A pesar de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de protección interpuesto por María Angélica Ojeda González, una profesora jubilada y enferma que pidió disponer de una parte de sus fondos para sanarse y evitar que le quiten su casa por una hipoteca impaga, pues su pensión no le permite pagar su dividendo y comer. Entonces corre el riesgo de perder su casa, jubilada con pensión de miseria y enferma.
El Tribunal de alzada le falló en derecho, amparado en la Constitución que defiende el derecho de propiedad, en este caso el ahorro de los trabajadores. Sin embargo no le ha sido posible conseguir nada, pues saltaron influyentes voces de empresarios que anticiparon “que la Corte Suprema debe corregir ese grueso error” (algo absolutamente inaceptable y que no resiste análisis) voces de un supra-poder que está en la práctica por sobre el derecho constitucional del uso, goce y disposición de lo propio.
Tal ha sido el robo y el aprovechamiento de la debilidad del trabajador que el gobierno ha propiciado que las empresas envíen a los trabajadores a cuarentena con suspensión temporal del trabajo, modificando la ley para que los suspendidos puedan cobrar subsidio de cesantía, de paso consumiendo su protección social ante un finiquito del trabajador por cualquier causa; para así evitar poner dinero de las arcas fiscales, pues ese está destinado solamente a apoyar a los empresarios, como por ejemplo: LATAM aerolíneas a quien el gobierno considera “estratégica”, a pesar de la decisión de la aerolínea Latam de acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, y de haber acordado en su junta anual de accionistas repartir un dividendo de US$57 millones en medio de la dura crisis que azota a la empresa.
Por eso, hemos dicho desde hace un buen rato, que en Chile vivimos una dictadura económico-militar.
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*Foto de Portada: Archivo de Unidad Social/ María Angélica Ojeda