Entre estos están comprendidos los ex militares que terminaron tras las rejas por haber secuestrado, torturado, violado y asesinado a miles de chilenos, incluidos opositores políticos y gente común en los años de la dictadura de Pinochet (1973-1990). Personajes que se han manchado por haber cometido crímenes contra la humanidad.
Pero al gobierno no parece importarle. Por el contrario, el presidente Sebastián Piñera comparte totalmente el proyecto de ley y está presionando para que el Congreso lo apruebe de una vez por todas, incluso con nuevos términos, ya que, según él, "todos tenemos derecho a una muerte digna". "A una persona condenada por abusos a los derechos humanos o delitos de cualquier naturaleza que está muriendo, que tiene unas pocas semanas de vida, creo que deberíamos darle el beneficio de morir en casa con sus seres queridos", dijo Piñera en una entrevista con la Asociación Regional de Canales de Televisión (Arcatel) informó el periódico El Mercurio.
El proyecto de ley se aplica a todas las cárceles del país, como lo especificó más tarde el presidente, especialmente a la famosa prisión de Punta Peuco, donde se detiene a la mayoría de los antiguos hombres de Pinochet que, entre otras cosas, disfrutan de todas las comodidades más allá de tener una habitación con baños y espacios privados para cada uno. Circunstancia que choca, y no poco, con las preocupaciones de contagio del gobierno.
Según el presidente del Senado chileno, Jaime Quintana, de hecho, en Punta Peuco el riesgo de contagio es casi inexistente porque los presos disfrutan de condiciones privilegiadas en comparación con las de otros presos chilenos. En el mismo sentido opina Dauno Tótoro, director de La Izquierda Diario de Chile y líder del Partido de los Trabajadores Revolucionarios. "En Punta Peuco, los detenidos no están hacinados ni en malas condiciones. Por el contrario, es una prisión de privilegio para personas que han cometido genocidios. La derecha y el gobierno quieren aprovechar el pánico para aumentar la impunidad".
Un pensamiento que es compartido por los familiares de los desaparecidos y por más del 63% de la población, como lo demuestra el estudio de la plataforma chilena CADEM. La presidenta del grupo de familiares de desaparecidos, Lorena Pizarro, expresó su indignación por la forma en que la discusión se convirtió en indulto para quienes fueron condenados por cometer crímenes atroces durante los años del régimen.
"Son personas que han violado los derechos humanos –dijo Pizarro refiriéndose a los detenidos de Punta Peuco– estamos presenciando una gran campaña política para liberarlos y la verdad nos parece una infamia sin límites. Es aberrante que traten de sacar ventajas políticas de una situación tan dramática".
"No estamos de acuerdo y no aceptaremos que sean liberados debido a la pandemia o porque sean unos pobres ancianos", agregó la presidenta de la ONG, Alicia Lira, en una entrevista dada a Radio Cooperativa. En tanto, el Tribunal de Apelación de Santiago de Chile declaró inadmisible el recurso presentado por 29 militares acusados de violar los derechos humanos, actualmente encarcelados en la prisión de Punta Peuco.
El ejército había solicitado que los soldados pudieran cumplir la sentencia bajo arresto domiciliario, utilizando la emergencia de salud como pretexto, pero los jueces dictaminaron que los militares, cuya liberación de prisión se solicita, no han sufrido ningún abuso de sus derechos constitucionales y, por lo tanto, la apelación es inadmisible.
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*Foto original de portada: © eldesconcierto.cl / Imagoeconomica
*Foto 2: Interior de la cárcel de Punta Peuco, donde están detenidos los ex oficiales del régimen chileno