Por Jean Georges Almendras-21 de setiembre de 2017
Los jóvenes mapuches siempre dijeron la verdad, los gendarmes y el gobierno mentiras y el Juez Guido Otranto cada día se aleja más de la imparcialidad y la ética
La cuerda se está tensando allá en tierras patagónicas. Así de simple. Así de real. Así de indignante ¿Por qué?. Porque los jóvenes mapuches que vivieron la represión el 1ero de agosto en Pu Lof en Resistencia, en el departamento de Cushamen, en la provincia de Chubut, siempre hablaron con la verdad y hoy esa verdad quedó demostrada, aunque igualmente es avasallada desde varios frentes. Desde el frente gubernamental, desde el frente mediático al servicio del poder y desde el frente de los partidarios de la impunidad y de la cultura de la represión. Y aunque cueste creerlo, aún con un pesado y extendido sentimiento de rechazo y de repudio social y popular hacia el Estado argentino, por todas las idas y venidas (manipulaciones mediáticas incluidas) y todas las contradicciones que han salido a luz en las investigaciones en el caso Maldonado, a cargo de un Juez Federal (doctor Guido Otranto) duramente cuestionado por la forma en que ha venido (y viene todavía) llevando las instancias judiciales, el gobierno de Macri (o lo que es decir su grotesco círculo de funcionarios de turno y el mismísimo Otranto) optó por redoblar la apuesta. Ocurre que, el día lunes 18 de setiembre, desde las primeras horas de la mañana se llevó a cabo un mega operativo policial ordenado por Otranto, con más de 300 efectivos y toda una infraestructura bélica, en la zona donde está el puesto de guardia y las viviendas de los comuneros sobre la ruta 40, pretextando la tarea de rastrillar todo el terreno y ambas márgenes del río Chubut, donde se registró la represión del 1ero de agosto. En el operativo se utilizaron incluso drones y perros entrenados, con el objetivo de hallar rastros del joven artesano Santiago Maldonado, que según el magistrado Otranto pudo haber fallecido ahogado al pretender cruzar el río cuando durante la represión huía de los uniformados junto a otros integrantes de la comunidad.
Y con esa máxima el operativo se llevó a cabo, desatándose allí un clima de tensión y de inseguridad, que incluso derivó en la detención de una integrante de la comunidad mapuche, Elisabeth Loncopan. Quienes la acompañaban dieron de inmediato el alerta al resto de la comunidad, a los medios de prensa presentes y a las organizaciones de DDHH que también se encontraban en el lugar y en las cercanías. En cuanto a la familia de Santiago Maldonado, cuando estuvo allá, le fue terminantemente prohibido su acceso a la zona, sin considerar que la familia Maldonado es querellante. En consecuencia, Sergio, el hermano de Santiago no tuvo reparo alguno de decir públicamente que no confiaba en el operativo.
El operativo de este lunes 18 de setiembre, nuevamente, marcó el perfil de la política represiva de las fuerzas del orden (o del desorden) y de las autoridades de gobierno. Una política represiva descarada: ¿Era necesario irrumpir a las seis de la mañana en los terrenos de la comunidad, sin contemplar la presencia de mujeres y niños y jóvenes aún adormilados y vulnerables por la hora temprana? ¿Era necesario hacer una demostración de fuerza, sembrando el terror entre los comuneros mapuches?¿Era necesario precintar por todo lo que demandó el operativo, a las personas y aislarlas en sus viviendas como en los tiempos de la dictadura, comportándose con prepotencia y autoritarismo ?¿Era necesario llevarse detenida a Elisabeth Loncopan, con las manos precitadas a la espalda, aduciendo que había desobedecido a la autoridad, al parecer el día 15 de setiembre en un diálogo que tuvo con el juez Otranto?
