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claudio rojas clPor Claudio Rojas desde Chile-26 de diciembre de 2019

Apenas comenzado el estallido social, el gobierno creyó sin entender que impidiendo el alza de los pasajes del Metro, podría contener estas movilizaciones, pero, no fue así. Dado que las movilizaciones fueron aumentando cada vez más, entonces le declaró la guerra al pueblo, diciendo….”Estamos en guerra” contra un enemigo poderoso, supuestamente del extranjero, pues ellos nunca podrían admitirse culpables de algo. Esta fue la excusa para sacar los militares a la calle y a través del miedo buscar la desmovilización de la gente. El fiscal Guerra que investiga los atentados al Metro y los más importantes ocurridos en los primeros días de movilización, dijo categóricamente que “descarta intervención extranjera en ellos”.

Llegó finalmente el día 25 de octubre de 2019, el día de la movilización más numerosa de nuestra historia, donde el gobierno reconoció 1.200.000 personas, pero había más de 2.000.000 de personas sólo acá en Santiago. En esa oportunidad el gobierno tragó saliva y dijo reconocer haber escuchado al pueblo y su mensaje, prometió abordar la agenda social y el cambio de la Constitución. Pero, en realidad siempre su apuesta fue al desgaste de la movilización en el tiempo y la represión cada vez más brutal.

Dado que la movilización persistía y con más fuerza, entonces buscó terminarla con el mal llamado “acuerdo por la paz social y nueva Constitución”.

En la instancia que se realizará mediante un plebiscito en abril del 2020, la ciudadanía deberá establecer si desea o no una nueva Constitución y mediante qué mecanismo. En este último, se debe elegir entre dos opciones: una convención constitucional compuesta en un 100% por ciudadanos elegidos para esa labor (similar a la Asamblea Constituyente) y -la otra-, una convención mixta con porcentaje de participación de parlamentarios (50%) y 50% de miembros electos para ese fin.

El plebiscito contempla que cualquier acuerdo al que llegue la instancia que se creará, requerirá el apoyo de 2/3 de sus miembros para su aprobación.

Con este acuerdo, el gobierno respiró y creyó haber paralizado las movilizaciones lo que seguía demostrando que no entendía nada de lo que es el sentir popular.

Dado que aún después de ese acuerdo entre cuatro paredes, entre los mismos que siempre han traicionado al pueblo, y sin participación de organizaciones sociales que representen a la ciudadanía, las movilizaciones continuaron, y entonces optó por llamar a las organizaciones del conglomerado “UNIDAD SOCIAL” para conversar, y supuestamente buscar acuerdos; pero era evidente que el gobierno no estaba dispuesto a ceder a las demandas del pueblo- sólo regaló unas migajas para la imagen más que nada al principio- y por otro lado, las organizaciones fueron a conversar sólo para que después no se diga que no quisieron buscar acuerdos, pero ellas sabían que el Gobierno no cedería a sus demandas. Entonces se ha configurado un cuadro donde la disociación es total, y el Gobierno, apuesta todas sus fichas al desgaste, al periodo de vacaciones y fin de año, pero por sobre todo a la represión, a pesar de los informes de laONU, del INDH, de HRW, de la CIDH y de Amnistía Internacional.

Ellos (el gobierno) que manejan los medios de comunicación masivos de TV y escritos, tienen el poder y el dinero, en consecuencia han comenzado brutales campañas de desinformación en base a engaños, mentiras, desprestigio de personas, ataque por prensa contra dirigentes sociales (a éstos últimos se les persigue, se les sigue, se les amedrenta, les violentan sus domicilios y se les amenaza de muerte) y se han propuesto disminuir las movilizaciones para “normalizar a la fuerza el país “, aunque sea violando la Constitución de Pinochet –que ellos defienden- y la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), como los contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) normas internacionales que ha suscrito el país y que tienen rango constitucional, amparándose en una norma infra legal cuál es un decreto supremo D.S.1086 dictado en 1983 - período de Dictadura militar- vale decir que está bajo la constitución; el que podría llegar a tener validez sólo si el país estuviese en un estado de excepción, como el “Estado de Sitio” que es equivalente a un estado de guerra, pero, este no es el caso.

Un gobierno con un 4 % de apoyo, se sostiene sólo por la fuerza de los Carabineros, que en este momento le golpean la mesa al Presidente, pidiéndole carta blanca para actuar y así ser más “efectivos” en su trabajo. Su Comandante en jefe, el General Mario Rozas a su vez les prometió a sus dirigidos…”que no serían perseguidos por la justicia y las instituciones de derechos humanos, y que no daría de baja a ninguno aunque se lo pidan”. Este lujo se lo dan Carabineros porque saben que ellos son la única barrera entre el pueblo y el gobierno.

Hoy, Carabineros, es la institución que goza de menor prestigio en nuestro país, no sólo por la represión, su brutalidad, los asesinatos, torturas y violaciones, sino también por los fraudes que alcanzan cifras cercanas a los US$ 80.000.000.- sin que nadie haga o diga nada.

Los más increíble de esto, es que el parlamento, que al comienzo del movimiento se quiso poner al lado del pueblo, después del 15 de Noviembre se puso al lado del gobierno, jugando un supuesto rol unificador y por la paz y el bien del país, pero lo que no saben ellos es que la historia los juzgará con la misma dureza que será juzgado el gobierno, ellos creen que no; pero ellos son parte del problema avalando al gobierno en la impunidad y la represión.

Lo que no saben ni el gobierno, ni el parlamento, ni el poder judicial, que actúan juntos de la mano contra el pueblo, es que el pueblo despertó y que las conciencias no se matan a balazos, son inmortales. Lean un poco de historia y verán que es así. Siguen sin entender…¿o es que hay algo muy grande que no quieren perder o que se sepa o se descubra…?

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*Foto de Portada: Guillermo Correa Camiroaga/ RESUMEN LATINOAMERICANO

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