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INGROIA: ''HAY UN PROYECTO PARA GARANTIZAR LA IMPUNIDAD DE LOS
“DESCONOCIDOS DE SIEMPRE”
Por Aaron Pettinari - 11 de abril 2010

antonio-ingroia-webFermo – Es tiempo de reformas. Esta es la frase que los ciudadanos italianos oyen con más insistencia en estos tiempos. Reforma del sistema electoral, reforma de la justicia, reforma de la Constitución. El proyecto de ley sobre las interceptaciones se inserta en este sistema, programado y presentado por el actual Gobierno por lo que ahora, una vez concluídas las elecciones regionales, se aprieta el acelerador. ¿Por qué? ¿Por cuál motivo?

El sábado a la noche, en el Centro de Congresos San Martino, lleno de público, unas trescientas personas han escuchado con atención el análisis del fiscal adjunto de la Fiscalía de Palermo, Antonio Ingroia, y del director de ANTIMAFIADuemila, Giorgio Bongiovanni. El encuentro, programado en el contexto de la segunda edición de “Un paso por la legalidad”, ha sido organizado por ANTIMAFIADuemila y por la Asociación “La Città in comune” (La ciudad en común) con el patrocinio de la ciudad de Fermo y con la colaboración de otras asociaciones locales.
El cuadro prospectado por los dos relatores que contestaban a las preguntas de los moderadores Anna Petrozzi y Andrea Braconi, es bastante inquietante. “Giovanni Falcone hablaba di híbridos connubios -ha recordado Bongiovanni – Existe una situación en Italia muy peligrosa, quizás peor que la de los tiempos de “Tangentopoli” (ciudad de los sobornos). En estos años el ala militar de la mafia ha sido golpeada fuertemente, pero la clave para comprender lo que está sucediendo hoy hay que buscarla en los atentados del ’92. Sobre la sangre de los jueces Falcone y Borsellino ha sido fundada la segunda República y quien ha permitido, quizás ordenado esos atentados hoy está al poder en nuestro País. Por este motivo es necesario descubrir la verdad que rodea a los ideólogos y la negociación entre Cosa Nostra y Estado. Porque puede ser que no sea arriesgado hipotizar que otros han robado y puesto en práctica la idea del “papello” (lista de peticiones de Riina al Estado), para favorecer a los verdaderos ideólogos de los atentados del ’92.
Después se ha pasado al tema central de la noche presentando tres ejemplos de interceptaciones que con la nueva norma se volverían “imposibles”: las interceptaciones entre el senador Dell’Utri y Berlusconi donde hablan de Mangano (caballerizo de Berlusconi y miembro de Cosa Nostra) y de una bomba colocada en la villa de Arcore (residencia de Berlusconi), las de algunos imputados de la clínica “de los horrores” S. Rita y las recientes interceptaciones de algunos empresarios que disfrutaban por el terremoto que destruyó el Aquila hace un año, una oportunidad para nuevos contratos, pocas horas después del temblor.
El fiscal Ingroia, en su libro, ha desmoronado prácticamente las tesis de los promotores de la nueva ley sobre las interceptaciones. Con datos en la mano el juez ha explicado cómo la cantidad de italianos interceptados es muy inferior respecto de los ciento cincuenta mil que ha expresado el ministro de la Justicia, Angelino Alfano. “Este libro nace de la indignación por lo que la información, en particular la televisión, estaba refiriendo en ese momento sobre las investigaciones a través de interceptaciones –ha dicho Ingroia-. Una realidad que ha sido tergiversada mediante un sistema meticuloso con el fin de crear un estado de agitación en los ciudadanos y haciéndoles creer que en Italia todos fuesen interceptados. Un slogan que tenía origen en un dato real del 2007 cuando fueron dispuestos 150 mil decretos de interceptación. Pero dichas cifras no pueden ser equiparadas a la cantidad de italianos interceptados. Cada persona, efectívamente, posee por lo menos tres números de teléfono (casa, trabajo y celular) y a estos se les puede añadir también otros números provisionales. Por cada número corresponde un decreto, por lo tanto la cifra de ciento cincuenta mil habría que dividirla por cuatro o por cinco. No solo ésto. El tiempo de interceptación es limitado y cada vez que se solicita una prórroga es necesario otro decreto, por lo tanto es evidente que ha sido dada una información irreal de la situación”. Podemos decir lo mismo en lo que respecta al costo exorbitante para el Estado. Ingroia no solo ha querido recordar los beneficios, como la incautación de bienes que han sido posibles solo gracias a la norma en vigor sobre las interceptaciones, sino que además ha dicho aún más