Se frustra el complot contra el magistrado Ardita. El juez de instrucción de Perugia cierra la investigación
En los últimos días, la jueza de instrucción de Perugia, Angela Avila, ha cerrado la investigación sobre la llamada logia Hungría. El expediente, en el que se alegaba la violación de la ley Anselmi contra nueve sospechosos, se abrió a partir de las declaraciones realizadas ante los magistrados de Milán por el exabogado de ENI (Ente Nacional de Hidrocarburos), Piero Amara. Según él, unas 90 personas, entre políticos, exministros, magistrados, miembros de la policía, empresarios y autónomos, habrían formado parte de la logia, que sería una "nueva P2".
Según el juez de instrucción, no hay pruebas de la existencia de la asociación secreta, entre otras cosas porque el propio Amara resultó ser absolutamente poco fiable a este respecto.
De hecho, sobre todo en los interrogatorios más recientes, como señalaron los propios fiscales de Perugia en la solicitud de desestimación, había modificado sus declaraciones, menospreciando los objetivos de la propia asociación.
Y si al principio la había calificado de "logia con objetivos similares a la P2", al final afirmó que lo había decepcionado, hasta el punto de que con un grupo de personas se había decidido a crear otro "centro de poder", donde intercambiar intereses.
La juez de instrucción afirma que a todos los efectos "falta la estructura organizativa de la asociación secreta" y no existe "un grupo concreto de personas asociadas entre sí, en secreto, destinadas a interferir en el funcionamiento de las instituciones públicas".
Por tanto, aquellas "iniciativas" descritas por Amara a los magistrados "no pueden atribuirse a un grupo organizado" pero siguen siendo graves cuando se trata de "conductas de mera presión o influencia llevadas a cabo de vez en cuando por sujetos individuales para lograr fines exclusivamente personales, ocasionalmente perseguidos, que consisten en una serie de iniciativas individuales destinadas a influir en el ejercicio de funciones públicas haciendo uso de una importante red de relaciones y conexiones del más alto nivel".
Y en ese contexto de intercambios de favores, "se llevó a cabo una actividad de presión o de influencia destinada a orientar las decisiones de las instituciones, en particular las del MSC".
Precisamente a la luz de estas actividades, el juez devolvió el expediente al Ministerio Fiscal, reconociendo también "puntos de investigación que pueden ser perseguidos útilmente" y circunstancias que "merecerían por sí mismas una evaluación independiente por parte de la autoridad judicial".
La resolución también se refiere a la filtración de información sobre el contenido de los informes de Amara entregados a los fiscales de Milán.
Un asunto especialmente complejo que, en nuestra opinión, podría formar parte de una conspiración destinada, seguramente, a socavar la credibilidad de los máximos responsables institucionales, desde el momento en que el jefe de Estado es quien preside el CSM (Consejo Superior de la Magistratura).
Sin embargo, se trató de una acción dirigida contra magistrados concretos: el exconsejero profesional y ahora fiscal adjunto de Catania, Sebastiano Ardita, y, aunque indirectamente, Antonino Di Matteo (hoy fiscal nacional antimafia).
Ambos, en la última etapa del CSM, se habían convertido en protagonistas del intento de dar un nuevo impulso a las actividades del Consejo, aumentando su eficiencia y transparencia, defendiendo la autonomía e independencia del poder judicial, que va más allá de la lógica actual y en defensa de los más altos valores contenidos en la Carta Constitucional.
Esta acción sucia podría haber sido llevada a cabo para influir en sus acciones dentro del CSM, pero también en su compromiso actual en un momento en el que ambos están involucrados en un trabajo para combatir a las mafias y a los poderes externos que están conectados a ellas.
Pero vayamos en orden.
La historia de la filtración de noticias involucró a varias partes.
"Pliegos anónimos" con las declaraciones de Amara a los fiscales de Milán fueron enviados a los periodistas Liana Milella y Antonio Massari, así como al magistrado Nino Di Matteo. Hasta la fecha aún no ha sido posible determinar quién envió esos documentos.
Lo cierto es que fue el propio Di Matteo, demostrando su ética y su profesionalidad, quien informó al Pleno haber recibido esos "documentos anónimos", en los que se mencionaban con certeza, de manera difamatoria, si no calumniosa, circunstancias relativas a al menos un consejero del CSM.
