Día domingo a la noche. Es 16 de junio. Un grupo de siete policías intenta allanar una vivienda en el barrio Gas del Estado, en Santiago del Estero. Una joven, madre de una niña de dos años y un bebé de un mes, percibe el operativo y decididamente, en medio de la tensa situación y de la violencia que significa una intervención policial en una vivienda (a la que se pretende ingresar porque los efectivos entienden que allí en su interior hay efectos varios producto de hurto) hace una pregunta lógica. Una pregunta legítima, aún cuando la vivienda esté bajo sospecha de ser escenario de una circunstancia de corte delictual.
-¿Orden de allanamiento la tienen? Si no la tienen no pueden entrar.
Sorpresivamente. Criminalmente. Sobrevino la respuesta. La respuesta de las fuerzas de seguridad, en el curso de un operativo que teóricamente está sujeto a protocolos de acción. Uno de los policías tomó a la joven de los cabellos y la violencia cobró mayor magnitud. Los vecinos, al ver la brutalidad del procedimiento en perjuicio de una jovencita que estaba sin armas y a merced de los policías, comenzaron a defenderla arrojándoles ladrillos a los intrusos hombres de la “ley”. De pronto, uno de ellos tomó su arma y baleó en el cráneo a la indefensa joven que únicamente le hacía una pregunta. Una pregunta que la llevó a la muerte. Después, en medio del espanto y la tensión que se desató con virulencia, en la que no estuvo ausente un visceral odio de parte de los uniformados hacia todos los presentes, a los tumbos se accionó la asistencia a la joven herida. El disparo fue certero. El proyectil del arma de reglamento utilizada interesó la región frontal de la joven madre, la que en grave estado fue trasladada a un centro hospitalario cercano. Allí estuvo internada en estado de coma. El diagnostico fue “muerte cerebral”. En las jornadas siguientes se produjo su deceso. Esto fue el martes 18 de junio. En consecuencia, el procedimiento policial se trasformó en un homicidio. Un homicidio a investigar con el obvio agravante de que las fuerzas de seguridad se verían seriamente comprometidas en los hechos.
El periodismo local informó luego que son siete los policías detenidos más el jefe de la Comisaría 5ta. También informó que el policía que efectuó el disparo mortal es el Cabo 1ero José Abraham, quien además habría confesado su accionar al Fiscal actuante.
Pero también se informó que en determinado momento de los hechos el mismo Cabo Abraham habría dicho a la hermana de la joven fallecida: “Mírame bien a la cara, yo soy el que le metió el cuetazo a tu hermana". De hecho una bravuconada. Una prepotencia que se suma a la del procedimiento en sí.
Con el correr de las horas se fueron hilvanando los hechos.
De acuerdo a lo relatado por la hermana de la fallecida a un periodista del diario santiagueño “El Liberal”: “el domingo la policía anduvo desde temprano en la zona, ya que a un vecino le habían robado una amoladora. A la noche llegaron a mi casa, ubicada en calle Teodoro Fells al 1800 y fueron atendidos por Silvia, quien les pidió que le muestren la orden de allanamiento”
Por su parte Paola Moraes, la madre de la joven, confirmó la versión de que los funcionarios la tomaron de los cabellos y que los vecinos la defendieron a ladrillazos. Asimismo, la hermana de Silvia, ratificó sin titubeos, que el policía agresor la provocó confirmándole con sus dichos que él había sido el autor del disparo.
En tanto las actuaciones judiciales están en curso, la noticia sobre los hechos en ese barrio se diseminó vertiginosamente por la provincia, por la región y por el mundo, visibilizándose una vez más que el episodio forma parte del esquema impuesto por el gobierno de Mauricio Macri, en materia de seguridad interna. Lo que pone de relieve que la doctrina Chocobar, impuesta por él mismo y por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sigue siendo el modelo adoptado para el accionar policial. Y los funcionarios lo cumplen a raja tabla. Cumplen a raja tabla el esquema de que la policía tiene carta blanca para interpretar a su manera y bajo sus parámetros, la Ley y los procedimientos a su cargo. Y al parecer sin importarles las consecuencias. Así, dentro de ese esquema se produjo la tragedia de la joven Silvia. Así, dentro de ese esquema se produjeron las otras tragedias. Las mediáticas y las menos mediáticas.