específicamente: “En Italia las fuerzas del Orden no poseen los medios necesarios para llevar a cabo una interceptación ambiental y por este motivo están obligados a pedir los servicios de empresas especializadas que por el alquiler piden precios exorbitantes. Son empresas que operan con régimen monopolista u oligopolista, es decir, únicas. En lo que se refiere a interceptaciones telefónicas, mientras en el resto de Europa es el Estado el que establece los precios con los operadores (o incluso utilizan el servicio gratuitamente), en Italia es la compañía telefónica la que decide el precio. Sería suficiente intervenir sobre estas dos partes para resolver el problema, sin eliminar la interceptación”. Pero el verdadero drama que se esconde detrás del nuevo proyecto de ley se refiere precisamente a quién será posible interceptar. A ese punto Ingroia ha lanzado la alarma: “Se ha cambiado una sola palabra, pasando de “graves indicios” a “graves indicios de culpabilidad”. Un término que cambia completamente la interpretación. Hay muchos delitos en los que no se entrevé inmediatamente la asociación mafiosa (por lo que se recurre a la posibilidad de interceptaciones según el sistema corriente legislativo) y respecto a los cuales se necesita profundizar la investigación precisamente mediante la interceptación. Estamos hablando de delitos “menores” como el fraude fiscal. Con este tipo de delitos no será posible efectuar la interceptación y, además, si existen indicios de culpabilidad resulta evidente que se puede intervenir con la prisión preventiva y entonces la interceptación resulta inútil. Significa que se podrá recurrir a las interceptaciones solo cuando se trata de ‘los conocidos de siempre’, mientras los ‘desconocidos de siempre’ quedarán impunes”.
Se ha proseguido analizando el choque institucional que la política ha puesto en acto en contra de la magistratura. “El fuerte ataque en acto en contra de los jueces, los que arriesgan la vida por la verdad, las continuas leyes que se emanan para impedir las investigaciones o favorecer a una cierta clase directiva, se explican una vez más estudiando los hechos acontecidos a principios de los años ’90, ha afirmado el director de ANTIMAFIADuemila. Un concepto compartido por el juez Ingroia: “La ley sobre las interceptaciones es un anillo de una cadena que viene de lejos y que quiere llegar lejos. Es importante analizar la historia de Italia, anómala respecto a la de otros estados y rica de atentatos, homicidios de matrices políticas y a menudo sin culpables. Hechos que no suceden en Francia, Inglaterra o España. Además hay que tomar en consideración lo que es la clase dirigente de nuestro País, esa clase política, pero también empresarial, que tiene un nivel de complicidad y de costumbre con la actividad ilegal que no tiene iguales. Esta clase dirigente no ha sido capaz de renovarse, es más, se ha caracterizado por su propio estatismo y por una supuesta irresponsabilidad. La primera consecuencia de todo ello ha sido la pérdida de valor del principio de igualdad definido por el artículo tres de nuestra Constitución. Es verdad que en el curso de la historia también el poder judicial ha hecho su parte para mantener este status. Se trata de esa magistratura que estancaba las investigaciones, la que quería llenar de pequeños procesos al juez Falcone para que no se ocupase de la mafia, pero se pueden citar varios ejemplos. Después la magistratura ha sufrido un estremecimiento interno que ha dado origen a una renovación y de esta manera han sido posibles importantes investigaciones como la de “Mani Pulite” (Manos Limpias). Así se ha roto un pacto de no beligerancia que estaba en vigor precedentemente con otra parte de poder. De esta manera ha empezado el contraste y por esta razón creo firmemente que haya una fuerte emergencia democrática en nuestro País. Hay un proyecto, en el que entra también la ley de las interceptaciones, al fin de cambiar la Constitución, limitar los poderes del Presidente de la República, reformar el Csm (Consejo Superior de la Magistratura), centralizar el poder ejecutivo y modificar el equilibrio institucional del País y ésto es grave”. ¿Cómo salir de esta situación? La respuesta la ha dado el fiscal Ingroia.
Una vez tomada conciencia “La esperanza para salir de esta situación de sujeción y de tele dependencia depende solo de los ciudadanos que tienen que tomar conciencia y, una vez conscientes, ponerse en acción en primera persona para defender sus derechos”.

 

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