¿Era necesario remarcar la violencia policial, a mapuches y no mapuches, en un operativo amparado por la justicia o acaso el cometido del accionar de los uniformados fue otro, es decir que no tuvo nada que ver con un “rastrillaje” para buscar rastros de Santiago Maldonado, sino mas bien con la idea de hostigar y de amedrentar a la comunidad ?¿Será acaso que estos operativos, por otra parte ya recurrentes desde mucho antes que se desatara el escándalo por la desaparición forzada del artesano, no tienen otro fin que el de identificar a personas, sembrar el terror y alimentar odios hacia la comunidad mapuche con el agravante de pretender desviar la atención sobre un caso de desaparición forzada en extremo grave?¿Qué concepto de democracia, de justicia y de estado de derecho tienen el juez Guido Otranto, la fiscal Silvina Avila, los mandos de las fuerzas del orden , los integrantes del sistema político del gobierno de Macri, la señora Ministra de Seguridad Patricia Bulrich y el señor jefe de gabinete Pablo Nocetti? ¿Cuáles son los parámetros con los cuales ellos se manejan, a la vista pública y a la vista de sus votantes?¿Podrán con su conciencia?
El operativo se levanto al caer la tarde de ese lunes, dejando una estela de rabia y de estupor. Elisabeth Loncopan fue liberada tras doce horas de mantenerla precintada, primero en la casa comunitaria de Pu Lof y después en una comisaría de Esquel. Los efectivos que participaron del operativo se marcharon con la misma aparatosidad con la que ingresaron, y con el mismo asedio periodístico que los arrinconó haciéndoles preguntas relativas a su accionar. Preguntas que no tuvieron respuestas coherentes. Y poco a poco la ruta 40 a la altura del kilómetro 1840 fue despejándose y los comuneros se internaron en las viviendas.
Para ellos fue una represión más. Para el juez Otranto fue un operativo dispuesto a sus anchas. Un operativo que no le arrojó resultados. ¿Por qué? Sencillamente (y dramáticamente) porque Santiago Maldonado no está allí. Fue “chupado” el 1ero de agosto de 2017, por los represores de siempre.
Pero en los días previos a este mega operativo, en la ciudad de Esquel (distante unos casi 90 kilómetros del lugar de la Pu Lof) se vivieron situaciones no menos preocupantes e impactantes. Se registraron hechos que alteraron notoriamente la calma de la ciudad. Prácticamente la ciudad fue saturada por fuerzas policiales y en ese contexto la mayor atención de los uniformados fue la sede del juzgado federal de las calles San Martín y 25 de mayo, en pleno dentro de la ciudad. No pocas veces salió del lugar el juez Otranto, y a diferencia de lo que ocurría en los días precedentes lo hizo prácticamente blindado y por un pasillo de seguridad formado por policías. ¿El cometido? Ponerse a distancia, primero de los periodistas (y en particular de los periodistas que le formularían preguntas incómodas, molestas, para su investidura y para su persona) y segundo, de los integrantes de la comunidad mapuche, los que seguramente le iban a increpar pacíficamente no pocas negligencias en su gestión investigativa en torno al caso Maldonado.
¿Porqué un juez que se supone está para echar aguas claras sobre un hecho grave ocurrido en plena democracia, es tan soberbio y tan antipático en su relacionamiento con las organizaciones de DDHH, y con la familia Maldonado, y con la comunidad mapuche, y con la opinión pública, y con el periodismo libre?¿Por qué? A excepción del círculo del poder, del gobierno, del periodismo condicionado al poder y de lo represores, es generalizado el sentimiento o la idea de que el juez Otranto no debería estar a la cabeza de la investigación, porque es el mismo juez que dispuso la represión del 1ero de agosto. ¿Se ha visto en algún lugar semejante incongruencia?¿ Prácticamente Investigarse a sí mismo?. ¿Un juez que tiene sobre sí un tendal de incongruencias (e imparcialidades) será quien dilucidará la verdad en el caso Maldonado? Lo dudo. Y creo que no soy el único. Muchos más lo dudan.
