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silencioEl silencio cómplice del Gobierno (del no cambio)

Por Giorgio Bongiovanni - 20 de septiembre del 2018

Guerra, hambre, pestilencias. Desde hace años Yemen, uno de los países más pobres del mundo ubicado en la Península Arábiga, está experimentando una de las crisis humanitarias más trágicas, en medio del ensordecedor silencio de las naciones europeas y occidentales.

Allí, a partir del 2015, se está desarrollando una guerra civil devastadora con más de 10 mil personas muertas (dos tercios de ellos civiles), decenas de miles de heridos y muchos más afectados por el hambre, el cólera y la difteria. Números despiadados, recogidos en los últimos meses, que se vuelven aún más dramáticos si se considera que, según UNICEF, hay 400 mil niños que pueden morir de desnutrición, mientras que otros 8 millones se ven privados de agua potable. Y en el conflicto que tiene por un lado al gobierno reconocido del presidente yemení, Rabbo Mansour Hadi, respaldado por una amplia coalición militar liderada por Arabia Saudita, los Estados Unidos y algunos países de Europa y, por el otro a los rebeldes hutíes de religión chiíta, apoyados por Irán, están a la orden del día los bombardeos indiscriminados de escuelas, hospitales y mercados, en los que miles de personas han perdido la vida.

Ahora bien, por qué Yemen es tan importante. El país árabe, que limita con Omán y Arabia Saudita, se encuentra en un punto crucial de conexión entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén. No es una ruta cualquiera, sino una de las consideradas "cruciales", en particular para el tránsito de barcos petroleros.

La lucha interna que se desarrolla en estos años es precisamente la hija de estos intereses internacionales que no tienen nada que ver con la libertad de los pobres. Arabia Saudita, junto con otros ocho estados árabes sunníes, han decidido apoyar al gobierno de Hadi, lanzando una campaña constante de bombardeos mientras que Estados Unidos, el Reino Unido y Francia le han dado el necesario apoyo logístico.

También Italia juega un papel en todo esto, en particular en lo que refiere a la venta de armas. Los saudíes, según diversas investigaciones y denuncias internacionales, utilizan armamamento producido en Italia, tanto en materia de bombas como de armas ligeras.

En diciembre, el New York Times, con un informe de vídeo sobre la venta de armas a Arabia Saudita producidas en una planta de Cerdeña, publicó un artículo con un título claro y elocuente: "Bombas italianas, muertos yemeníes". Un informe completo de donde surgen serias dudas sobre el hecho de que Italia pueda violar tanto las leyes nacionales como las internacionales. En ese momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que "Italia observa escrupulosamente la legislación nacional e internacional sobre exportación de armas y se adapta siempre e inmediatamente a los requisitos exigidos por la ONU o la UE. Arabia Saudita no está sujeta en forma alguna a embargo, sanción u otra medida restrictiva internacional o europea".

Sin embargo, hoy la pregunta vuelve al centro del debate. En los últimos días, el enésimo ataque de Riad mató a siete civiles, entre ellos dos niños, y la Ministra de Defensa, Elisabetta Trenta, pidió revisar la legalidad del contrato entre los saudíes y la RMW Italia, una filial del grupo alemán Rheinmetall Defence, con sede en Cerdeña, que ha estado suministrando bombas al país saudí durante años.

En particular, se dirigió a su colega de Asuntos Exteriores, Enzo Moavero Milanesi, para verificar el cumplimiento de la ley número 185 de 1990 que limita las exportaciones militares. Y ya se habla de una propuesta para hacer que las nuevas normas sean más estrictas.

Sin desmerecer la intervención de Trenta, que aparentemente quiere hacer que la norma sea aún más estricta, está claro que cualquiera sea la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, estamos frente al enésimo crimen. La verdad que muchos fingen no ver, escondida tras la "hoja de parra" de la burocracia legislativa, es que Italia, un país que en virtud del artículo 11 de la Constitución "rechaza la guerra", participa activamente en una de ellas vendiendo armas. Puede ser cierto que no hay embargos contra Arabia Saudita, pero la comunidad internacional debería preverlos frente al genocidio que se está llevando a cabo día tras día. ¿Cuán legítimo puede ser vender armas a un país activo en una guerra que no sólo bombardea, sino que también realiza su propio embargo en puertos yemeníes que impide la llegada de ayuda humanitaria, más que nunca indispensable en un país al borde del colapso?

