ITALIA

Su culpa: haber osado abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo. Un tema que, después de casi 35 años de la muerte del Caudillo parece ser todavía un tabú en España. Hasta el punto que muchos enemigos que han obstaculizado al “superjuez” durante estos últimos años, están intencionados a hacérselas pagar. Paradójicamente, el caso nace de la denuncia de dos organizaciones ultraderechistas, la trístemente famosa Falange Española y el llamado sindicato Manos Limpias (que significa “mani pulite”, pero que tiene poco que ver con la iniciativa anti-corrupción de los jueces de Milán). La que, al principio, parecía solo una vulgar provocación, ha terminado por obtener el apoyo en el ámbito de la magistratura, por parte de jueces envidiosos que no soportan el excesivo protagonismo y la fama de Garzón.
Se ha llegado de esta manera a la absurda decisión de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (el Csm español) la cual, por unanimidad, ha iniciado el procedimiento para suspenderlo de las funciones de juez de la Audiencia Nacional, la fiscalía que se ocupa de los grandes crímenes de terrorismo y de corrupción. La acusación contra Garzón es de “prevaricación”, por haber intentado localizar y exhumar las víctimas de los crímenes del franquismo: una decisión que sería contraria a la ley de la amnistía aprobada en el 1977, cuando España, en plena fase de transición democrática, intentaba borrar con una esponja los horrores de la dictadura. Pero no se termina aquí: el magistrado debe afrontar también otra imputación, esta vez por “corrupción”, por una serie de lecciones que ha dado en la New York University entre el 2005 y el 2006, financiadas en parte por el Banco de Santander (que aún hoy, después de cuatro años, sigue siendo uno de los patrocinadores del ateneo estadunidense).
El juez recibió, en esa ocasión, una compensación de cerca de 200.000 euros y, unos meses más tarde, ya de vuelta en Madrid, decidió rechazar una denuncia presentada por un abogado contra el instituto presidido por Emilio Botín.
No obstante la decisión de Garzón hubiese contado con el apoyo tanto de la fiscalía como de la Audiencia Nacional, la causa sigue adelante hasta llegar a una resolución del Alto Tribunal que admite la querella contra el magistrado.
Pero el proceso contra Garzón ya está provocando, en estas horas, reacciones de solidaridad en todo el mundo. Un grupo de intelectuales, entre ellos el escritor Juan Goytisolo, Manuel Rivas y Fanny Rubio, la hispánica Ian Gibson y el cantautor Paco Ibañez han declarado que se han sentido “sentados en el mismo banco de los imputados” que el magistrado, y han expresado que, si fuese procesado, “sería el golpe más duro para la democracia después del golpe del 23 de febrero del 1981”.
El premio Nobel José Saramago, en un artículo publicado en el diario El País, elogia “el valiente y honrado Baltasar Garzón”, denunciando esa ley de la amnistía que “fue una manera hipócrita de intentar dar vuelta de hoja, comparando las víctimas con sus verdugos, en nombre de otro iguálmente hipócrita perdón general”. A favor del magistrado se alinea también el colega chileno Juan Guzmán, que procesó a Augusto Pinochet (“también yo tendría que ser acusado de prevaricación”) y la actual embajadora suiza en Buenos Aires, Carla Del Ponte, ex procurador en la Fiscalía Penal Internacional. Y ya se cuentan miles de firmas de apoyo en un manifiesto publicado en Internet y en una página de Facebook.

Publicado por el diario italiano IL FATTO.