El fiscal nacional adjunto antimafia presenta en Piazzapulita el libro El golpe de olvido, escrito con Saverio Lodato
"Las sentencias del poder judicial siempre deben respetarse, pero pueden ser criticadas. Incluso las de la Casación, que no poseen el crisma de la infalibilidad". Este es el concepto que anoche reiteró con fuerza el fiscal nacional adjunto antimafia, Nino Di Matteo, entrevistado por Luca Formigli en el programa Piazzapulita.
El ex miembro del CSM (Consejo Superior de la Magistratura), fiscal jefe del grupo de magistrados que llevaron adelante el proceso sobre la Tratativa Estado-mafia, habló así sobre el nuevo libro-entrevista (El golpe de olvido. La Tratativa Estado-mafia, el juicio que no debía hacerse, publicado por Fuoriscena-Libri Rcs) escrito con el periodista Saverio Lodato. "El examen crítico -dijo al responder al presentador Formigli- debe ser tanto más intenso cuando, como en este caso, el Tribunal de Casación, con unas pocas, muy pocas páginas de fundamentos, profundiza en el hecho, en la evaluación del hecho y desconoce las que habían sido las conclusiones plasmadas en un total de 10.000 páginas de motivaciones de los jueces de primera y segunda instancia".
En abril del año pasado, la Suprema Corte anuló sin reenvío las absoluciones de los altos oficiales del ROS de Carabineros, Mario Mori, Giuseppe De Donno y Antonio Subranni, modificando la fórmula de "el hecho no constituye delito" a "no haber cometido el hecho". Asimismo, los jueces declararon inocente a Marcello Dell'Utri "por no haber cometido el hecho", mientras que los habituales jefes mafiosos, Leoluca Bagarella y Antonino Cinà, fueron "salvados" por la prescripción.
Lo que no se quiere considerar
Además, en los fundamentos de la sentencia se hicieron desaparecer verdades irrebatibles, entre virtuosismo judicial y tecnicismos admirables.
En el análisis, Di Matteo recordó las referencias de las dos primeras sentencias en las que los jueces "nunca cuestionaron que ciertos hechos se hubieran verificado". En concreto, son tres los señalados por el fiscal: "Un diálogo a distancia entre una parte de las instituciones y el ala moderada de Cosa Nostra. En las sentencias se sostuvo que ese diálogo significaba una alianza con un enemigo, Provenzano, para derrotar a otro considerado más peligroso, Riina. En las sentencias, incluso en la absolución de los carabineros, se dijo que el hecho de no registrar el escondite de Riina había sido una señal de distensión hacia el ala negociadora de Cosa Nostra. En las sentencias se sostuvo que Provenzano fue protegido durante mucho tiempo de su fuga por representantes de las instituciones".
Un punto clave de la sentencia de Casación es precisamente la degradación del delito impugnado de "amenaza a un órgano político del Estado" a "tentativa de amenaza". Al hacerlo, los jueces supremos sostienen que la amenaza no fue percibida por las instituciones. Pero la realidad es muy diferente.
"La amenaza es un delito de peligro -reiteró Di Matteo- No es necesario que se produzca el acontecimiento que los amenazadores quieren que ocurra, basta con que el gobierno y las instituciones hayan percibido esa amenaza. ¿Cómo puede el Tribunal de Casación decir, y sin embargo lo dice, que tal cosa no ocurrió?".
Di Matteo recordó, como lo hace en el libro, el testimonio del presidente de la República Napolitano en la audiencia del 28 de octubre del 2014. Napolitano, que en el momento de las masacres era presidente de la Cámara de Diputados, afirmó ante los jueces que "todas las altas esferas de las instituciones sabían" y tenían "perfectamente claro que las bombas, las de 1993, fueron el resultado de un chantaje mafioso, de un ultimátum al Estado, para aligerar, por ejemplo, duras penas de prisión".