Otranto se ha caracterizado, desde bastantes meses atrás, cuando orientó las represiones anteriores, por adoptar resoluciones y actitudes sobradas en parcialidad, destilando dudas sobre la versión de los mapuches, rechazando enérgicamente la recusación planteada por la familia de Santiago Maldonado, y por último –entre otros vicios de forma en sus actuaciones- disponiendo la realización del descomunal operativo del lunes 18 de setiembre, aferrado a la “hipótesis” de que el joven Maldonado se ahogó en el río Chubut. ¿Por qué ahora, Otranto está convencido de que Santiago Maldonado se ahogó en el río. ¿Por qué razón, ahora, a 50 días de la desaparición del artesano, Otranto se aferra a esa hipótesis, ignorando por completo (o por interés) el informe de los peritos de la prefectura del 5 de agosto, que fue claro en subrayar que era imposible que una persona se pudiera ahogar en ese tramo del río? ¿Por qué razón el juez Otranto, justo ahora se aferra a la hipótesis del ahogo de Santiago, cuando en el expediente hay un muy sobrado y nítido material testimonial, de los testigos de la comunidad mapuche y de los propios Gendarmes que participaron del operativo, que a las claras permite demostrarle, y con creces, que las contradicciones que surgieron entre los funcionarios fortalecen nítidamente la versión de los jóvenes mapuches, que nada tiene que ver con el ahogo del artesano? ¿Qué motivaciones extra expediente tiene el Juez Otranto para dibujar hipótesis que visiblemente se contradicen con los hechos? ¿Por qué razón el Juez Otranto parece ignorar o no dar por válidos los registros gráficos que se le acercaron? Parece ignorarlos y especialmente quitarles solides, cuando en realidad son por demás elocuentes. Y son una de las llaves maestras para ir a fondo en el caso. Una llave maestra que fue utilizada recién a los más de 40 días de iniciadas las investigaciones. ¿Por qué tanto demoró el juez Otranto? Pues me parece que por conveniencia. La conveniencia de inclinar la balanza a favor de la mentira. La conveniencia (suya) de que las huestes populares no apunten hacia el gobierno y de que la Gendarmería quede libre de toda sospecha. Así de simple. Así de indignante y de descarado.
No debemos olvidar, que existen filmaciones del operativo, que fueron aportadas a la justicia por los mismos uniformados que participaron en la represión (algunos son registros personales y otro es oficial). Son filmaciones de celulares de los comuneros. Son filmaciones de periodistas que estaban en la zona, aunque mantenidos distancia. Son registros gráficos, que se filtraron a la opinión pública, y que dan una idea clara de que los hechos no fueron como en un primer momento lo plantearon las autoridades y hasta la misma Patricia Burlich.
Desde el gobierno se afirmó siempre que los uniformados nunca habían llegado tan cerca del río Chubut y que nunca habían tenido contacto con los testigos. También se llego a decir que no había filmaciones de los operativos. Que no hubo disparos de escopeta y mucho menos de pistolas automáticas reglamentarias. Que no hubo comuneros detenidos o heridos. Y que no se registraron excesos en las actuaciones
Todo eso se fue desmoronando en cuestión de hace pocos días. Porque los videos y las declaraciones del mismo Juez y de algunos de los Gendarmes que hablaron con la prensa, ratificaron la versión de los mapuches que fueron reprimidos y en particular de quienes declararon como testigos del momento en que es capturado Santiago Maldonado.
Precisamente, uno de los jóvenes testigos declaró al Juez Otranto y a la Fiscal Silvina Avila, aportando su versión de los hechos. Relató cómo fue el momento en el que tuvieron que atravesar el río para escapar a la represión. Dijo que al tener que pasar por una zona más profunda en la que inevitablemente hay que nadar unos metros trató de ayudar a Santiago porque éste le dijo que no sabía nadar.
