redacción) “Santiago Maldonado, un crimen de Estado) no debe ser motivo de asombro ni novedad que en la apelación en cuestión  se hayan relatado múltiples hechos o ejemplos registrados en los meses de búsqueda de Santiago, que ponen en evidencia (o sobre el tapete público y sobre el expediente) el descaro de los hombres del Estado, subrayándose por ejemplo la deshonesta (y por qué no criminal) connivencia entre el juez Guido Otranto, la fiscal Silvina Ayala y altísimos funcionarios del Ministerio de Seguridad, tales como Gonzalo Cané y Pablo Noceti.

No hay que olvidar que  oportunamente las querellas recusaron al Juez Guido Otranto (entre otros motivos, por sus parcialidades en demasía explícitas) y no muchos más tarde a la fiscal Silvina Ayala con consecuencias dispares: Guido Otranto fue desvinculado del caso, no así Ayala que se mantuvo impertérrita hasta el cierre del expediente.

Se supo además que en la apelación de Comodoro Rivadavia se presentó una sólida información provista por especialistas externos al proceso judicial los cuales analizaron los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado y demás pericias, concluyendo que muchos de esos resultados son contradictorios e insuficientes, y que además fueron tomados en forma irregular.

Una de éstas informaciones por ejemplo se las brindó una eminencia en Biodiversidad y Biología Experimental de la Universidad de Buenos Aires: “El informe de Autopsia carece de controles, los análisis biológicos no aportan evidencia alguna, carecen de rigor científico. Se trata de datos generales, imprecisos, incompletos, especulativos. Omite datos. La toma de muestras no asegura la no-contaminación del material”.

La apelación denuncia también un hecho que se considera de extrema gravedad: “el reconocimiento público por parte del mismo Lleral de que durante el proceso se armaron más de 400 legajos paralelos al expediente (es decir que no tienen valor de prueba) y que se mantuvieron ocultos a las querellas (se presume no así al Ministerio) y que recién se enteraron de esa existencia al leer el fallo del 29 de noviembre”

Por último en la apelación la querella denuncia la negativa sistemática de Gustavo Lleral “a propiciar una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente a fin de determinar las circunstancias de la muerte de Santiago” y además ratificó ante la Cámara “la reserva de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por entender que están en juego los derechos fundamentales de Santiago y su familia, incluso por arbitrariedad de sentencia”

Las 52 páginas de la apelación constituyen la punta de lanza de la familia Maldonado, frente a uno de los hechos criminales más repugnantes cometidos en momentos democráticos. Una punta de lanza que ahora ya es de muchos más.

Y en ese clima de impotencia ante tanto descaro, cinismo e insensibilidad, que ya raya con la criminalidad explícita de un gobierno sobrado en inmoralidad, que se viene (y venimos) soportando desde el inicio del agosto trágico del 2017, es Sergio Maldonado mismo quien dice a la prensa, a su salida de la Sala de Apelaciones: “estoy convencido de que  mienten y cómo mienten. En la audiencia tanto el representante del Ministerio Público Fiscal como los abogados de Echazú dijeron cosas que no se condicen con lo que llegó a probarse y consta en el expediente. Afirman como ciertos datos que son irreales. Es como si estuvieran tomándonos el pelo”

Y pese a ese clima de impotencia, no obstante, el sentimiento de la familia Maldonado encierra la humildad que los ha caracterizado desde los primeros momentos de la búsqueda de Santiago y un sentimiento de agradecimiento muy sincero a la comunidad argentina e internacional. Un agradecimiento que no ha sido nunca un debe sino que ha estado siempre presente.

