DERECHOS HUMANOS

El pasado martes 3 de noviembre 2020, hemos recibido una buena noticia: ha sido absuelto de las infundadas acusaciones de las cuales era víctima. Se trata de Benjamín, menor de edad encarcelado en noviembre 2019, y que fue acusado -junto a su tío- del incendio del metro Pedreros.

La acusación contra Benjamín y su tío -Daniel Morales Muñoz (35) y su sobrino B.E.S.M. (16), quienes estuvieron privados de libertad por más de 10 meses, desde que fueron formalizados el año pasado- estaba basada en lo que resultó ser un montaje policial, al cual la Fiscalía adhirió desde un comienzo sin preocuparse de jugar su rol, es decir llevar una investigación seria y completa para -entre otras cosas- verificar si las acusaciones de la policía tenían algún fundamento o no. En el actuar de la Fiscalía primó el interés político: encontrar supuestos culpables entre la masa de jóvenes manifestantes. La Fiscalía estuvo más preocupada de satisfacer el interés político del gobierno que el interés de la Justicia. ¿Y cuál era y es el interés del gobierno? Convencer a la ciudadanía de que los manifestantes son delincuentes.

La prensa tradicional y la televisión vinieron a confirmar -en este caso y en todos los otros- que su labor sólo se limita a propagar la versión que el ejecutivo imaginó. Repitieron durante horas, días y meses el discurso de la Fiscalía y del Ministerio del Interior, divulgando sin escrúpulos las supuestas pruebas de la policía. No hubo espacio -en los medios de prensa o de audiencia nacional- ni para la familia ni para la defensa. Solo los medios alternativos se atrevieron a poner en duda la versión oficial.

Desde el principio la Fiscalía supo que Benjamín y su tío no eran los autores del incendio. Y sin embargo no quiso ir más allá, es decir hacer su trabajo. Tal como la casi totalidad del país, nos preguntamos, ¿hizo algo la Fiscalía para encontrar a los verdaderos responsables del incendio de esta estación del metro (y de todas las otras)?

¿Cómo es posible que teniendo toda la capacidad investigadora a su disposición y el poder necesario para llevar a cabo todo tipo de diligencias, teniendo acceso a los videos del metro -tan utilizados en otras causas-, no hayan encontrado nada? ¿Por negligencia? ¿Por incompetencia? ¿Alguien dio la orden de no investigar?

El caso de Benjamín aporta la prueba de que el objetivo que se busca con todos los presos de la revuelta no es otro que criminalizar la protesta. Utilizar palabras y términos que atemoricen a la población (vándalos, incendiarios, delincuentes, anarquistas, terroristas, etc.) para justificar toda esta violencia institucional, toda esta injusticia, todo este trato inhumano, toda esta persecución que ha destruido vidas, desintegrado hogares, arruinado familias. Todo ello para servir el interés político del gobierno. Aunque este último se empecine en negar que aquí hay prisión política.

A lo largo de todo el país numerosos fiscales asumen exactamente la misma actitud: avalar la versión de las policías. Aceptar como verdad lo que no es otra cosa que montaje.

Los presos de la revuelta forman parte de la hermosa y valiente juventud que desencadenó el movimiento social más amplio y potente de la historia de Chile. Aquella que se rebeló contra la violencia de la injusticia y que defendió las manifestaciones pacíficas de la brutal y sanguinaria represión desatada por el gobierno.

Todos ellos, todas ellas, que estén en prisión preventiva, en arresto domiciliario o condenados, deben ser liberados, cualesquiera sean los cargos que se les imputan.

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*Foto de Portada: www.facebook.com