Ese temor estuvo allí presente, pero la situación no pasó a mayores y de hecho no fue más que una nueva demostración de fuerza y un amedrentamiento, seguramente con el cometido de desestabilizar psicológicamente a los nueve bolivianos alojados allí, bajo el rango de asilados políticos: unos ochos hombres y una mujer, que se encuentran distribuidos en un inmueble de tres plantas.
Oportunamente la embajadora mexicana pidió que desde el gobierno se respete la Convención de Viena. La presencia policial resulta ser mucho mayor que los asedios de las fuerzas represivas en anteriores situaciones y en otras embajadas, como por ejemplo las dictaduras de Hugo Banzer (de los años 70) y de Luis García Meza (en los años 80).
En esta oportunidad, en torno a la embajada mexicana hay tres anillos de seguridad: uno en la puerta principal del edificio, un segundo anillo (formado por retenes y vehículos sobre La Rinconada, al sur de La Paz y el tercero en la zona de los cerros existentes en los alrededores.
Constantemente se aprecian drones sobrevolando la zona y hay puestos de vigilancia en puntos estratégicos. Y la nómina de funcionarios asilados es la siguiente: Juan Ramón Quintana, Wilma Alanoca Mamani (fue Ministra de Cultura y Turismo hasta el día del golpe); Javier Zabaleta (Defensa); César Navarro (Minería y Metalurgia); Héctor Arce Zaconeta (Justicia), el vice ministro Pedro Dorado ( Desarrollo Rural); Nicolás Laguna (Director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación), el gobernador de Oruro, Víctor Vázquez y Hugo Moldiz Mercado, ex ministro de gobierno.
Los funcionarios de Evo Morales entienden que la persecución está comandada y monitoreada por la CIA, en el marco de una operación ilegal desde todo punto de vista. Cabe señalar que los funcionarios diplomáticos mexicanos viven la misma presión psicológica que los nueve asilados. Dadas las características de este episodio el gobierno mexicano solicitó salvoconductos para los asilados los que les fueron negados rotundamente.
Por otra parte, en las inmediaciones de la embajada hay un grupo de personas que apoyan al gobierno de Jeanine Añes y según dijeron a los periodistas locales y extranjeros están allí para evitar cualquier intento de fuga de los asilados. En contrario, también en las cercanías de la sede diplomática hay personas que apoyan a los ex funcionarios de Evo Morales y que viven una constante vigilia. A los primeros las fuerzas policiales no los molestan, mientras que los segundos son constantemente ultrajados por los uniformados.
Voceros de la embajada explicaron a la prensa local que si bien la presencia policial siempre estuvo allí (desde el primer día en que se ingresaron el lugar los ex funcionarios de Morales) con ánimo controlador y en actitud de amedrentamiento, en esta oportunidad el operativo dispuesto alcanzó una mayor magnitud.
Dentro de este contexto, y desde el mismo momento en que las autoridades de le sede diplomática dieron asilo a los nueve funcionarios del gobierno de Morales, las relaciones entre el gobierno golpista y el gobierno mexicano se tornaron tensas.
En tal sentido, la titular de la sede diplomática, María Teresa Mercado, debió salir de Bolivia el pasado 31 de diciembre, tras ser expulsada por el gobierno boliviano de Jeanine Añez luego de un incidente protagonizado por diplomáticos españoles en su residencia.
Bajo la denominación de “persona no grata” la embajadora Mercado no tuvo otra alternativa que retirarse del territorio boliviano después que la presidenta interina de Bolivia denunció que diplomáticos de la embajada de España, junto a personal de la seguridad propia, encapuchados y aparentemente armados llegaron sin explicaciones a la embajada mexicana, al parecer (según la versión de Jeanine Añez) con la intención de evacuar a uno de los asilados: Juan Ramón Quintana, el ex Ministro de la Presidencia , brazo derecho de Evo Morales.
El hostigamiento policial que se ha ejercido sobre la embajada de México en Bolivia ha sido denunciado públicamente inclusive por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No obstante, el asedio a la embajada se mantuvo y se fue intensificando con el correr de los días.
Por su parte, desde filas del gobierno boliviano golpista se ha dicho que los nueve asilados están acusados de actos de “sedición y terrorismo” y que son investigados por la resistencia que ofrecieron una vez que el día 10 de noviembre del pasado 2019 se exigió la dimisión de Evo Morales, por parte del ejército boliviano, lo que le obligò a retirarse del país, primero a México (que le dio asilo de inmediato) y después a la Argentina, donde actualmente se encuentra, merced a los buenos oficios del recientemente electo presidente Alberto Fernández.
En otro orden, en horas previas al tenso amedrentamiento a la embajada mexicana del pasado miércoles, se produjo el arresto del ex ministro del Interior de la administración Morales, Carlos Romero. La aprehensión (que se llevó a cabo en un centro hospitalario) fue dispuesta por la Fiscalía y Romero fue derivado a celdas judiciales tras acogerse a su derecho al silencio. Sobre este ex Ministro hay acusaciones y será en definitiva la justicia, antes del proceso en curso, la que resolverá si le otorga la libertad, o dispone su prisión preventiva o domiciliaria.
El asedio a la embajada de México en Bolivia significa que el gobierno golpista de Jeanine Añes ha quebrado toda ética de convivencia internacional; se ha reído en la cara de los acuerdos internacionales y está tensando la cuerda en el marco de una situación de extrema gravedad. Así es el comportamiento del gobierno golpista del actual gobierno boliviano después de un golpe de Estado que ha transformado ese país en un reducto de despotismo y autoritarismo, obediente a los intereses privados y al imperialismo estadounidense.
-----------------
*Fotos de Portada y 2: www.facebook.com/soypaceño2.0