En diciembre pasado, en el momento de la investigación del New York Times, el senador de M5S Roberto Cotti atacó al gobierno anterior: "La denuncia es seria, la evidencia abrumadora, la responsabilidad del gobierno italiano es muy evidente. Un Gobierno que sigue autorizando la exportación de bombas a pesar de mis denuncias, con 6 preguntas parlamentarias que no se han dignado responder para tratar de justificar lo que hacen. Un compromiso, el mío, finalmente premiado".

Casi un año después la misma protesta es tomada por Laura Boldrini, ex Presidenta de la Cámara, ahora en la oposición, quien escribe en su página de Facebook: "La Ministra Trenta solicitó información al Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero no es suficiente, debemos actuar: el gobierno debe garantizar absolutamente que no se use ningún arma producida por compañías italianas en la masacre yemení. Sobre estas cuestiones, el Parlamento italiano intervino de nuevo con la ratificación, en la última legislatura, del Tratado de Nueva York de 2013 sobre el comercio de armas. A pesar de esto, parece que la venta de armas, especialmente bombas, de Italia a Arabia Saudita continúa. ¿Qué piensa hacer el gobierno italiano frente a todo esto? ¿Qué medidas van a tomar el Ministro Moavero y el Ministro Trenta para detener este tráfico indecente?". En honor de verdad, debe recordarse que los Gobiernos del pasado no intervinieron con fuerza en la cuestión y que Boldrini no hizo declaraciones similares cuando era Presidenta de la Cámara.

Sin embargo, las preguntas son absolutamente pertinentes. ¿Qué hacen hoy los representantes gubernamentales del (no) cambio? En lugar de detener de inmediato la venta de armas por parte de las empresas estatales y las de producción privada, ganan tiempo con la enésima gambeta burocrática.

El "Informe Final del Grupo de Expertos sobre Yemen", enviado el pasado 27 de enero al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, informa que "el conflicto ha tenido  violaciones generalizadas del derecho humanitario internacional por parte de todas las partes involucradas. El Grupo ha llevado a cabo investigaciones detalladas sobre estos eventos y tiene motivos suficientes para afirmar que la coalición liderada por Arabia Saudita no cumplió con el derecho internacional humanitario en al menos 10 ataques aéreos directos sobre viviendas, mercados, fábricas y un hospital". Estos hechos son una clara violación del artículo 1 del párrafo sexto de la ley número 185 de 1990, la cual prohíbe la venta de armas a países que están en guerra en oposición a lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas y a la llamada "triangulación".

Steve Cockburn, vicedirector del programa "Cuestiones Globales" de Amnesty International, en referencia a la guerra en Yemen ha dicho claramente en los últimos meses que "los que venden armas a la coalición guiada por Arabia Saudita se arriesgan a ser recordados como cómplices de crímenes de guerra". Y a la luz de los hechos es imposible no darle la razón. El Tribunal de La Haya podría intervenir contra aquellos que favorecen tales crímenes.

E incluso la justicia italiana debería tomar medidas iniciando investigaciones contra los directores generales de las industrias privadas que producen armas y continúan vendiéndolas a pesar de la evidencia de que se utilizan de manera criminal. La Fiscalía de Brescia, en 2016, habría abierto una investigación sobre el suministro de bombas de aire a Arabia Saudita. También hay una cuestión a investigar sobre aquellos ministros que hasta ahora no han hecho nada permitiendo tales actos. La figura del delito es evidente y encuadra claramente en el crimen de lesa humanidad o en el concurso de masacre.

Un gobierno que realmente quiere proclamarse "de cambio" debería detener todas las entregas ya autorizadas, incluso arriesgándose a pagar multas millonarias. Se necesita el coraje para ir más allá de una carta o una publicación en las redes sociales. ¿No tiene este gobierno la fuerza para ir contra el lobby de las armas, de los bancos y de esos intereses de miles de millones de euros con que algunas empresas cimentan sus fortunas? Si no actúa, significará la enésima traición a esa confianza que tantos italianos depositaron en él.

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Foto © Ansa - Armas italianas en un aeropuerto de Cerdeña dirigidas a Arabia Saudita

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