Cuando se le preguntó si, tras la sentencia, sentía o no que había "perdido el tiempo" en el proceso, el magistrado reiteró que siempre había cumplido con su deber, junto con sus colegas, "con la conciencia de haber hecho surgir hechos históricos, hechos que el país debe conocer" y que "la sentencia de la Casación no podrá eliminar en su existencia objetiva".
"Con las reformas actuales Falcone y Borsellino hubieran sufrido un proceso disciplinario"
Obviamente, durante el programa también se tocaron otros temas, como las continuas reformas en el ámbito de la justicia que en los últimos llevaron adelante la ex ministra, Marta Cartabia y el hoy ministro de Justicia, Carlo Nordio.
Di Matteo recordó cuando, como miembro togado del CSM, junto con el ahora fiscal adjunto de Catania, Sebastiano Ardita, fueron de los pocos que formularon críticas a la reforma de Cartabia que efectivamente amordazó a los magistrados, impidiéndoles hablar de hechos que ya no estuvieran cubiertos por el secreto. Incluso los fiscales jefes tienen posibilidades de intervención ya que "sólo pueden hablar en determinadas condiciones, por motivos excepcionales y mediante ruedas de prensa o comunicados de prensa".
Pero si por un lado hay tantas restricciones, por otro el campo quedó abierto a "abogados, imputados, sospechosos y familiares de los acusados".
Una ruptura histórica con el pasado. Baste decir que, como recordó Di Matteo, cuando "el grupo de Palermo empezó a preparar el Maxi Proceso, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino comenzaron sus declaraciones públicas, sus entrevistas, sus conferencias para explicar lo que salía de las declaraciones de Buscetta sobre la estructura de Cosa Nostra". Hoy esto ya no estaría permitido, al contrario: Paolo Borsellino y Giovanni Falcone "habrían sido sometidos a un procedimiento disciplinario", afirmó Di Matteo.
El ejemplo de Pippo Fava contra la mordaza a la prensa
Durante el episodio de Piazzapulita se recordó al periodista Giuseppe Fava, de cuyo fallecimiento este año se cumplen 40 años. Di Matteo, emocionado, quiso expresar algunas palabras: "Yo era un joven estudiante universitario de derecho y comencé a alimentar mi pasión por la antimafia, por la magistratura, por mi sueño de ser magistrado, leyendo aquella espléndida revista mensual Siciliani, que editaba Giuseppe Fava. Recuerdo sus investigaciones periodísticas, sobre los caballeros del trabajo de Catania y las relaciones entre la mafia corleonesa y partes importantes de la DC (Democracia Cristiana) siciliana, la de las relaciones cercanas de una parte de la magistratura y la mafia. Era un periodismo de investigación que se anticipaba a las investigaciones del poder judicial". Precisamente mirando ese ejemplo, según Di Matteo, "hoy este país necesita desesperadamente al periodismo de investigación, este tipo de periodismo. Entonces cuando escucho, veo y leo sobre limitaciones, chistes, mordazas al derecho a la información, me preocupa mucho desde todos los puntos de vista".
Sobre este punto, Formigli recordó que a menudo "hablamos de protecciones necesarias para las garantías de aquellos que están siendo investigados, pero que son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, y que por lo tanto no deben caer en el fango de inferencias, suposiciones, sospechas sin sentencia".
Pero al seguir esta dirección existe el riesgo, según Di Matteo, de que "lo que es un objetivo de protección de los poderosos" se haga pasar por garantismo. "Las garantías de defensa de cada sospechoso y de cada acusado son sacrosantas -dijo el fiscal nacional adjunto antimafia- deben expresarse durante el proceso. Nuestro procedimiento, tanto en la fase de investigación como en la fase cautelar, tanto en la fase de apelación de órdenes cautelares como en la fase de juicio, permite la utilización completa del derecho de defensa. Sin embargo, al ocultar ciertos hechos, que ya no están cubiertos por el secreto, y que tienen un interés público objetivo, pienso en la frecuencia de trato de un criminal con un político, o pienso en aspectos que tal vez ni siquiera tengan relevancia penal, y creo que significa privar al ciudadano del derecho y del deber de controlar las actividades de quienes lo gobiernan, de quienes administran el poder. Creo que quienes desempeñan determinados roles deben estar preparados para una total transparencia en su vida pública".