“Mientras eso sucedía los gendarmes efectuaban disparos. La acción de cruzar el río se dificultaba bastante. Entonces Santiago me dijo, siga ud peñi, no puedo más, yo me vuelvo”. Fue cuando Santiago volvió a la ribera del río y trató de meterse en un arbusto.
“Santiago se encontraba totalmente mojado. La temperatura era muy baja y el agua del río extremadamente fría. Nunca llegó a cruzar el río. Tres de ellos (los funcionarios de la Gendarmería) bajaron hasta el arbusto donde estaba Santiago gritando acá tenemos a uno”. Casi simultáneamente el testigo dice que escuchó un escopetazo. Y dice “esos tres gendarmes lo arrastraron con golpes hasta el alto de la barranca donde se encontraba el resto de los gendarmes” Ahí el testigo afirma que lo subieron a un unimog y que fue la última vez que lo vio.
Pese a lo intentos de las fuerzas gubernamentales, por liberar de responsabilidades a los represores y a los ideólogos de una cultura racista, intolerante y antidemocrática, la verdad fue saliendo a la luz pública. Y la opinión pública fue conociendo los detalles del procedimiento, a través de informes escritos y televisivos de los medios de prensa libres y no condicionados por el oficialismo. Y ahí fue posible contrarrestar el nefasto embate del terrorismo mediático, regocijado de estrechar filas con el poder (del gobierno).
Fue así que la ciudadanía ató cabos y comprobó que la comandancia de la Gendarmería de Esquel y El Bolsón mintieron descaradamente cuando dijeron a medios del grupo Clarin que el pelotón que entró en Pu Lof no llevaba pistolas 9 milímetros, que no disparó ni atacó con piedras a los manifestantes, que tampoco los alcanzó en su avanzada y que ni siquiera llegó a la margen del río Chubut.
Fue así que la ciudadanía ató cabos y comprobó que el juez Otranto y la fiscal Ávila también se suman a la descarada mentira organizada cuando a mediados de agosto dijeron que no había razones, para citar a declaración indagatoria alguna, a los integrantes de las fuerzas del orden participantes del operativo del 1ero de agosto y al jefe de Gabinete Pablo Nocetti. Precisamente Nocetti, quedó a distancia de la Justicia. Precisamente él, cuya presencia en Esquel y en la zona de la represión, en su rol de coordinador del operativo, aquel 1ero de agosto, lo compromete seriamente con los hechos. Hasta la fecha, el juez federal Guido Otranto, nunca lo interrogó ni tampoco consideró como vital su declaración. Otranto es descarado y cínico, en su accionar.
Aunque Pablo Noceti no piso el Juzgado Federal para prestar declaración sobre el caso, los mapuches lo hicieron como testigos, y los gendarmes también. Y ahí comenzaron a destaparse las mentiras. Ahí comenzaron a saltar las contradicciones. Y ahí comenzaron a sobrevenir las sorpresas. Como por ejemplo este inesperado operativo del pasado lunes 18 de setiembre. Un operativo rodeado por el halo del escándalo y donde las garantías para los mapuches residiendo en esas tierras fueron nulas. No existieron
Por ese motivo, y en virtud de tanta irregularidad (y maldad, porque en definitiva se trata de una maldad xenófoba hacia una comunidad que forma parte de un país gobernado democráticamente) los abogados Fernando Cabaleiro y Chuzo González Quintana de la organización Naturaleza de Derechos, solicitarán a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que tome los testimonio a los miembros de la Comunidad Pu Lof en Resistencia y que se les dé protección.
