Según sucesivas investigaciones, una de las causas del desastre ha sido una avería de los equipos de navegación de uno de los barcos, demasiado viejo e inadecuadao para ese tipo de transporte, la ausencia de un doble casco para evitar el vertido del crudo, la falta de equipos para recuperarlo en el agua y por último los trabajos insuficientes realizados para limpiar la costa.
La demanda sobre el caso ingresa el 27 de diciembre del año siguiente y al principio está a cargo del Dr. Julio Cesar Miralles y del Dr. Gustavo R. De Blanco, del Juzgado Federal de la Plata nº 4.
Son ellos los que se ocupan del expediente nº 31807, contra Bincaz Jose Luis y otros c/o Shell Capsa, que pasa de una oficina a la otra, pero que nadie parece que quiera abrirlo.
Efectivamente, desde entonces, el proceso principal está casi “paralizado”, primero por “culpa” de una claúsula prevista por el Código Procesal de la Nación denominada “suspensión indeterminada de plazos”, después porque el encargo pasa al Juzgado del Juez Federal nº 3 donde avanza con impresionante lentitud. Todo a ventaja de la Shell, que ve aplazarse el proceso en contra suyo mientras en esa costa el nivel de contaminación sigue aumentando.
Para comprender lo que significa todo esto para la salud del ambiente y de las personas que viven allí basta leer los datos que hablan de una cantidad en aumento de muertes misteriosas de niños y de adultos, de la propagación de anómalas afecciones a la vista y al oido, de enfermedades de la piel o del hígado. Además de la contaminación de la costa, inadvertida a primera vista, pero que sin embargo es invasora como un cancer. “Un informe de un grupo de investigadores independientes que han analizado imágenes satelitales –declara el periodista Nicolás Maldonado- habla de serias alteraciones del ecosistema ribereño de la zona. Y otro estudio, encargado por los habitantes del lugar a un laboratorio privado, alerta a niveles elevados de contaminación por hidrocarburos del agua que abastece al pueblo”. “Tenemos un análisis de laboratorio”, añade a este propósito Mirta N. Oliver, abogada de muchas de las víctimas “que demuestra como la presencia de hidrocarburos es 800 veces superior al máximo permitido para aguas navegables. ¡Pero aquí hablamos de aguas de consumo!”
Después en Magdalena hay “heridas”, como algunos las definen, que no se pueden ver desde el satélite: «Las de un pueblo dividido por incomprensiones», sigue diciendo Maldonado, porque algunos, después de haber esperado en vano la justicia durante diez años, han decidido aceptar una indemnización de la empresa Shell, poniendo fin al asunto. Mientras otros siguen luchando.
Hasta ahora la Shell ha resarcido a unas treinta personas, a cada una de las cuales ha dado 10 mil dólares, lo que no les ha servido a ellos y no ha resuelto el problema ambiental. Mientras son muchos, alrededor de 500, los que pretenden una suma de mil millones de pesos por daños y perjuicios dado que sostienen que el derrame no solo causó enormes pérdidas económicas y graves alteraciones en el medio ambiente ; sino también la muerte de varios habitantes. Entre ellos muchos jóvenes, en ese entonces menores de edad, algunos de ellos utilizados por la misma Shell para las tareas de limpieza del río después del accidente, pero no fueron avisados del peligro que corrían entrando en esas aguas sin ropas protectoras. Violando de esta manera, como denuncian sus abogados, “los derechos humanos y los derechos del Niño en forma indiscriminata, abusiva y reiterada”.
