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Antonella MateuA propósito de las niñas abatidas en supuesto enfrentamiento: Ejército y EPP
Por Antonella Mateu Bóveda, desde Paraguay-07 de septiembre de 2020

Mientras están en curso las investigaciones para aclarar todas las circunstancias del episodio en el cual –el pasado 2 de setiembre- dos niñas de once años (María Carmen Villalba y Lilian Mariana Villalba) fueron abatidas en un supuesto enfrentamiento entre fuerzas del ejército e integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en un campamento de la localidad de Yby Yaú departamento de Concepción, como joven reflexiono.

Veo por un lado que el presidente Mario Abdo Benítez dijo que el operativo militar fue un éxito, responsabilizando al EPP de todo lo ocurrido: “Esos criminales están cometiendo un delito al enviar a niños, a menores de edad, a confrontar con la fuerzas públicas. Es algo que condenamos y vamos a llevar a que sean sancionados, porque no corresponde. Es la posición del gobierno”.

Veo por otro lado, que los familiares de las niñas fallecidas salieron al paso echando por tierra las afirmaciones del gobierno, y que la gremial de abogados y abogadas de Argentina responsabilizó al gobierno paraguayo por la ejecución de las dos civiles asegurando que las mismas nada tenían que ver con las actividades, es más que ni siquiera existen evidencias que hayan estado en el campamento, sino por el contrario que fueron capturadas y luego asesinadas a sangre fría.

De esta manera, ante la presencia de numerosos cuestionamientos (y dudas), fue posible finalmente que las instituciones encargadas de investigar hechos punibles, como por ejemplo el Ministerio Público, tome cartas en el asunto solicitando al Juzgado Penal de Garantía la exhumación de los cuerpos para el estudio científico correspondiente que fue llevado a cabo el día sábado 5 de setiembre en horas de la mañana. Mediante la autopsia se confirmó las edades de las niñas que efectivamente no pasaban los 12 años y que recibieron varios impactos de bala con orificios de entrada y salida de atrás para adelante y de adelante para atrás.

Varias son las interrogantes que me surgen, desde mi fibra más íntima. Interrogantes que parecieran no tener respuestas. Como ser: ¿Por qué la premura para enterrarlas teniendo toda la infraestructura necesaria para una autopsia correspondiente al caso sin descuidar el protocolo sanitario? ¿Cómo no pudieron capturar al resto de los integrantes del EPP? ¿Fue por negligentes o porque nunca estuvieron cerca de dicho campamento, que más parecía un montaje improvisado? ¿Por qué negaron el acceso a la morgue durante la autopsia a la abogada Daisy Irala representante de las madres? ¿Acaso existía algo que ocultar? Y por último ¿Por qué quemaron las ropas? ¿Querían ocultar que fueron asesinadas a sangre fría?

Lo cierto y concreto es que mataron a dos niñas indefensas, que según familiares estuvieron de visita en el lugar ¿Se hará justicia por la muerte de estas inocentes?

El Estado paraguayo ha violado varios artículos de su propia Constitución, como la de velar y proteger a la sociedad, a la familia y sobre todo a niños y adolescentes, tal como se expresa en el artículo 17 y 19 del Pacto de San José de Costa Rica ratificado por nuestro país. Sin olvidarnos de nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia que establece y regula los derechos, garantías y deberes del niño y adolescente, conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño: instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos humanos.

En el artículo 4to de la Constitución Nacional reza que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley. El derecho a la vida, es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un pre requisito para disfrutar del resto de los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sostuvo que la obligación de respetar y proteger el derecho a la vida es un deber erga omnes (frente a todos), es decir, debe ser asumida por el Estado frente a la comunidad interamericana como un todo y frente a todos los individuos sujetos a su jurisdicción, como directos destinatarios de los derechos humanos reconocidos por la Convención.

¿Qué podemos esperar de un gobierno incapaz de respetar sus propias leyes? Qué podemos esperar de un presidente incompetente, sin la voluntad de adoptar las medidas necesarias para resolver aquellos problemas que podrían llegar a poner en peligro la vida de las personas? Si fue capaz de permitir que dos niñas indefensas fueran acribilladas como si fueran animales ¿Qué les espera al resto?

Como una luz de esperanza, anhelo que el gobierno asuma su posición especial de garante protector de la vida con mayor cuidado y responsabilidad, a fin de esclarecer los terribles hechos acaecidos y llegar a los culpables para que de esta manera pueda mínimamente recuperar la confianza del pueblo.

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*Foto de Portada: www.aporrea.org

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