Una protección que no se le cumplió a otro joven allegado a los mapuches, Ariel Garzi, quien a las pocas horas de desaparecer de la Pu Lof su amigo Santiago Maldonado, lo llamó a su celular y alguien lo atendió (por 22 segundos) pero no contestó palabra alguna, llegando a escucharse únicamente pasos y el eco o el fondo de una habitación o galpón. El joven Garzi llevó este episodio a la justicia y se le prometió proteger su identidad. Esto no pasó porque la Ministra de Seguridad Patricia Bullriche en una audiencia del Senado reveló con pelos y señales la identidad del testigo protegido como así también sus testimonio, exponiéndolo groseramente. De ahí en más, el joven Garzi –que ya en enero había sido reprimido y detenido por las autoridades- vivió situaciones de amedrentamiento y hostigamiento policial que lo tienen prácticamente bajo un constante estado de nervios y con miedo.
A propósito de este testigo y en particular de lo que permitió revelar el celular de Santiago, en esos 22 segundos, el ingeniero Ariel Gargarz oportunamente realizó estudios de los posibles lugares donde usaron el teléfono un día después de lhaber sido dado como desaparecido el joven, pero la Justicia (¿el Juez Otranto?) no quiso aceptar la información.
“Tenemos información muy importante sobre la geolocalizacion. Es la punta del ovillo de la causa. Impactó en una antena de Movistar, sabemos cuál es pero se lo vamos a decir a la justicia” dijo Gargarz al diario Perfil. El ingeniero, que es un perito propuesto por la querella de la Comisión Provincial de la Memoria, también aseguró que el teléfono celular del joven Maldonado fue usado el 2 de agosto. Hay que tomar en cuenta, que en la zona de la Pul Lof, el territorio mapuche donde se vio por última vez al artesano antes del operativo de Gendarmería no capta señal de celular y que, de allí hacia el sur, las antenas más cercanas están a 80 kilómetros, en Esquel (en el aeropuerto, en la zona de esquí El Hoyo, en los suburbios y en la propia ciudad).
En un primer momento, el periodismo del lado del poder, hizo trascender la noticia de que el celular había demostrado que la llamada había sido atendida en Chile. ¿Filtraron esa noticia buscando distorsionar la verdad? Seguramente. El informe del ingeniero Gargarz, que pautaba lo contrario: que la llamada había sido atendida en Esque y en una zona de influencia, obviamente no fue considerado por el Juez Guido Otranto.
La cuerda se está tensando mal, en la Patagonia. Y le periodismo juega un rol muy importante. Tanto es así, que en los últimos días, tres gremios periodísticos (el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Asociación de Revistas Culturales e independientes y la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina) dieron a conocer una contundente declaración que pone en su justo lugar a quienes buscan distorsionar la verdad desde los sitiales de una profesión, que esencialmente es amante de la justicia, de la verdad y de la libertad.
“Ante la desaparición forzada de Santiago Maldonado repudiamos las operaciones del gobierno a través de los medios de comunicación. En momentos en el que el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado es un grito social que se escucha en todo el país, denunciamos el peligro que representa que las empresas de los medios de comunicación se conviertan en una herramienta del gobierno para montar indignantes operaciones de encubrimiento. El compromiso con la verdad y la defensa de los derechos humanos es fundamento y base de la libertad de expresión, patrimonio social que las y los trabajadores de prensa ejercemos con responsabilidad y compromiso ético. Por este compromiso es que hacemos explícito nuestro repudio a las operaciones montadas por el gobierno para encubrir las responsabilidades de funcionarios y del Estado en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Por este compromiso es que advertimos que esto no es periodismo: es difusión de mentiras destinadas a proteger el poder. Como trabajadoras y trabajadores de prensa consideramos que la información debe estar al servicio de la sociedad producida en forma independiente a los intereses del gobierno y de sus promiscuas relaciones con las empresas de medios. Sabemos que hoy no es una tarea fácil, pero sabemos también que son muchas las y los periodistas que están haciendo el esfuerzo por investigar y aportar información y que, con valentía, han dejado en claro que no son cómplices de éstas operaciones, sosteniendo en fotografías colectivas el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado y enarbolando así la dignidad del oficio periodístico. Que así sea es nuestra tarea”.