Al mismo tiempo, el 28 de abril del 2021, Di Matteo también comunicó que había informado previamente a la autoridad judicial de Perugia "especificando el temor de que estas declaraciones y el expediente anónimo pudieran estar relacionados con un intento de influir en la actividad del Consejo".
Para entender cómo se habían divulgado esos documentos, se abrieron múltiples investigaciones y también hubo juicios como el iniciado contra la exsecretaria de Piercamillo Davigo, Marcella Contrafatto (absuelta), o las de revelación de oficio contra los magistrados Paolo Storari (absuelto en primer y segundo grado) y el propio Davigo.
Este último fue condenado en primera instancia por el Tribunal de Brescia a un año y tres meses (pena suspendida) y el proceso de apelación está actualmente pendiente.
Seguramente habrá que esperar a los tres grados del juicio para entender si hubo responsabilidad penal en la información que dio Davigo sobre la existencia de los documentos.
Sin embargo, en el proceso de Brescia, más allá de las cuestiones penales, surgieron una serie de comportamientos graves y sensacionales a nivel ético y moral por parte del ex fiscal de Mani Pulite, precisamente contra Ardita y, en segundo lugar, también contra Di Matteo.
Basta releer los testimonios de los dos ex consejeros togados, pero también de otros, para comprender la gravedad de la situación.
Di Matteo explicó a los jueces que en las declaraciones de Amara sobre la "Logia Húngría" hubo "un intento de influir en la actividad del Consejo, de deslegitimar al Doctor Ardita pero también un intento de influir en su actividad e, indirectamente, también en la mía".
En su testimonio, el magistrado de Palermo también relató la evolución de la relación entre Davigo y Ardita, fundadores del movimiento Autonomía e Independencia, que se fue deteriorando con el tiempo, describiendo uno de los episodios claves que llevaron a la ruptura entre ambos: la polémica nominación. para la Fiscalía de Roma.
¿Es posible que el exmagistrado Piercamillo Davigo, incluso sin saberlo, haya sido utilizado por ciertos centros de poder de mentalidad refinada para atacar a Ardita?
En nuestra opinión lo es. Además, como recordó en su discurso el abogado de Ardita, Fabio Repici, se llevó a cabo una verdadera acción para "derrocar" al magistrado, eliminarlo civil y profesionalmente y al mismo tiempo desestabilizar a los órganos del poder judicial.
Un trabajo iniciado por los "cuervos" de turno, como Amara.
Vincenzo Armanna, ex director de ENI, también investigado por la fiscalía de Perugia y archivado por el juez de instrucción, lo define como "una persona muy complicada" pero también "más inteligente que el diablo". Sin embargo, en su opinión, "no es alguien que tenga una estrategia, hay otros que lo están usando para hacer alguna otra cosa". Sin embargo, cuando se le pregunta qué, dice que no tiene idea.
En nuestra opinión, los Amara de turno se han puesto a trabajar en nombre de esos grandes sistemas de poder que reúnen a las mafias, a la masonería desviada, a los servicios secretos desviados y a otros sectores desviados del Estado.
No son sólo temas abstractos, sino figuras con nombres y apellidos. Porque estamos seguros que detrás de este asunto sucio hay algún titiritero que ha movido los hilos y forma parte de ese sistema de poder.
Estas son las "mentes refinadísimas" que tienen interés en deslegitimar y desacreditar, incluso a través de la prensa del régimen, las acciones de esos magistrados, funcionarios estatales, políticos, hombres y mujeres de espalda recta que llevan años luchando contra este sistema criminal.
Y, por si fuera poco, la historia enseña que también son capaces de decretar la muerte utilizando organizaciones criminales como las mafias.
Mientras tanto, pronto podría abrirse otro capítulo sobre las declaraciones de Amara.
Bajo la acusación de haber difamado a 65 personas, entre ellas representantes del mundo de la política, de la magistratura, de las fuerzas del orden y del mundo empresario, sosteniendo que estaban afiliadas a la inexistente logia secreta, la Fiscalía de Milán ha solicitado que se abra un proceso contra el ex abogado externo de ENI y su colaborador Giuseppe Calafiore. La solicitud de acusación firmada por los fiscales Stefano Civardi y Marcello Viola acabó en la mesa del juez de instrucción Guido Salvini, que fijó la audiencia preliminar para el día 21 de septiembre.
La esperanza es que se pueda aclarar definitivamente sobre esta innoble conspiración.
Foto: Antimafia Duemila