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claudio rojas clPor Claudio Rojas desde Chile-18 de enero de 2020

En un marco de repudio ciudadano masivo y sin ya apenas margen de maniobra política, usar el monopolio de la violencia del Estado democrático sólo para reprimir sin las proporciones que le otorga la legalidad vigente, sólo ha perfilado un perfecto desgobierno.

Con criminalizar al movimiento social, excluir el diálogo social y apostar sólo por una represión que ha cruzado todas las líneas rojas, el huésped de la Moneda ha cavado su propia tumba: vaciándose de credibilidad y legitimidad se ha autoconvertido en un auténtico cadáver político.

En rigor, ha producido un desastre histórico por la cadena de violaciones a los DDHH, las peores desde la dictadura, que exigen total esclarecimiento, justicia y reparación a las víctimas, y que los responsables se hagan cargo de esta devastación de impunidad si no queremos definitivamente perder el rumbo.

La ceguera del poder represor del cadáver político de la Moneda, literalmente, ha mermado la visión a 360 personas, dos de ambos ojos; ha causado 33 muertos por agentes del Estado; ha generado más de 3.500 heridos y más de 30.000 detenidos; torturas; violencia sexual… En fin; otro inventario del horror administrado nuevamente por la derecha, pero ahora en “democracia”.

Las violaciones a los DDHH en “democracia” es normalizar la ilegalidad politizándola; es la fórmula política más sucia escondida en la institucionalidad democrática para desentenderse de las responsabilidades y establecer así una impunidad devastadora.

Hasta aquí, esta Administración ha sido consecuente con su receta ideológica y económica única: la negación a la distribución de la riqueza y del ingreso. Y cuanto más señales entrega en esa dirección, más retroalimenta la pérdida de control de la crisis y otorga renovados alientos a un estallido social aún más violento que harían saltar por los aires los equilibrios institucionales y crearían traumas sociales irreversibles.

La Primera Dama, Cecilia Morel, en un WhatsApp de voz filtrado a la prensa dice llena de terror y rebosante cinismo hace un par de meses: “vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”. Paradojalmente y sin proponérselo, dijo la frase del 2019, la única del desgobierno que apunta a lo que deben hacer.

El Estado chileno tiene sólo un 20% del PIB; el promedio en los países de la OCDE es 34%. Se requiere voluntad política transversal para un contrato social donde una reforma tributaria otorgue al Estado la capacidad financiera que garantice los derechos sociales básicos: salud, educación, pensiones y vivienda universales y de calidad.

A pesar de los enormes recursos que se necesitan para financiar las actuales demandas sociales, ninguno de los actores políticos y sociales que lideran la protesta, se han pronunciado por la nacionalización de la gran minería, como si nacionalización fuera una palabra prohibida o maldita, a pesar que no hay nada en la actual Constitución que se oponga a la nacionalización. Pero claro, esto no sirve a sus intereses, que no son el bien común, sino que al ser pasaportes de empresas trasnacionales a las cuales se les permite evadir impuestos, sus bolsillos engordan en forma sustantiva.

Ésta sería una posible solución a la crisis. La otra es el endeudamiento del Estado. En la más completa soledad, pisando los escombros de su coalición, este presidente de la megalomanía nacional transformado en violador de los DDHH, no hará los cambios que exige una crisis social de estas dimensiones por razones obvias, y tragicómicas: no se entera que se ha convertido en un cadáver político.

Pero podría dejar de serlo si resucita con un vuelco político antinatural que le exige un cambio de piel completo al él y a su coalición: vale decir, abrir su billetera y las de su elite, ese 1% macrobimillonario que se lleva un 57% de las ganancias totales del país, mientras el 99 % se reparte el 43%.

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