La cuerda se está tensando mal en la Patagonia. En las tierras ancestrales de las comunidades mapuches. En la Pu Lof en Resistencia, en el departamento de Cushamen, de la provincia de Chubut.
Seguiremos informando libremente sobre todos estos hechos, porque estar junto a ellos, es honrar nuestra profesión, libres. Y en eso estamos.
Y seguiremos preguntando a los poderosos ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Cuándo se hará justicia con los pueblos originarios de Argentina y de América Latina?
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*Foto de Portada: www.laizquierdadiario.com.ar
*Foto 2-3 y 4: www.laizquierdadiario.com.ar
*Foto 5: www.tn.com El Juez Otranto sale del Juzgado de Esquel fuertemente custodiado
En filas de los dirigentes mapuches, entre tanto (y aún estando preso uno de sus máximos dirigentes –Facundo Jones Huala- esperando un segundo juicio donde se decidiría su extradición a Chile) no han bajado los brazos. Mientras el lonco Facundo nos habló desde la prisión de Esquel dándonos una visión certera de su lucha y de la desaparición del artesano, otro referente de esa comunidad, Sergio Nahuelquin (a quien conocimos personalmente durante nuestra cobertura en la Patagonia) dijo públicamente a la periodista Adriana Meyer: “Para el pueblo mapuche no hay justicia desde hace mucho tiempo. Reconocemos al Estado argentino siempre y cuando respeten nuestros derechos, que están en la Constitución. No estoy mendigando derechos, tenemos que ejercerlos y eso es la recuperación territorial para autoabastecernos. El Estado no quiere reconocer la nacionalidad mapuche y la autodeterminación de los pueblos originarios, que también está en los tratados internacionales. Argentina es la elite de la elite al momento de firmar tratados, la Carta de la ONU, que son directrices para los Estados. Pero se cae a la hora del cumplimiento porque hay un vacío legal. Nos quieren seguir usando de trapo de piso, y cuando los trapos se levantan porque no quieren estar más en el piso el patrón se enoja. Siempre fuiste mi trapo de piso, por qué ahora querés ser un ser de derecho, dicen. Ahí empieza el conflicto. Acá el conflicto no mes sólo territorial, la persecución es ideológica, por eso tienen preso y van a extraditar a nuestro lonko, que es nuestra autoridad. Por eso los medios hegemónicos hacen campaña ideológica, como si fuéramos terroristas. Es una persecución ideológica y racista, el Estado argentino es pluricultural pero nadie se siente orgulloso de ser pueblo originario sino de ser europeos. Yo soy cuarta generación y ni me voy a mover de ese lugar, que respeten lo mío, que no me busquen como indio fácil”
Un episodio tan grave y tan complejo que hasta el ex juez español Baltazar Garzón (del otro lado del Atlántico) dio a conocer su opinión, sobre la desaparición forzada de Santiago. Una opinión cargada de la profesionalidad y la sensibilidad que siempre lo caracterizaron. 
Dos días antes, en fecha de conmemorarse el Día Internacional del Desaparecido (según declaración del año 2010 de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, para recordar a las víctimas de las dictaduras latinoamericanas y para promover la memoria y continuar con la búsqueda de verdad y justicia) se llevó a cabo un acto en la Sala Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional de Montevideo. Acto convocado por la organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos , en el que hicieron uso de la palabra Elena Zaffaroni, la ex jueza penal y actual presidenta del Consejo Directivo de la Institución Nacional de los Derechos Humanos Dra. Mariana Mota y el abogado y también integrante de la Institución, Wilder Tayler. En el acto, y como era de esperar, se hizo una mención muy especial al caso de desaparición forzada del joven argentino Santiago Maldonado.