La Shell, obviamente, niega las acusaciones y defiende a rajatabla las tareas de remediación ambiental emprendidas después del choque de los dos barcos, sosteniendo que desde hace tres años los parámetros de la presencia de hidrocarburos en la fauna, en la flora y en el agua se han vuelto normales. Una mentira según los ciudadanos argentinos de los que se hace portavoz Alejandro Meitin, miembro fundador de la Ong Ala Plástica. “Nosotros no queremos dinero –declara Meitin a los micrófonos de Maldonado- queremos simplemente que la Shell repare el daño que provocó. Sobran evidencias de que las tareas de remediación realizadas en el momento de los hechos no sirvieron de mucho». Como las que ha presentado Marcel Achkar, Master en Ciencias Ambientales de la Universidad de la República y autor de numerosas publicaciones sobre sustentabilidad de sistemas ambientales entre otros títulos. Su investigación se basa en imágenes satelitales previas y posteriores al desastre y confirma la vigencia de los daños. «Definitivamente, la alteración del ecosistema costero, debido a la magnitud del impacto no ha podido ser revertido en diez años” y son inmensos los daños provocados a la vegetación, en particular a los juncos que forman una propia y verdadera barrera en la costa. Y que cuando estaban sanos representaban uno de los principales recursos económicos para los habitantes de la zona, muchos de los cuales vivían precisamente de la cosecha y venta de estas plantas. Se llaman «junqueros» y hoy no son más de treinta. «Lo que una vez se recogía en tres horas, explica uno de ellos, Luis Verseci, hoy se recoge, si todo va bien, en una semana». Porque después del accidente «se han echado a perder cientos de hectareas de junco y es necesario caminar mucho para encontrarlo de buena cualidad». Se lamenta diciendo: «Si antes las plantas tenían hasta tres metros de altura, hoy apenas pasan el metro y se secan en las puntas». Por este motivo, uno de los más jóvenes entre ellos, el menor Luis Pedro Pucheta, el 8 de enero del 2004 decidió quitarse la vida. Cayó en una profunda depresión por haber perdido su trabajo y se sentía atenazado por la angustia de un proceso que parecía haberse quedado paralizado por demasiados años.
No obstante las tentativas de los padres, el suicidio del joven no ha sido admitido como nuevo elemento de prueba en el proceso, así como muchos otros expedientes, informes y denuncias de todo tipo han sido ignorados.
Alejandro Meitin se siente irritado. “Ha llegado el momento de hacer algo –dice. En todos estos años la Shell no ha hecho nada más que recurrir a artilugios legales para dilatar los tiempos del proceso”.
Pero para comprender porque, concretamente, no se ha llegado a ningún resultado efectivo, basta dar una ojeada a los nombres de los jueces que se han ocupado del caso. A partir del juez federal Ricardo Ferrer, que renunció a su cargo, para evitar ir a juicio y tener que aportar prueba que desvirtuaran la acusación en su contra, porque fue acusado de recibir coimas por TN Sports o por Julio Miralles, también con problemas con la justicia. El Juez Miralles renunció para evadir tener que rendir cuentas en un juicio político.
Pero el plato fuerte es segúramente la Cámara de Jueces: formada por Ricardo Gustavo Recondo, Guillermo Alberto Antelo y Graciela Medina, casada con Julio Cesar Rivero, abogado de la Shell Capsa. Entre los principales clientes de su estudio se encuentran Nobleza Piccardo S.A. (rama argentina de la British Tabacco, la Atanor S.A., la Bank Boston y, obviamente, la Shell Capsa (ver: www.rivera.com.ar/practica/areas/). En lo que respecta a Guillermo Alberto Antelo es un artículos del periódico “Pagina 12” (ver: www.pagina12.com.ar.duarui/ekoaus/1-5460-2002-05-23.html) acredita que se trata nada menos que de un ex-asesor de la Shell y de las cámaras petroleras locales.
Después de todo esto no podemos no preguntarnos: ¿tendrá algo que ver esto con el hecho de que los recursos de los abogados de las víctimas sean constántemente negados?
Y mientras los abogados continúan su lucha a brazo partido, los magadelenses siguen muriendo, algunos jueces omiten las normas éticas, otros andan distraídos y las causas continúan siendo vapuleadas donde el NO CORRESPONDE, es una constante.
Para informaciones y profundización : www.petroleomagdalena.com