De hecho, como cientos de veces, aquel 29 de enero ese agradecimiento salió a  la luz  al hablar con los periodistas: “Por suerte siempre nos sigue acompañando mucha gente, esta vez también contamos con el apoyo de Comodoro Rivadavia. Ahora tenemos que esperar qué dice la Cámara. Vamos a agotar todas las instancias. Y si no se resuelve acá se tendrá que revolver en los tribunales internacionales .Es importante pensar en que si este caso queda impune, con toda la visibilidad que tuvo, ¿qué queda para todas esas familias vulnerables, que no tienen el acompañamiento que tuvimos nosotros de tanta gente? Les pueden hacer lo que se les antoje”.

Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo (línea fundadora) que está presente siempre junto a la familia Maldonado,  como lo ha estado con quienes han sido víctimas de la dictadura o han sido victimizados por la represión del terrorismo de Estado, también en democracia, estuvo presente en Comodoro Rivadavia y dijo a los periodistas “No somos un país de idiotas, somos un país de luchas. Yo estuve ahí, señor juez, el cuerpo de Santiago Maldonado no estaba en el río, no nos quieran hacer creer otra cosa”.

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Y efectivamente, Nora Cortiñas a los pocos días de la desaparición forzada estuvo en el puesto de guardia de la Pu Lof Cushamen en Resistencia. Allí la encontramos en agosto del 2017, con José Gusmán, otro de los redactores de la redacción de Antimafia Dos Mil.

Esa mujer no encontró obstáculos en sus casi 90 años de edad y viajó hasta la provincia de Chubut y recorrió el lugar donde se produjo la desaparición forzada; dialogó con los mapuches, con los periodistas que allí no encontrábamos y confortó, nos inspiró a la búsqueda de Santiago, y días después siempre se la observó participando de  cuánta marcha y movilización hubo por Santiago Maldonado.

Esa mujer con su pañuelo blanco en la cabeza, dicen, quienes estuvieron presentes en la audiencia de Comodoro Rivadavia, miró a los camaristas a los ojos y sumó sus palabras a las palabras de los querellantes.

En diálogo con Página 12 el abogado querellante  de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) Mauricio Rojas, a su salida de la audiencia dijo: “Fue triste el papel de la fiscalía (a cargo de Silvina Avila) porque se convirtió en un defensor más haciendo el esfuerzo de justificar situaciones que contradicen un pensamiento lógico y razonado por la prueba. El argumento de la supuesta flagrancia cometida por los mapuches al cortar la ruta fue un mero artilugio porque el operativo (refiriéndose al 1ero de agosto de 2017) fue totalmente premeditado. Los pelotones de asalto fueron organizados con anticipación, la flagrancia es imprevisto por eso no fue tal, y así lo demuestra el testimonio de la Gendarme Dragma Pérez que toma el juez para darle validez al ingreso de Gendarmería a la Pu Lof, pero lo que no hace el juez, y así lo hicimos notar a la Cámara, es tomar el testimonio completo”

El abogado de APDH también dijo: “Al menos uno de los jueces tomaba nota e hizo un gesto cuando quedó en evidencia que el fallo que cerró la causa determinó que no hubo nexo de causalidad entre la represión y la muerte de Santiago, esto es, si consideran que Santiago se murió por accidente no investigas más nada, pero no fue accidental su muerte, eso es ridículo y descabellado, podrán decir que el operativo fue legal pero desligarlo del homicidio es un disparate jurídico, creemos que quedó expuesta tal incoherencia, no había sostén jurídico”

Cerrando la ronda de testimonios recabados por los periodistas en cobertura de la audiencia de apelación en el caso Maldonado, la abogada de la familia, Verónica Heredia  dijo a Página 12  que se trató de una desaparición forzada, acompañando su exposición con un video  en el que los Gendarmes dicen: “Vamos a quemarles las casas” antes del ingreso a la comunidad mapuche, lo que deja en evidencia “que en lugar de flagrancia hubo más deseos de reprimir que otra cosa”.

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*Foto de Portada: www.laizquierdadiario.com

*Foto 2: Marcelo Vidal/Radio del Mar

*Foto 3: www.pagina12.com /Nora Cortiñas y Sergio Maldonado

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