Exclusiva entrevista al prisionero de un sistema que pretende callarlo y difamarlo, sin éxito
- ¿Cómo respondes a las acusaciones que hacen desde los medios de prensa, de la participación de la comunidad con el RAM, con el terrorismo? ¿Cómo respondes a todas estas acusaciones?.También te buscan desde chile para rendir cuentas frente a la justicia.
Pero en todo este contexto mediático donde las versiones fueron conformando una verdadera cadena de dudas y certezas, la opinión más significativa resultó ser la del juez federal actuante, el Dr. Guido Otranto, cuyo perfil profesional y personal es controvertido. Según radio El Mundo, el juez sostuvo que no niega ni afirma que Gendarmería tenga vinculación con la desaparición del joven, ya que aguarda los resultados de una serie de peritajes.
También la abogada dijo “que la desaparición de Santiago no está en manos de investigadores que lleven adelante una investigación independiente e imparcial. Se sigue investigando a la víctima y no a los victimarios”, puntualizando que el procedimiento llevado a cabo en los escuadrones 35 y 36 de Gendarmería (el jueves 10 de agosto) que derivó en el secuestro de cabellos y manchas de sangre no hayan sido allanamientos: “Simplemente ingresaron los perros a dos de los tres escuadrones involucrados. Ni siquiera hubo intervención en el escuadrón 34 de Bariloche. Pero además, no fueron allanamientos. Se levantaron muestras (pelos y manchas de sangre) por eso se va a Buenos Aires y lleva un tiempo”.
“Los canes adiestrados en búsqueda de personas hacen el mismo recorrido en coincidencia con el relato de los lamienes del 1ero de agosto cuando se lo llevaron a Santiago. De ninguna manera el joven artesano se hubiera ahogado cruzando el río escapando del procedimiento, por la profundidad del cauce. La correntada no se lo hubiese llevado porque hay muchas ramas. Somos los más interesados en que esta situación se aclare, porque hay demasiados indicios de cómo sucedieron las cosas y no quedan dudas del relato de la comunidad del Pu Lof. Queda que el Gobierno se haga cargo de lo que hizo. Santiago estaba en el lugar el día del operativo” dijo Andrea Millañanco.
Hemos estado en la escena misma de los hechos, allá en la zona cordillerana de la provincia de Chubut, donde la belleza geográfica cautiva el alma; hemos estado dialogando con los integrantes de la comunidad Pu Lof Cushamen; hemos sido recibidos por ellos con displicencia y con la confianza que nos otorgaron; ellos han compartido con nosotros sus luchas, sus ideas, sus pensamientos y hasta la humildad de sus viviendas y de sus costumbres; hemos sentido el frío patagónico y nos han compartido alimento y hospitalidad.
En el mismo momento, pero a unos 1.900 kilómetros de Esquel (en Buenos Aires) , en la Plaza de Mayo, una multitudinaria concentración ciudadana daba forma a una enérgica protesta que reclamó la aparición con vida del joven Santiago Maldonado, al tiempo de repudiar los hechos respecto a la persecución y la represión mapuche en El Bolsón, responsabilizando de toda la grave situación al poder del gobierno, a los poderosos del sistema financiero y en particular a la empresa Benetton. La concentración se realizó pacíficamente y tuvo gran repercusión mediática.
Hay que consignar , por último, respecto a las investigaciones, y tal como fuentes confiables consignaron a ANTIMAFUA DOS MIL, que precisamente lapso antes de la concentración en la ciudad de Esquel, se habían ya materializado las coordinaciones para concretarse sólidos avances en el proceso para efectivizar las declaraciones de los testigos presenciales a las autoridades fiscales y judiciales. Un proceso que seguramente al salir ésta nota a la opinión pública se hayan materializado íntegramente, beneficiando a la parte querellante, sobre un caso en extremo delicado y de una repercusión local, regional e internacional de gran magnitud. Trascendió además, que la Comisión para la Memoria, de la cual es titular Nora Cortiñas se habría constituido como parte querellante, en el caso.