Por Claudio Rojas, desde Chile-23 de noviembre de 2020
El 15 de noviembre de 2019, guarecidos dentro del mármol del palacio que albergó el Congreso Nacional hasta el golpe de estado de 1973, la élite política de este país, comprendió que debía ceder poder para evitar una crisis política y social y retomar un cauce institucional, en un acuerdo inédito tanto por su transversalidad como por su contenido. La mayoría de los partidos políticos firman el histórico “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, el cual fue suscrito “Con el compromiso del restablecimiento de la paz social y el orden público, así como el total respecto a los derechos humanos y la institucionalidad democrática”. Ahora bien, el subtexto detrás del acuerdo cumplió dos finalidades específicas y que, por cierto, no se explicitan en el texto mismo:
1.- Salvar al gobierno de Sebastián Piñera de sufrir el oprobioso destino de tener que renunciar y huir sufriendo el destino de otros mandatarios del continente como Fernando de la Rúa y su ya mítica imagen escapando en helicóptero desde una Casa Rosada sitiada por los manifestantes. Este escenario, inédito en la historia republicana chilena reciente, hubiera significado el desfonde final del modelo de transición, así como la generación de un vacío de poder exacerbado por el híper presidencialismo.
2.- Permitir una solución institucional al escenario de violencia social amplificado por un nivel de represión policial pocas veces visto en Chile en post dictadura, y que ostenta el triste record de más de 43 asesinados, 470 ciudadanos con pérdida de la vista, producto de balines y bombas lacrimógenas percutadas por agentes del Estado, violaciones, detenciones ilegales de más de 3.000 jóvenes; amparados jurídicamente por un estado de excepción constitucional, y políticamente por un gobierno que, hasta el día de hoy, respalda el accionar de Carabineros y Fuerzas Armadas.
Si bien el ya mencionado “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” sumado a la pandemia por Covid-19 pareciera haber dado un respiro a un gobierno, cuyo programa había terminado el 18 de octubre de 2019. Piñera comete dos errores garrafales: en primer lugar, permite que su propio conglomerado desconozca el acuerdo del 15 de noviembre, introduciendo la opción de un “rechazo” al proceso constituyente mismo, opción que es elocuentemente vencida en el plebiscito de entrada del 25 de octubre, quedando el Presidente sin piso político ni agenda.
Por otra parte, valida políticamente las causas de la crisis: esto es, la incapacidad del sistema en su conjunto de procesar la crisis de representatividad, incapaz de establecer soluciones institucionales a las demandas históricas del movimiento social.
No obstante lo anterior, la élite en consecuencia se planteó negociar una reforma constitucional al capítulo XV de la actual Carta Magna, a fin de permitir la estructuración de un calendario constituyente, que permitiera un proceso de reformas sin cambiar la Constitución o sus preceptos fundamentales. En vez de aquello, la derecha termina aceptando como nueva derrota, la incapacidad de ésta de evitar que sea la impugnación al modelo el centro de la discusión constitucional.
Algunas trampas del acuerdo:
El acuerdo no dejó establecido el número de escaños reservados para pueblos originarios. Dicha omisión, resulta en que el Estado de Chile no cumpla con el ordenamiento jurídico vigente, en virtud de lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT. La importancia de los escaños reservados también debe ser considerada a la luz de los sucesivos hechos de violencia y criminalización contra las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche, donde el enfoque del conflicto, ha sido la de una política militarizada y de orden público, sin comprender que su solución es política.
En segundo término, tampoco se encuentra resuelto la representación e incorporación de independientes en la Convención Constitucional. Actualmente se ha legislado sobre permitir la inscripción de independientes, los que deberán reunir un conjunto de firmas equivalentes al 0.4% del padrón que votó en la elección de diputados pasada, correspondiente a la circunscripción en que quieran competir.
Todo lo anterior, prueba una vez más que la élite, a pesar del claro mandato expresado en las urnas el 25 de octubre, desconoce la opinión mayoritaria que descree de los partidos tradicionales, los cuales son vistos como parte del problema que gatilla la crisis y no como un actor capaz de encauzar y dar solución tanto al proceso constituyente mismo, como a la crisis de legitimidad del sistema en su conjunto. En estos términos, la preocupación de la élite político-empresarial es cooptar la conformación de la Convención, a fin de que garantice que, a pesar de la redacción de una nueva carta fundamental, el modelo neoliberal no se vea afectado en sus cimientos.
En tercer término, no existe una regulación del funcionamiento de la Convención misma hasta el momento. Sobre esta materia la legislación sólo establece que se elegirá un Presidente o Presidenta así como un Vicepresidente o Vicepresidenta de la misma. A ello se sumará una Comisión Técnica que asesorará en la discusión y funcionamiento del ente constituyente.
En cuarto lugar, el fantasma de la división de la oposición y movimientos sociales, ronda desde el triunfo del Apruebo. Efectivamente, la falta de visión, la defensa de identidades partidistas, la mezquindad y egos, han dificultado de sobremanera el poder arribar a acuerdos que permitan plantear la viabilidad de una lista única de candidatos y candidatas a convencionales, y que permitan crear las condiciones políticas para que la derecha sea derrotada, en la conformación de la Convención Constitucional misma, única manera de dar garantías de que el nuevo texto constitucional sea fiel reflejo de los sueños y aspiraciones de las grandes mayorías.
Está en la responsabilidad, generosidad, altura de miras necesaria por parte de las grandes mayorías articuladas a partir de la opción “Apruebo”, posibilitar que por primera vez en décadas, sea el pueblo el que mande, pero para esto no basta el 79% de los votos, pues con la ley electoral actual la elección de constituyentes está secuestrada por los partidos políticos. Se necesita un importante ingrediente extra, que es la movilización. Sin presión social será imposible que se produzcan cambios. Quienes ostentan el poder hoy no harán nada, ni cederán sus privilegios; a menos que el pueblo en la calle los obligue.
Si no lo hacemos, si no hay movilización como pueblo, puede ser la mayor “farra” de nuestra historia vigente, de la que nos lamentaremos quizás por generaciones.
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*Foto de Portada: www.revoluciondemocratica.cl