Y no se trata, como pueden suponer algunos, que oponiéndonos a esta doctrina criminal impuesta desde la Casa Rosada estamos favoreciendo a la delincuencia o restando autoridad a las fuerzas de seguridad. Nada de eso. Las fuerzas de seguridad tienen estrictos protocolos a seguir. Y nosotros les exigimos que los cumplan, literalmente. Que se manejen dentro de la Ley. Y no como ahora, que se oponen a ella.
Hoy ocurre que no se cumplen con los protocolos porque se saben impunes. Se saben protegidos en su accionar, porque desde la Casa Rosada se les permite todo: inclusive hacer caso omiso de la Ley, en el cumplimiento de sus funciones; se les permite obviar los protocolos ajustados a Derecho; y se les procura siempre justificar. Se les procura siempre encubrir. Porque la impunidad del funcionario que hace abuso de su uniforme; del funcionario que tortura; del funcionario que asesina a mansalva como a la joven madre Silvia Verónica Maldonado; del funcionario que amenaza; del funcionario que allana una vivienda en horas de la noche sin orden de allanamiento, lo hace porque sabe perfectamente que la impunidad está presente u que nace (o se fomenta y se crea) en el seno de sus mandos, y del sistema político que le da cobertura. Y hoy por hoy esos mandos tienen nombre y apellido: Mauricio Macri y Patricia Bullrich.
Ambos, son responsables ideológicos y políticos, de todas las irregularidades y corruptelas de las fuerzas de seguridad a su mando. No por casualidad hay una denuncia penal contra la Ministra Bullrich, desde la Asamblea General para los Derechos Humanos, precisamente por un plan criminal orquestado desde el gobierno para neutralizar reclamos legítimos, por ejemplo, de las comunidades mapuches, desatando situaciones trágicas y la violación de derechos humanos, cuando no discriminaciones e ilegalidades de todo tipo.
Ambos, son responsables ideológicos y políticos, de las represiones brutales que se han venido concretando en los últimos tiempos cuando se llevan adelante protestas sociales, a las cuales se les hace necesario criminalizar.
Ambos, son responsables ideológicos y políticos, de las represiones contra ciudadanos y periodistas, cuando estos trabajan informando y denunciando con sus escritos y sus registros gráficos, no solo brutalidades en los procedimientos, sino también situaciones que pueden resultar contraproducentes para las políticas de gobierno implementadas por quienes tienen entre manos los destinos del pueblo argentino.
Ambos, son responsables ideológicos y políticos, de los múltiples casos de gatillo fácil registrados en diferentes zonas del territorio argentino, siendo múltiples las circunstancias y las víctimas, siendo algunas de ellas jóvenes y hasta adolescentes, tal el caso del menor de 12 años Facundo Ferreira, muerto en una persecución en Tucumán en marzo del año pasado.
Ambos, son responsables ideológicos y políticos, de las persecuciones a los pueblos originarios (comunidades mapuches) y de los sonados casos de abuso policial con resultado de muerte, nos referimos al caso Santiago Maldonado en la Lof Cushamen, en la Provincia de Chubut y al caso Rafael Nahuel en la Lof Lafken Wimkul Mapu en, Bariloche. Por nombrar solo algunos de estos casos, porque la lista y las evidencias del “gatillo fácil” amparado desde el Ministerio de Seguridad, y desde filas judiciales son numerosas.
Ambos, son los autores responsables de un gatillo fácil criminal, que a mediados de este mes de junio cobró otra víctima: Silvia Verónica Maldonado, una joven madre. Una vida humana segada gracias a la impunidad con la que se manejan los que están al servicio del régimen autoritario de dos personajes de terror.
Dos personajes de terror (Macri-Bullrich) que son emblemas del terrorismo de Estado que hoy campea en la Argentina.
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*Foto de Portada: www.laizquierdadiario.com