La visión global de las reformas
Para encuadrar correctamente el proceso de reformas que se están implementando, según el magistrado de Palermo todo debe analizarse de manera global y no individualmente. Ampliando el horizonte es posible constatar un hecho inquietante. "Leyendo algunos extractos, algunas partes de aquel plan de renacimiento democrático (de Licio Gelli, ndr), se encuentran las mismas cosas que son objeto de discusión hoy" sobre el tema de la reforma.
"El conjunto de estas reformas -prosiguió Di Matteo- diseña un sistema de justicia con características particulares: en tanto traza un escudo de protección para los poderosos, arma un sistema de justicia de dos velocidades, tímido y con armas descargadas hacia las manifestaciones criminales típicas de los cuellos blancos y los poderosos y una ley penal quizás excesivamente extendida y rigurosa hacia las manifestaciones típicas de la disidencia social y política o incluso las manifestaciones criminales propias de los sectores más bajos de la sociedad". "Esto me preocupa -subrayó- porque es como si el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley estuviera desapareciendo cada vez más y como si se consagrara una situación en la que se debe preservar a los poderosos, al poder establecido, por un lado mediante la limitación de la capacidad de investigación del poder judicial y, por otra parte, mediante el ocultamiento de los hechos, aunque ya no estén cubiertos por el secreto, mediante el amordazamiento de la prensa, mediante la prohibición de publicar".
"Hemos luchado contra la política del colateralismo"
Otro de los argumentos presentados por Corrado Formigli se refería a las declaraciones del vicepresidente del Consejo Superior de la Magistratura, Fabio Pinelli, sobre quien ya escribimos en un artículo anterior. Di Matteo reiteró una vez más que no comparte la "política de los salones" y el "colateralismo con el poder a través de corrientes internas, a través de consorcios, incluso a través de las elecciones de los fiscales o de los presidentes".
El caso de Ilaria Salis
Por último, el fiscal nacional adjunto antimafia también se pronunció sobre el caso de la profesora milanesa Ilaria Salis, detenida de manera indigna en Hungría y llevada ante el tribunal atada con cadenas, acusada de haber causado lesiones a militantes de extrema derecha.
Ciertamente el grado de civilización de un pueblo y la evolución de un sistema jurídico se mide en función de cómo trata a los prisioneros. Di Matteo, a este respecto, quiso recordar lo que ocurrió "en el sistema judicial húngaro, especialmente en lo que respecta al poder judicial: a partir del 2011 asistimos por primera vez a una purga repentina de decenas y decenas, tal vez cientos, de magistrados. De hoy a mañana se aprobó una ley que fijó en 62 años la edad máxima, que antes era de 70 y, de un día para otro, cientos de magistrados se vieron obligados a abandonar sus togas, luego hubo una importante reforma del Consejo Judicial Nacional, que es el equivalente de nuestro Consejo Superior de la Magistratura, cuyos poderes fueron muy limitados. Y luego ha habido una especie de jerarquización absoluta dentro del poder judicial por la cual los jueces de rango inferior deben seguir la interpretación de una norma hecha por los jueces de rango superior. Es decir, jerarquización, verticalización y limitación de la autonomía e independencia del poder judicial. Bueno, creo que quizás ciertas cosas que hemos visto pueden ser el resultado de una cultura judicial que va hacia un acercamiento del poder judicial al poder político, un sometimiento del poder judicial al poder político".
Foto de portada: reelaboración gráfica de Paolo Bassani